México

El muerto que revivió para solicitar despensas en San Luis Potosí

Los 27 legisladores de los nueve partidos que integran el Congreso de San Luis Potosí han participado en un esquema mediante el que se han desviado al menos 43 mdp.

27-06-2018, 8:25:48 AM
despensas san luis potosí

Nota del editor: Este reportaje fue realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y publicado por Alto Nivel con la autorización de la organización.

La madrugada del sábado 8 de octubre de 2016, el campesino José Santos Jiménez Guevara falleció en una humilde casa del ejido 20 de noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz. Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos.

A los 45 días de haber fallecido, don José Santos “revivió” o lo revivieron para transar a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.

El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca. El difunto -faltaba más- agradeció tan generoso obsequio de los diputados, con la siguiente carta, a nombre de sus paisanos:

Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Presente

Los saludamos afectuosamente agradeciéndoles su apoyo con despensas que entregaremos a familias de escasos recursos de nuestra comunidad y comunidades aledañas del ejido 20 de noviembre, en nuestro municipio de Ébano, San Luis Potosí, la cual (sic) podremos brindar alegría a nuestras familias.

ATENTAMENTE

Santos Jiménez Guevara

En la carta de agradecimiento se falsificó la firma de don José Santos; fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido. Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.

Una práctica recurrente

El caso aquí relatado es apenas un botón de muestra de una práctica generalizada en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear millones de pesos de recursos públicos con el uso de decenas de empresas fantasma y el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que 51 proveedores presuntamente fantasma han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí, y en las operaciones están involucrados diputados locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano y del partido local Conciencia Popular, así como personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos. A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.

“Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses”.

“Están ligados y coludidos todos los partidos. Ahí sí no hay distingo de colores, de ideologías, ahí los une el abuso, el fraude, la corrupción, el uso de empresas fantasma”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como “El Honorable Gremio del Fraude”.

Según esta organización, tan sólo 7 empresas fantasma han recibido del Congreso de San Luis Potosí 25 millones 175 mil pesos para facturar supuestas ayudas sociales. Lupita Vera, activista e investigadora de Ciudadanos Observando desde hace tres años, relató que han detectado que algunas de estas empresas cobran una comisión de 8% por emitir o vender facturas por servicios inexistentes.

En el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.

De los 48 proveedores presuntamente fantasma identificados en esta investigación, la mayoría son de San Luis Potosí, aunque también hay dos empresas de Oaxaca, dos de Aguascalientes, una de Querétaro, una de Guanajuato y otra del Estado de México.

Aunque de manera aislada habían sido publicadas algunas notas sobre algunos de los casos de legisladores utilizando estas empresas, en este reportaje por primera vez se exhibe el alcance del mismo, tanto en los montos que involucra como en que están involucrados todos los diputados potosinos, ocho de los cuales buscarán el 1 de julio saltar a otros cargos de elección popular. Los priístas Martha Orta, José Luis Romero Calzada y Óscar Bautista, así como los panistas Jorge Díaz Salinas y Josefina Salazar son candidatos a una diputación federal; Rebeca Terán, del PRI, aspira a convertirse en senadora y Héctor Meraz, del PAN, y Alejandro Segovia, del PVEM, buscan la alcaldía de sus lugares de origen (Tanquián y Matehuala).

Robo de identidad

Rosa Valdez Vega, habitante de la comunidad El Barril, se mostró sorprendida cuando se enteró que aparece en el listado de beneficiarios del Congreso del Estado.

-¿Sabía que le dieron 26 mil pesos en despensas?

-¡Noooo!

-¿Sabía que tiene un apoyo del diputado José Luis Romero Calzada?

-¡Ni lo conozco!

Idéntica sorpresa evidenció Alicia Ruedas Ortiz cuando supo que el mismo legislador supuestamente le había regalado dinero.

-Aquí dice que recibió 21 mil 720 pesos para material de construcción.

-¡No! –soltó con una sonrisa de incredulidad y repitió convencida: “No, no”.

Al señor Rogelio Guerra Ortiz también le robaron la identidad, para un falso apoyo para vivienda de 52 mil pesos.

