México

¿El equipo de transición puede suspender convocatorias del Conacyt?

La futura titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, desató polémica tras la publicación del oficio en el que prentende suspender las convocatorias abiertas para no afectar el presupuesto del 2019

04-10-2018, 1:22:59 PM
edificio del conacyt

El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no tiene facultades jurídicas para pedir que se suspendan programas o convocatorias, incluso si estas implican la erogación de recursos públicos a ejercerse en 2019, cuando la actual administración ya haya concluido.

Por ende, el oficio signado por la académica María Elena Álvarez-Buylla, propuesta para ocupar la titularidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que solicita se “suspenda toda convocatoria abierta (…) que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes” no tiene ninguna validez legal, y de hecho muestra que la investigadora no está siendo asesorada adecuadamente.

Principio de legalidad

El documento emitido por Álvarez-Buylla, que fue filtrado a la prensa esta semana, está dirigido al actual director del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, e incluye como fundamento para la petición “el artículo 61 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega recepción”.

De entrada, la académica comete un error al citar que esos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2017, cuando en realidad la publicación es del 24 de julio del año pasado.

Adicionalmente, el artículo 61 del Acuerdo al que hace referencia, y con el que se pretende fundamentar el oficio, versa sobre la transparencia del periodo de transición, al establecer que los actuales funcionarios “facilitarán el acceso a la información de los procesos de entrega-recepción institucionales” a la administración entrante.

Es decir, el artículo citado por María Elena Álvarez-Buylla no la faculta para pedir al titular del Conacyt la suspensión de ningún programa o convocatoria, en realidad ese numeral solo obliga a Cabrero Mendoza a proporcionar la información del estado actual de la dependencia.

De hecho, ningún artículo del Acuerdo mencionado le otorga facultades ejecutivas al equipo de transición, pues ello implicaría transgredir la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues los integrantes del próximo gabinete de López Obrador aun no son funcionarios.

Justo esto es lo que respondió el mismo Conacyt en un comunicado, aclarando de manera implícita, que la petición de la próxima directora del Conacyt no será tomada en cuenta, pues “las convocatorias en proceso seguirán adelante”.

Petición constitucional

La polémica desatada tras la publicación del oficio tiene dos vertientes: la ilegalidad de la filtración del documento, y la responsabilidad de la próxima titular del Conacyt que, como futura funcionaria, no está observando lo que marca la ley.

Si bien, podría interpretarse que la académica María Elena Álvarez-Buylla ejerció, como cualquier ciudadana, su derecho constitucional de petición, contemplado en el artículo 8 de nuestra carta magna, no debemos soslayar que el oficio que lleva su firma no se fundamenta en ese numeral.

Los errores de forma y fondo que muestra el documento son comprensibles en un ciudadano común que se dirige a la autoridad, pero no para quien –se supone- en menos de dos meses estará a cargo de una institución del Estado mexicano.

No obstante, haciendo válida la interpretación más favorable, al no tener facultades ejecutivas, la petición de la investigadora puede ser respondida por el titular del Conacyt con base en el segundo párrafo del artículo constitucional ya citado, que establece que “a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve al peticionario”.

Según el comunicado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esto último ya se llevó a cabo, pues la respuesta a la académica fue emitida el pasado 3 de octubre a través del oficio A0000/128/2018.

Violación a la ley

Tras la filtración del documento, la académica María Elena Álvarez-Buylla emitió una aclaración en la que argumenta que se tergiversó el objetivo del mismo. “El oficio se elaboró de buena fe para asegurar que la próxima administración cuente con los recursos necesarios”, dijo la investigadora.

En la misma carta aclaratoria, la académica exhorta al director del Conacyt a investigar la filtración, lo cual sí es una obligación de Enrique Cabrero Mendoza, pues al darse a conocer el oficio en cuestión se violentó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Sin importar que la solicitud inicial de Álvarez-Buylla adolezca de validez jurídica y práctica, el actual titular del Conacyt está obligado a investigar y sancionar, a través del Órgano Interno de Control de la dependencia, la filtración del documento enviado por el equipo de transición.

A su vez, para evitar este tipo de polémicas, tras su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador, o los legisladores de Morena que ya están en funciones, podrían proponer una nueva (y mejor) regulación para los futuros procesos de transición.

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