México

Corrupción e impunidad, los lamentables saldos a un año del sismo

Se sigue investigando, sin resultados tangibles, un centenar de edificaciones que resultaron con daños totales o parciales tras el sismo

19-09-2018, 9:07:28 AM
Sismo
En 38 casos la autoridad encontró que los edificios colapsaron porque fueron construidos violando el uso de suelo existente.

Un año después del sismo del 19 de septiembre un centenar de inmuebles de la Ciudad de México siguen bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina, debido a que –tras el movimiento telúrico- se detectaron irregularidades en su construcción, lo que habría ocasionado la muerte y lesiones de decenas de personas.

El ejemplo más emblemático de esta situación, en la que imperan las irregularidades jurídicas y administrativas, es el Colegio Enrique Rébsamen, en la sureña delegación Tlalpan, cuya destrucción durante el sismo dejó un saldo de 19 menores y 7 adultos muertos.

Se trata de una historia oscura que ha dejado un inmenso dolor en los padres de los menores, sobre todo porque los principales responsables siguen en la impunidad.

La corrupción mató a los niños

Mónica García Villegas, la propietaria del colegio, junto con autoridades de la delegación, habrían actuado dolosamente al ampliar la escuela, y al edificar un último piso en uno de los edificios colapsados.

Todo esto “se realizó sin los permisos correspondientes”, de acuerdo con la denuncia presentada hace un año por la entonces delegada de Tlalpan, y actual jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

El colegio fue ampliado en 2010 sin haber hecho el aviso correspondiente a la delegación, lo que motivó que las autoridades llevaran a cabo una visita de verificación.

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El colegio fue ampliado en 2010 sin haber hecho el aviso correspondiente a la delegación.

Tras esta, la delegación Tlalpan clausuró las obras, y ordenó la demolición de 90 metros en un cuarto nivel que se estaba construyendo sin contar con los permisos adecuados.

Sin embargo, siete años después se pudo comprobar que el cuarto piso que se ordenó demoler no solo se terminó de construir, sino que en este presuntamente habitaba la dueña del colegio y uno de sus familiares, a pesar de que “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron” las irregularidades señaladas desde 2010.

De hecho, la delegación Tlalpan tampoco cuenta con un documento que acredite que se levantó la clausura, según la denuncia presentada.

García Villegas se encuentra en paradero desconocido, a pesar de que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por el uso de documentación falsa y por homicidio culposo.

El único detenido es el Director Responsable de Obra de la escuela, Juan Mario Velarde Gámez, quien avaló la ampliación del inmueble.

Desde finales de julio permanece en prisión preventiva, en el Reclusorio sur de la Ciudad de México, acusado del delito de homicidio culposo.

En el colegio, Miriam Rodríguez y Alejandro Jurado perdieron a sus hijos José Eduardo y Paola, respectivamente, ellos están convencidos que no los mató el sismo, sino la corrupción.

Expropiación y proceso penal

El terreno que albergó el edificio de oficinas en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, fue expropiado por el gobierno de la capital del país con la intención de edificar un memorial en honor a las víctimas del terremoto de hace un año.

Los familiares de 39 personas de las 49 que fallecieron en el lugar siguen sin encontrar justicia.

Los deudos mantienen una denuncia ante el ministerio público en contra de la empresa propietaria del inmueble colapsado: Inmobiliaria Álvaro Obregón.

La acusan de homicidio doloso eventual, pues –según investigaciones periodísticas- desde 1997 el edificio contaba con un dictamen que alertaba del riesgo de colapso, lo cual ha sido negado por José Luis Carrasco, abogado defensor de la inmobiliaria cuyo propietario es el arquitecto Ernesto Sota López.

Hasta hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no ha informado del avance de las denuncias.

Una situación similar viven las familias de seis trabajadores del edificio que se ubicaba en el número 168 de la calle Bolívar, en la colonia Obrera, quienes demandaron laboralmente a la empresa SEO Young, que funcionaba en el tercer piso del inmueble.

Además, promovieron una denuncia por homicidio culposo en contra de la propietaria del edificio, la empresa Inmobico.

Otra compañía que está demandada es Dashcam System, que operaba en el cuarto piso de Bolívar 168.

Igual que SEO Young, algunos de sus trabajadores no contaban con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que sus deudos no pueden ser indemnizados.

En ese inmueble, el Centro Nacional de Prevención de Desastres detectó en 2004 diversas anomalías estructurales.

Incumplimiento de las normas

Tras el sismo que golpeó a la capital mexicana el año pasado, en el que fallecieron 228 personas, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México inició 151 carpetas de investigación, ante la sospecha de que el proceso de construcción de igual número de inmuebles se llevó a cabo de manera irregular.

En 38 casos la autoridad encontró que los edificios colapsaron porque fueron construidos violando el uso de suelo existente.

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Reuters.

Otros dos inmuebles se vinieron abajo con el temblor debido a las antenas y anuncios espectaculares que se mantenían en sus azoteas, lo que añadió un peso no permitido para esos inmuebles.

En otros casos, los daños se registraron porque las edificaciones inicialmente estaban planeadas para contar solo con dos o tres pisos, pero al final se agregaron más niveles.

De igual forma, la calidad de los materiales utilizados en algunos de los inmuebles que se derrumbaron también ha sido un elemento de las investigaciones.

Sin embargo, el factor más importante en el incumplimiento de la ley y los reglamentos de construcción sigue intacto: el conflicto de interés que se genera entre los Directores Responsables de Obra y las constructoras.

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, el Director Responsable de Obra (DRO) es un profesionista especializado (arquitecto o ingeniero) que auxilia a la administración capitalina para que se cumplan las normas en todo tipo de edificaciones.

Lo mismo sucede con los Corresponsables, que son especialistas en estructuras que apoyan el trabajo de los DRO. Para ello ambos deben contar con una autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Los DRO y sus Corresponsables tienen la obligación de detener las edificaciones que supervisan en caso de que se presenten irregularidades.

El problema es que sus honorarios son pagados por las empresas constructoras, por lo que no es común que aquellos denuncien el incumplimiento de la ley de sus contratantes.

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