“No recibimos nada, aquí con nosotros no llegó ni un centavo”, aseguró. “Nosotros aparecimos como beneficiarios sin saber”.

Lo mismo le ocurrió a Marta Cardona Núñez, quien aparece en el padrón de beneficiarios del Congreso con un apoyo de 50 mil pesos para mejorar su vivienda.

Que me explique alguien el paradero del apoyo que nos mandaron, porque no lo he recibido”.

Ernestina Muñoz Hernández reconoció que una vez acudió al Congreso a pedir ayuda, pero que nunca le dieron un peso, aunque en el padrón de beneficiarios aparece que recibió 22 mil 470 pesos. “Yo no lo he visto, ni me han dado nada”.

En diciembre de 2016, Vania Eliza García Loredo también acudió al Congreso a pedir ayuda para sus estudios, para lo cual entregó una copia de su credencial de elector. En aquel entonces, la diputada Dulcelina Sánchez, del PRD, accedió a apoyarla con 500 pesos.

Sin embargo, a los dos meses, se enteró que había sido utilizado su nombre para la supuesta compra de 52 mil pesos de juguetes. Para tramitar el pago de la factura, falsificaron su firma.

Otra mujer solicitó 12 mil pesos para trasladar el cadáver de su hijo de Tamaulipas, pero los diputados le respondieron que no había dinero. Al paso de los días, se enteró que aparecía en la lista de falsos beneficiarios con 38 mil pesos para material para construcción.

En todos los casos descritos, las víctimas decidieron denunciar penalmente a los diputados involucrados por haberles robado su identidad.

“Hemos llegado a la conclusión de que hay todo un modus operandi donde los diputados utilizan datos personales de personas para gestionar recursos, estas gestiones se realizan ante la Junta de Coordinación Política que es donde están representadas todas las fuerzas políticas de San Luis Potosí y ellos también incurren en una complicidad”, sostiene el abogado Reyes Medrano, quien ha promovido 8 denuncias contra los legisladores.

La red fantasma

Los 48 proveedores fantasma que ha contratado el Congreso de San Luis Potosí han sido utilizados, sobre todo, para simular la entrega de apoyos a comunidades rurales y colonias pobres.

Un caso que ilustra lo anterior es el de Lucía Frausto Reséndiz, vecina del poblado de Salinas de Hidalgo, en el altiplano potosino, a quien supuestamente la empresa Sistema de Comercialización Nava SA de CV le entregó despensas por 43 mil 919 pesos para repartir con sus vecinos, por gestión del diputado José Luis Romero Calzada.

Según consta en el cheque 64822 de Banorte, emitido por el Congreso, las despensas fueron pagadas el 8 de diciembre de 2016, aunque Lucía negó haber recibido ese apoyo y promovió una denuncia penal por robo de identidad.

La empresa que simuló el reparto de las despensas fue incluida en noviembre de 2017 en la lista negra del SAT, por presuntas operaciones inexistentes, y junto con otras siete compañías ligadas, con las que comparte socios, apoderados o domicilios, han recibido contratos del Congreso del Estado por 8 millones 274 mil pesos.

En las facturas emitidas al Congreso aparece como domicilio fiscal un local en el que en realidad funciona una escuela de manejo.

Otro ejemplo es el de Alejandro Alvarado Reyna, habitante de la comunidad La Palma, en Salinas de Hidalgo, quien aparece en el listado de beneficiarios del Congreso con 650 despensas con valor de 94 mil 543 pesos, gestionadas por el diputado Fernando Chávez Méndez, aunque él negó ante el Ministerio Público haber recibido ese apoyo.

A su vecino Birzavit Galindo Martínez también le robaron la identidad para simular el reparto de otras 100 despensas con valor de 10 mil 788 pesos.

Las despensas fueron pagadas con los cheques 62423, 64806 y 64807 de Banorte a favor de Comercializadora Delger y Comercial Avidro SA de CV, empresas ligadas entre sí (comparten comisario y los socios son hermanos), y que forma parte de la red fantasma.

