La austeridad republicana y la propuesta sobre los “chapulines fifís”

Son dos los proyectos de ley de austeridad republicana que ya han sido presentados por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, pero solo en uno de estos aparece la prohibición que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que impediría a los exfuncionarios trabajar en empresas -al menos durante una década- luego de abandonar el servicio público.

Si bien la veda que plantea López Obrador está incorporada en uno de los dos dictámenes de los legisladores, estos prevén que el mandatario envíe su propia iniciativa con esta y otras restricciones, cuyo objetivo principal es atajar los conflictos de interés que se generan cuando los exfuncionarios deciden laborar en compañías del mismo sector al que pertenecían como miembros de la burocracia nacional.

Actualmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé un plazo de un año, después de concluir su gestión, para que cualquier exfuncionario pueda ser contratado en una empresa.

De lo que se trata es de limitar que el otrora servidor público utilice en su beneficio la información privilegiada que suele obtenerse con motivo de las funciones públicas. El estándar internacional establece prohibiciones de entre uno y dos años en promedio.

Lee: El plan de AMLO para acabar con los chapulínes fifís 

Restricción exagerada

Los exmiembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, tienen que esperar un año para aceptar un empleo con alguna compañía que haya sido proveedora de algún bien o servicio de la ONU. Además, si como empleados de la organización dirigieron los procesos de compra, la restricción se extiende a dos años.

Los altos funcionarios de la NASA en Estados Unidos están limitados a dos años después de su gestión para trabajar en la iniciativa privada, siempre y cuando la empresa tenga alguna relación con el tema aeroespacial. De lo contrario pueden laborar inmediatamente en cualquier otro sector.

De hecho, si el empleado no ocupaba un puesto directivo la restricción es solo de un año para trabajar en la iniciativa privada, incluso en las mismas áreas que maneja la NASA.

En general, el gobierno de Estados Unidos restringe -en promedio- un año la participación de sus exempleados en consorcios privados.

No obstante, si la compañía en la que se trabajará realiza actividades de cabildeo con la misma dependencia del gobierno a la que perteneció el extrabajador, la espera máxima es de cinco años, de acuerdo con la sección 207 del título 18 del Código estadounidense, el equivalente a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales.

En Canadá los “periodos de congelamiento” de los exempleados gubernamentales varían dependiendo del puesto que se ocupó. Si se trata de ministros la espera para laborar en empresas es de dos años, aunque este periodo puede ampliarse hasta un lustro si se trata de aquellos que forman parte del gabinete del jefe de gobierno de ese país, según un estudio de Transparencia Internacional.

En la Unión Europea las restricciones postempleo gubernamental oscilan entre 12 y 18 meses, dependiendo del sector en el que se laboró. Algunos países de ese bloque, como el Reino Unido, establecen un máximo de dos años para que un exfuncionario pueda realizar actividades de cabildeo en la iniciativa privada.

Todas estas limitaciones dependen del nivel que se ocupó en el gobierno, y del tipo de área o materia de la cartera, argumenta el análisis de Transparencia Internacional. Ni este organismo, ni la ONU, reportan la existencia -en ningún país del mundo- de una restricción postempleo gubernamental de 10 años, como la que propone López Obrador.

Lee: Estos son los cambios en la minería en tiempos de AMLO

Limitación constitucional

Los derechos y libertades que nos otorga la Constitución mexicana pueden ser restringidos en algunos casos específicos, pues ningún derecho humano es absoluto. Sin embargo, estas limitaciones deben ser racionales, objetivas y en proporción al bien jurídico que se quiere proteger con la acotación.

En el caso de la veda planteada por el presidente estamos ante una restricción al artículo 5 de la carta magna, que consagra la libertad de trabajo. La limitante a esta disposición constitucional ya existe, es de un año para los servidores públicos que quieran laborar en la iniciativa privada tras dejar su responsabilidad en el gobierno.

Aumentar esta restricción a 10 años no es proporcional, ni expresa razones objetivas válidas, pues una limitación tan amplia no es compatible con el sistema general de derechos humanos que nos rige. El derecho al trabajo, al ser inherente a la dignidad del ser humano, permite la realización de otros derechos fundamentales.

Una década sin laborar en el área de su expertise, para la que muchos hombres y mujeres se han preparado durante toda su vida productiva, violenta la libertad al trabajo que mandatan el artículo 5 constitucional, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cualquier legislación que pretenda restringir este derecho humano debe ser proporcional al objetivo que persigue la norma, sin que esto implique una afectación desmedida a los derechos constitucionales de quienes hayan laborado en la administración pública.

Si bien en todo el mundo se han actualizado las restricciones postempleo gubernamental, a fin de evitar el mal uso de recursos del erario público, los mecanismos que se aplican no lesionan los derechos humanos de los exfuncionarios, sino que el énfasis se establece con mayores controles en los presupuestos.

Las licitaciones públicas abiertas, la transparencia de los padrones de proveedores, y la aplicación de reglas más estrictas para la contratación de bienes y servicios de la iniciativa privada, son algunas de las políticas que se aplican en los gobiernos de países desarrollados, junto con las limitaciones a los exfuncionarios, de uno o dos años en promedio.

De manera excepcional, tal y como ocurre con nuestros socios comerciales, México podría imponer una restricción de hasta cinco años para algunos exfuncionarios que hayan laborado en áreas sensibles o estratégicas, siempre y cuando se trate de altos ejecutivos gubernamentales. Es decir, la limitación a la libertad laboral debe ceñirse a ciertas actividades, y graduarse de acuerdo con las responsabilidades desempeñadas.

Lee: En la minería se acabaron las concesiones de 100 años: Napoleón Gómez Urrutia

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.