México

¿Es constitucional el Plan Nacional de Seguridad de AMLO?

Tal y como está redactado, el documento de seguridad plantea militarizar al país, negociar con la delincuencia y alterar la autonomía de los estados

15-11-2018, 9:09:36 AM
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El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contiene disposiciones que pueden considerarse trasgresoras de la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la participación de militares en labores de seguridad pública e investigación de delitos, tanto federales, como del fuero común.

El documento en el que se detalla el plan también considera la posibilidad de negociar con las organizaciones delictivas, e incluso delinea cuatro alternativas que se ofrecerían a los malhechores para que dejen de delinquir, bajo la premisa de que un proceso similar fue observado el siglo pasado en Estados Unidos.

Militarización de la seguridad

El proyecto prevé la militarización de la seguridad pública en todo el país, a través de una Guardia Nacional integrada por elementos de la Marina y del Ejército, cuyo mando operativo estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual violenta el artículo 129 de la Constitución que establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

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Tal y como está concebida en el plan, la Guardia Nacional realizaría actividades de “prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público, y aportación de las pruebas exigidas por la ley”, es decir tendría facultades que son exclusivas de las policías preventivas, ministeriales e investigadoras, trasgrediendo los artículos 21 y 102 de la Carta Magna.

Estos numerales de nuestro texto fundamental expresan que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”, figuras que no contemplan la participación de personal castrense.

Violación del pacto federal

El Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador prevé la creación de 266 regiones en las que actuará la Guardia Nacional.

En esas regiones, en los estados, y en la capital del país, “tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad pública”.

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El documento en el que se detalla el plan también considera la posibilidad de negociar con las organizaciones delictivas.

Esta coordinación, tal y como se esboza en el proyecto, altera el pacto federal y la autonomía de los estados, la cual se encuentra normada en los artículos 40 y 41 de la Constitución.

De hecho, dentro de los “lineamientos de operación” de la propuesta, se detalla que “se reafirmará el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio” (sic).

Salvo el tráfico de personas y de armas, todos los delitos mencionados son del fuero común, es decir, su persecución corresponde de manera exclusiva a las autoridades estatales, por lo que la intervención tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana altera el marco constitucional del federalismo mexicano.

En ninguna de las 22 páginas del documento se menciona algún fundamento legal, lo que acentúa los errores como los que mencionamos líneas arriba en torno a los delitos del fuero común. Si se supone que el plan pretende delinear la política de seguridad pública a cargo del Ejecutivo federal, sorprende que no se hayan considerado las facultades que la Constitución le otorga a este, en oposición a las que están destinadas exclusivamente a los estados y municipios.

Negociación con la delincuencia

En el apartado seis del plan, denominado “emprender la construcción de la paz”, se reconoce “la imposibilidad de derrotar (a) las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares”.

De hecho se dice textualmente que, “frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos”, resulta imperativo “considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas”.

La violencia delincuencial que padece el país se esboza en el texto como si se tratara de un conflicto bélico interno, por lo que “para poner fin a las confrontaciones armadas, y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores”, se propone crear leyes especiales que garanticen los derechos de los delincuentes, y les ofrezcan “reducciones de penas e incluso amnistías”.

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Los detalles de esta propuesta se encuentran en el subapartado “procesos de desmovilización, desarme y reinserción”, en el que se asevera que “el callejón sin salida de la violencia, obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”.

Considerando que en México los grupos delictivos tienen “poder de fuego, y control territorial equiparables” a movimientos insurgentes, se proyectan cuatro ofrecimientos para los criminales: “Un aumento en la esperanza de vida”, pues como aquellos “suelen morir jóvenes y de manera violenta”, ensanchar su existencia “resulta una posibilidad que casi todo el mundo ambiciona”.

En segundo lugar se les propondría “la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos”, siguiéndole la alternativa para que “encabecen negocios legales y regulares”. El cuarto ofrecimiento es permitirles “alcanzar respetabilidad social”.

La justificación para que el Estado mexicano renuncie a sus potestades punitivas, que se establecen en los artículos 17 y 18 de la Constitución, es que esta fue “la manera en la que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades”.

“De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”, remata la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

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