¿Quién espía al presidente Peña Nieto?
Si hasta el presidente manifiesta que se siente inseguro, sería bueno que el gobierno aclare qué tan indefensos estamos el resto de los ciudadanos que no tenemos su nivel de protección.
En estos tiempos en que Estados Unidos se debate en una larga y minuciosa investigación para averiguar hasta qué punto los rusos lograron hackear las instituciones de este país e intervenir en su proceso electoral, no deja de llamar la atención la “ligereza” del comentario del presidente Peña Nieto respecto del espionaje en México.
No parece muy tranquilizante el hecho de que el primer mandatario de nuestro país diga que también recibe llamadas y mensajes cuyo origen desconoce y que se siente espiado igual que nosotros. Con razón no hemos acabado con la guerra contra el crimen organizado: si cualquiera puede intervenir el teléfono del presidente, qué no pasará con la PGR, la Policía Federal y el propio CISEN. ¿No se supone que incluso existe toda una área dedicada a combatir el crimen cibernético?
El espionaje no es nada nuevo en este país, por supuesto. Venimos de años de casos de escándalos ocasionados por grabaciones y videos, desde el “Gober Precioso”, Luis Téllez, el gobierno de Veracruz, el “señor de las ligas”, “la recaudadora”… hasta al árbitro Felipe Ramos Rizo.
Lo que desencadenó la más reciente preocupación es el reportaje de The New York Times, el cual habla del programa Pegasus, que sólo estaría disponible para gobiernos y que permite un espionaje más riguroso de los aparatos del investigado. Esto podría ser aceptable y legal en un Estado que pelea una guerra contra el narcotráfico, excepto por el hecho de que los presuntamente espiados según la publicación serían comunicadores y activistas.
En ese contexto vale la pena hacer eco del exhorto que envió el Comité de Participación Ciudadana del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción al presidente Peña Nieto, que le pide:
- Publicar los contratos celebrados por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la adquisición de los software o programas de espionaje (algunos conocidos como Pegasus).
- Dar a conocer públicamente la información que dichas dependencias obtuvieron por la utilización de esos software o programas de espionaje.
- Explicar el marco jurídico que justificó su adquisición y uso sobre comunicaciones privadas (espionaje) de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos.
- Solicitar a la PGR, así como a la Sedena y al CISEN, que investiguen a fondo si los servidores públicos de dichas dependencias incurrieron en hechos de corrupción, en virtud de:
– Intervenir comunicaciones privadas de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, así como de sus familiares. – Utilizar esas intervenciones como mecanismo de intimidación a su persona y familias.
El Comité de Participación Ciudadana aclara que estas acciones pudieran estar relacionadas por lo menos con los delitos de Ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado. Eso por el lado de la corrupción.
Por el lado de la seguridad, realmente sería bueno que el gobierno aclare qué tan indefensos estamos el resto de los mortales si, por ejemplo, un gobierno extranjero o el crimen organizado recurren a este tipo de herramientas para espiarnos. Si partimos de que nunca, jamás se ha castigado a quienes graban conversaciones telefónicas (lo cual sigue siendo un delito), ¿quién puede evitar que nos espíen a todos, hasta al presidente?
Nota del editor: Este texto refleja la opinión del autor y no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
