Qué hay detrás del cierre de los verificentros
Mientras que los automovilistas de la Ciudad de México tendrán seis meses extra para verificar sus vehículos, la población de la capital del país también está en riesgo de enfrentar mayores niveles de contaminación.
En el segundo semestre del 2018 comenzarán a operar 55 nuevos verificientros en la Ciudad de México, pero a partir de enero, los 74 que actualmente operan y atienden a unos 2.5 millones de automóviles dejarán de dar servicio.
En marzo pasado, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó una convocatoria para otorgar 55 autorizaciones para establecer y operar centros de verificación vehicular, contando opcionalmente como mínimo tres líneas y máximo siete para realizar la verificación, con una vigencia de 10 años prorrogable por un período igual. La última convocatoria fue en 1995.
“La Sedema publicó la convocatoria bajo el pretexto de que vencen nuestras autorizaciones y de que nuestro equipo data de 20 años. (Pero) hay cosas que no se explican, en primera no fuimos tomados en cuenta después de 22 años de servicio y que nuestro equipo está actualizado. En el 2012 lo renovamos completamente”, comentó en entrevista Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación del Distrito Federal.
Agregó que tan solo en los últimos dos años, cada verificentro ha invertido en promedio entre ocho y nueve millones de pesos para la modernización de sus equipos. “Se nos hace muy raro que no nos tomaron en cuenta, que se nos haya hecho invertir en nuevas actualizaciones como paneles solares para usar energía limpia. Tan solo en eso, la inversión fue de poco más de 1.5 millones de pesos”.
Las autoridades preveían que los nuevos verificentros operarían a partir de enero de 2018, sin embargo, debido al retraso en su instalación, su operación se atrasó para el 1 de julio del próximo año. De esta manera, la capital del país no contará con centros de verificación la primera mitad del año.
¿Más contingencias?
En este escenario, la Sedema dijo ayer que otorgará una prórroga de un periodo para verificar los vehículos que circulan en la Ciudad de México, es decir, la verificación se realizará en julio del 2018 y no en enero.
“Precisamente lo quitan en el primer semestre del 2018 que es la temporada de mayores contingencias ambientales, puede haber mucho riesgo para que se afecte la salud”, dijo Gustavo Torres.
Las fuentes vehiculares generan 109,000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno y más de 72,000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles principales contaminantes, precursores de ozono, asimismo se generan anualmente 56 millones de gases de efecto invernadero, de las cuales el 49% proviene de las fuentes móviles, según el Inventario de Emisiones de Contaminantes de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Sedema, con un parque vehicular mayor a 2 millones de vehículos matriculados en la Ciudad de México, es fundamental realizarles pruebas de emisiones (verificaciones) para evaluar su desempeño.
Como consecuencia de las contingencias ambientales que se presentaron durante 2016, el gobierno federal implementó la Norma Emergente 167 de verificación vehicular que entró en vigor el 1 de julio de 2016 en las entidades que integran la megalópolis, es decir, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala,
La norma buscó mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas mediante la actualización de los procedimientos de verificación vehicular a tecnología mecatrónica; la reducción de los límites de emisión de los vehículos con más de 10 años de edad en un 75% a vehículos a gasolina; al transporte público y de carga en un 40% (diésel).
Al comenzar la aplicación de la norma, se desactivó el programa ‘Hoy no circula’ parejo, es decir, se regresó al esquema tradicional en el que los vehículos con holograma 0 y 00 circulan todos los días.
A penas el 14 de diciembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional tras superarse los 150 puntos de partículas suspendidas.
Quiebra para actuales verificentros
El cierre de los 74 verificientros que actualmente operan, implicará la quiebra total y unas 2,500 familias serán afectadas.
“Tenemos que liquidar al personal, se les va a afectar debido a que hay trabajadores que estaban a punto de jubilarse. Se quedarán sin servicio médico e Infonavit”, comentó Torres.
Agregó que hay mucha preferencia por parte del gobierno de la Ciudad a las nuevas empresas que operarán los verificentros y acudirán a tribunales para combatir la “arbitrariedad”.
“Vamos a intervenir para que quien quede como jefe o jefa de gobierno lleve a cabo un análisis de esta situación por la que estamos atravesando”, comentó Torres.
