¿Cómo inicia la construcción del aeropuerto de Santa Lucía?

Bajo la premisa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gobierna privilegiando la ley “y no al capricho de algunos, por poderosos que se sientan”, ayer jueves dieron inicio las obras de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en lo que actualmente es la Base Aérea militar de Santa Lucía.

“Cuando un gobierno salvaguarda los derechos de unos cuantos, y permite la violación de sus leyes a otros en función de su posición social, ideológica, grupo político o religioso, sexo o preferencias, se anula el Estado de derecho”, aseveró Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, quien fungió como orador principal en el acto con el que comenzaron las obras del aeródromo.

Sin embargo, de acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, la edificación de esa terminal aérea inicia sin un proyecto ejecutivo, sin un plan maestro, sin haberse satisfecho las condiciones que exigió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y adoleciendo de un análisis de costo-beneficio.

Siguen los amparos

Las obras de Santa Lucía pudieron iniciarse 17 de octubre debido a que ya fueron revocadas todas las suspensiones que se habían otorgado en los juicios de amparo que promovieron diversos ciudadanos, bajo el auspicio de #NoMásDerroches.

No obstante,la revocación de esas suspensiones no quiere decir que se hayan cancelado los amparos, pues estos juicios seguirán hasta que se dicte una sentencia, es decir, se iniciaron las obras del aeropuerto porque ya no hay medidas cautelares que lo impidan, pero el cuestionamiento sobre la legalidad y constitucionalidad de ese proyecto se mantiene. Estos temas serán resueltos hasta que se cuente con una sentencia definitiva.

Asimismo, independientemente de lo que al final se determine cuando concluyan los amparos, la organización #NoMásDerroches detalló que aún subsisten varios problemas de legalidad que el gobierno federal debería observar.

Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos establece que solo las sociedades mercantiles con título de concesión pueden construir aeropuertos con operaciones civiles en México, requisito que no cumple la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena), dependencia que es la encargada de la edificación.

De igual forma, “no se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, y tampoco existe un proyecto ejecutivo de esa terminal aérea. Además, también se carece de un plan maestro en términos del contrato que la autoridad celebró con la empresa francesa ADP Ingénierie, detalló en un comunicado #NoMásDerroches.

Asimismo, agregó el colectivo, la empresa Navblue Sas no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el gobierno federal; no se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica, ni de impacto social; y no “se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando”.

Es por eso que, con el inicio de estas obras, la administración lopezobradorista incurre en diversas irregularidades, además de que con ello hay “un derroche injustificado de recursos públicos”, afirmó la organización promotora de los amparos que hasta ahora habían impedido el comienzo de las obras.

Legalidad vs política

En el pulso que durante estos meses han protagonizado en tribunales el gobierno federal y #NoMásDerroches se destacan dos visiones, una jurídica y la otra política.

Por un lado, la administración de López Obrador no quiere que se le cuestione ni que se le exija el cumplimiento de una de las obligaciones principales de cualquier autoridad: fundar y motivar jurídicamente sus actos, pues los gobernantes solo pueden actuar si legalmente están facultados para ello.

Por el otro, tenemos a un grupo de ciudadanos apoyados por organizaciones empresariales que han proporcionado los recursos económicos necesarios para poder materializar, de manera efectiva, el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, aunque desde el gobierno esas acciones han sido consideradas como “un sabotaje legal” que responde a intereses políticos y de grupo.

Desde el ángulo oficial, la cancelación de lo que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, y su sustitución por un aeródromo en Santa Lucía obedece a una petición de los ciudadanos, el discurso de que en aquel proyecto había corrupción ya se abandonó porque todo indica que no hay pruebas de ello, si las hubiera ya se habrían presentado.

De hecho, en el acto con el que se dio el banderazo para la construcción de Santa Lucía el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que esa opción fue refrendada “con una consulta ciudadana”.

“Porque debe de haber democracia participativa y se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos y al final decidir de acuerdo al mandato de las mayorías”, argumentó el mandatario.

Pero ese es solo un discurso político, pues no podemos soslayar que esa consulta se realizó sin ningún sustento legal, además de que sus resultados no son precisamente mayoritarios.

Con el inicio de las obras en Santa Lucía, debemos reconocer que son las razones políticas del gobierno las que prevalecen por el momento, aunque al final serán los tribunales los que, con argumentos jurídicos, deberán determinar si ha sido adecuada la actuación de las autoridades.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.