En conjunto, ambas han cobrado en el Congreso potosino 10 millones 299 mil pesos, y sus domicilios fiscales corresponden a un local abandonado (en el caso de Delger) y a una casa de interés social (en el caso de Avidro), cuyos habitantes niegan cualquier vínculo con las mencionadas empresas a nombre de Triana Villela López, vecina del pueblo de Tierra Nueva, al sur de San Luis Potosí, el diputado Mariano Niño gestionó tres falsos apoyos por 133 mil 576 pesos para repartir despensas y material de construcción en la comunidad Salitre Grande.

En uno de los pagos, por 37 mil 994 pesos, la empresa que emitió la factura es Comercializadora Ismalog, también integrante de la red, y que ha facturado medicinas controladas al Gobierno del Estado. Su domicilio fiscal corresponde a una casa deteriorada de un piso en una colonia ubicada en la periferia de San Luis, que nunca ha albergado una empresa.

El pago de otras cuatro facturas, por 114 mil pesos por supuestos apoyos de material para construcción a favor de familias pobres, fueron autorizadas el 18 de noviembre de 2017 por los legisladores de la Junta de Coordinación Política, a favor de Construcciones Horizontales del Potosí.

La citada empresa aportó como su domicilio fiscal la finca marcada con el número 100 en la calle Zamarripa, en pleno Centro de San Luis. Pero resulta que esa dirección corresponde a una casa, cuyo dueño tiene más de 60 años de vivir ahí.

-¿Aquí nunca ha sido una empresa? –se le preguntó.

-No, nunca, desde que me cambié aquí, cuando tenía 11 o 12 años y ya tengo… ¡un chorro!–respondió un hombre de unos 70 años de edad, que se asomó por una ventanita del segundo piso de la casa.

Comprueban gastos con fantasmas

Las facturas emitidas por la red fantasma también han servido para comprobar gastos de los diputados, según ha documentado la organización Ciudadanos Observando.

Por ejemplo, las empresas vinculadas Avidro y Delger fueron usadas por los diputados Fernando Sánchez, Óscar Bautista, José Luis Romero Calzada, Martha Orta y Rebeca Terán, del PRI; Enrique Flores, Xitlálic Sánchez y Josefina Salazar del PAN; Ricardo García Melo, de Nueva Alianza y José Guadalupe Torres, del PRD.

Los legisladores Jesús Cardona Mireles de Morena y José Belmárez del PT han gestionado pago de facturas para Grupo Zement y Comercializadora y Distribuidora del Potosí LUSA, que han compartido domicilio fiscal en una casa en la colonia popular El Cortijo, en la cual nunca ha funcionado un negocio.

El perredista Sergio Desfassiux y la priísta Esther Angélica Martínez han recurrido a A&M Proveedora de Insumos, cuya dirección fiscal es una casa abandonada, en obra negra, que hasta hace poco tenía sellos de clausura. Pese a las evidencias de que se trata de una empresa de operaciones simuladas, el Congreso le ha pagado 4 millones 558 mil pesos.

Desfassiux ha usado, además, al Grupo Gahe de San Luis SA de CV para justificar apoyos legislativos, como reparto de dulces, adquisición de computadoras y supuestas asesorías. La dirección fiscal corresponde a un local vacío en la colonia Morales.

José Guadalupe Torres, del PRD, gestionó facturas de Distribuidora de Alimentos Mafe, cuyo domicilio fiscal corresponde a una lavandería.

Sistema de Comercialización Nava –fichada por el SAT- y tres empresas vinculadas, han sido utilizadas por cuatro diputados del PRI, cuatro del PAN, uno del PVEM y una del PRD.

El priísta José Luis Romero Calzada es el que más recurrido a la red fantasma, pues ha utilizado por lo menos cinco empresas cuyos domicilios fiscales no albergan ningún establecimiento mercantil.

Angélica Martínez, diputada del PRI, tramitó pagos para la empresa Alianza Comercial Marshal, ubicada en Aguascalientes, la cual simuló la venta de arena y otros materiales para construcción. El domicilio fiscal es una casa y nunca ha funcionado como negocio.

Uno de los socios de la empresa es Evel Marinho Sepúlveda Velázquez, quien aparece en la lista negra del SAT como sospechoso de simulación de operaciones comerciales. Entre los proveedores del Congreso hay más que han sido boletinados por el SAT como presuntas empresas fantasma. Es el caso de Abdon y Compañía SA de CV, inscrita en Querétaro, pero con socios de Aguascalientes; Infrakorny y Servicios Especiales La Comercial, con sede en los pueblos de Tlacolula de Matamoros y Villa de Zaachila, en la zona central de Oaxaca.

Abdon e Infrakorny cobraron 150 mil pesos por supuesta capacitación de los diputados, mientras que La Comercial cobró 75 mil pesos, por gestión del diputado perredista Desfassiux, por apoyo en su segundo informe legislativo.

Venta de facturas

Los legisladores también han justificado gastos con comprobantes fiscales emitidos por personas físicas que no sustentan ninguna actividad comercial o de servicios.

Es el caso de Adriana Angélica Peredo Gómez, quien emitió entre octubre y noviembre de 2015 facturas para justificar apoyos legislativos de los diputados del PAN Josefina Salazar, Héctor Mendizábal, Héctor Meraz, Enrique Flores y Mariano Niño por 479 mil 136 pesos. Los legisladores argumentaron que la persona que expidió los comprobantes fiscales les había hecho trabajos de mensajería y gestiones, lo cual fue desmentido por la falsa proveedora, quien al final canceló las facturas, pese a que ya habían sido ingresadas al Congreso.

Una persona que se identificó como el esposo de la falsa proveedora admitió que se dedicaban a vender facturas a cambio de una comisión, y que era común que acudieran diputados a solicitar los comprobantes.

Este caso ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la organización Ciudadanos Observando, por posible evasión y defraudación fiscal. “Según lo referido por los testigos, la supuesta proveedora del Congreso se dedica a ‘vender’ facturas, lo cual es un indicio de una posible omisión del pago de las contribuciones”, advierte la denuncia, de la que MCCI tiene copia.

Hay más operaciones sospechosas con otras personas físicas.

La diputada perredista Graciela Gaitán tramitó el pago de más de 270 mil pesos a Francisco Javier Acosta Ceja, por la venta de tamales y material de construcción, pero el domicilio fiscal que aportó en las facturas, en la colonia popular Lomas del Mezquital, corresponde a una casa desocupada.

Angélica Martínez, del PRI, está involucrada en gestiones a favor de Milton Carlos Paulín Zárate, un proveedor que en sus facturas aportó un domicilio inexistente en el poblado El Naranjo, para cobrar 252 mil pesos en material para construcción.

Posible peculado

Algunos cheques para cubrir las facturas de los proveedores fantasma han sido emitidos a nombre de los diputados, con lo que podrían haber incurrido en el delito de peculado, aseguró el abogado Reyes Medrano.

Por ejemplo, el diputado Romero Calzada recibió el cheque 67916 de Banorte por 21 mil 720 pesos que correspondía al pago a la empresa Smart Moon por el suministro de material de construcción, según consta en la respuesta a una solicitud de información al Congreso. El material iba a ser para una mujer de la comunidad Los Hernández, en Villa de Ramos, pero la supuesta beneficiaria desmintió haber recibido el apoyo.

Es decir, el diputado recibió el cheque de un servicio inexistente.

En la factura que amparó el pago aparece que la dirección fiscal de Smart Moon está en una casa de la colonia Jardín, de San Luis, en donde una mujer informó a activistas de Ciudadanos Observando que en ese domicilio sólo está la empresa de outsourcing Servicios Profesionales Administrativos y Contables, la cual ofrece la opción de facturar diversos servicios a cambio de una comisión del 8%.

Estas características se replican en prácticamente todas las empresas de la red.

Los prestanombres

Los supuestos dueños de Comercializadora Delger, la mayor proveedora de la red fantasma, con contratos por 5.1 millones en el Congreso, son dos vecinos del barrio de Santiago, en San Luis Potosí. Viven a una cuadra de distancia uno de otro, pero nadie en su familia los identifica como empresarios.

La empresa fue creada en octubre de 2012 con el principal objeto de “realizar proyectos de toda clase de ingeniería”, aunque Delger funciona como “todóloga”, pues le ha facturado al Congreso cobijas, despensas y material de construcción.

En 2011, un año antes de crearse la empresa, los socios le habían cobrado 180 mil pesos al Municipio de San Luis por realizar estudios de marginación y pobreza, sobre calidad del aire, turismo y reciclaje de basura, pese a que no son especialistas en ninguna de esas disciplinas.

Sus humildes viviendas –una de ellas a medio construir- contrastan con los millonarios ingresos que ha obtenido en años recientes la empresa en la que supuestamente son socios. Algo parecido ocurre con los socios de Comercial Avidro, una empresa ligada a Delger. Pese a que la empresa le ha facturado al Congreso 5 millones de pesos, el administrador único y supuesto dueño tiene su domicilio en una pequeña casa de la calle Pedro Montoya, en el barrio de Santiago.

En una primera visita a la casa, un familiar dijo que el dueño de la empresa en realidad trabajaba en un bar ubicado cerca del Centro de San Luis. Luego, en otra visita, una señora que atendió al reportero dijo en ese lugar no vivía el socio o administrador de ninguna empresa.

El dueño de Grupo Gahe tiene su domicilio en un departamento de la unidad Infonavit Laureles de San Luis; los socios de Infrakorny residen en colonias marginadas de Naucalpan y de Texcoco, en el Estado de México, mientras que los de Comercializadora Zárate viven en un fraccionamiento popular a las orillas de Gómez Palacios, Durango, aunque la ubicación de la empresa está en Cuautitlán.

Estas características se replican en prácticamente todas las empresas de la red.

También el vigilante se corrompe

La Auditoría Superior del Estado (ASE), el órgano responsable de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos y de sancionar actos de corrupción, también recurrió a la simulación de operaciones con empresas fantasma.

En diciembre de 2016, una persona residente en Aguascalientes, de nombre Benjamín Lozano Canseco, emitió una factura a la Auditoría por 600 mil pesos para servir una cena navideña para 100 personas (50 adultos y 50 niños). El servicio incluía renta e instalación de mobiliario, equipo de sonido e iluminación, un grupo de música versátil, un mariachi, mesa de regalos para rifar cinco minicomponentes, cinco pantallas planas, 10 tostadores eléctricos, 10 sandwicheras, 10 cafeteras y 10 tabletas. Para la ambientación, a la hora de bailar se repartirían globos, sombreros, corbatas y diademas.

Por si fuera poco, para los niños habría un show de payasos, un trampolín, un inflable, pintacaritas y mesa de dulces.

Sin embargo, la fiesta resultó una simulación. Nunca se efectuó, pero sí se pagó por el servicio al falso proveedor.

En la factura que emitió a la ASE, Benjamín Lozano dio como su domicilio fiscal la casa marcada con el número 709 de la calle Los Arcos, en Aguascalientes, pero en ese sitio no lo conocen ni ofrecen ningún tipo de servicios de organización de fiestas.

Es, en síntesis, un proveedor fantasma.

Este no es el único caso en que se ha involucrado al órgano de fiscalización en actos de corrupción.

El 12 de junio de 2017, el diario Pulso difundió un video en el que el diputado panista Enrique Alejandro Flores y el alcalde El Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, hablan de cómo limpiar observaciones por 40 millones de pesos, con el auxilio de funcionarios de la Auditoría.

“Pero ellos sí te van a pedir lana para que no debas ni nada, por dejarte limpio, que no debas nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: que pase por lo menos el diez por ciento de lo que debe”, se escucha en el video.

En entrevista, la auditora Rocío Cervantes Salgado reconoció que la imagen de la institución está muy dañada por este involucramiento en actos de corrupción, y por ello han aplicado controles internos más estrictos y han cesado a trabajadores.

“No estamos bien, porque todavía nos falta, pero estamos trabajando para que tengamos un órgano de fiscalización fuerte”.

Informó que presentaron denuncias penales tanto por el caso de la fiesta fantasma como por el video que exhibía la corrupción de auditores, pero un año después no se ha concluido la investigación.

Actualmente la ASE tiene en curso una auditoría sobre los pagos realizados por el Congreso a empresas presuntamente fantasma, y se prevé que los resultados se entreguen en agosto.

Lee el reportaje original en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

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