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Así es la Estrategia Nacional de Seguridad de AMLO que aprobará el Senado

La nueva Estrategia de Seguridad plantea negociar con delincuentes, los súperdelegados estatales intervendrán en la seguridad, y habrá una Guardia de Finanzas

11-04-2019, 5:41:40 AM

La Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Morena propone aprobar en el Senado sin realizar ninguna modificación, plantea negociar con los delincuentes, crear una Guardia de Finanzas que investigue el lavado de dinero, y dar participación a los Delegados Estatales de Programas de Desarrollo en temas de seguridad.

En una clara contradicción con la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el plan dice que esta corporación será dirigida por un mando militar, además de que contará con una Junta de Jefes de Estado Mayor.

También asegura que se prohibirán las adjudicaciones directas en la administración pública, se convertirán en delitos los incumplimientos de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se fortalecerán los mecanismos para detectar y sancionar de manera efectiva la evasión fiscal.

El dictamen que contiene la estrategia de seguridad del Ejecutivo federal ya fue aprobado en la Comisión de Justicia del Senado sin modificación alguna, a pesar de que el documento contiene apartados que contravienen la Constitución.

Seguridad militarizada

El documento, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara alta el pasado 1 de febrero, es una mezcla desorganizada de varios proyectos de seguridad planteados por el mandatario, incluyendo los esbozados en sus libros, el plan presentado el 15 de noviembre de 2018, antes de tomar posesión, y su iniciativa que creaba la Guardia Nacional.

En este último punto, en vez de retomar lo que efectivamente se aprobó en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional, la estrategia copia textualmente lo propuesto por López Obrador en su iniciativa primigenia, la cual fue completamente modificada en el Senado, destacándose el carácter civil de la nueva corporación.

Por ejemplo, en la página 72 del dictamen, la Estrategia Nacional de Seguridad dice que la Guardia Nacional contará con “una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de la dependencia (sic) de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.

Esa Junta de Jefes de Estado Mayor, de habilitarse como parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal, es inconstitucional, pues trasgrede el artículo   segundo transitorio de la reforma a la carta magna que creó la Guardia Nacional.

Por ende esta corporación no está autorizada a contar con una Junta de Jefes de esas características, pues los cambios constitucionales establecieron que la Guardia Nacional tendrá una “instancia de coordinación operativa interinstitucional”, es decir, un órgano cuyas características deben ser completamente distintas a la junta referida.

De igual forma, la estrategia de seguridad adelanta que “el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o en las zonas costeras de la Armada de México”, lo que evidentemente es contrario al artículo 21 de la Constitución, que aun con la reforma establece que la Guardia Nacional y todas las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil.

Guardia nacional
Sedena

Negociación con delincuentes                                                                                         

Los grupos delictivos en México, de acuerdo con la propuesta de seguridad del gobierno federal, son similares a las organizaciones beligerantes (guerrillas) que han padecido otros países, pues “estos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por  facciones políticas armadas”.

Por estas razones AMLO propone “poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social” de los malhechores, siempre y cuando colaboren con la justicia, se arrepientan de sus delitos, y reparen el daño causado.

A cambio el gobierno de López Obrador ofrece a los delincuentes un aumento en su esperanza de vida, pues “ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona”.

También se les propone “la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos”, además de la oportunidad para que “encabecen negocios legales y regulares”. El cuarto ofrecimiento para los criminales es “alcanzar la respetabilidad social”.

Todo esto también es violatorio de nuestra Constitución pues, de llevarse a cabo tal y como propone la estrategia, el Estado mexicano estaría renunciando a sus potestades punitivas a las que está obligado, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la carta magna.

Lee: ¿Cómo va a operar la Guardia Nacional?

Súperdelegados de seguridad

La Estrategia Nacional de Seguridad detalla que la Guardia Nacional actuará en 266 regiones del país, llevando a cabo actividades de “prevención, investigación, detención y puesta a disposición de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley”. 

Contraviniendo lo que ordenan los artículos 21 y 102 constitucionales, este plan le otorga a la Guardia Nacional facultades que son exclusivas de las fiscalías y Ministerios Públicos.

Así mismo, se proyecta crear Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, que “se reunirán diariamente a temprana hora para compartir información y tomar acuerdos”.

En estas coordinaciones participarán el gobernador del estado, “el Delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal en la entidad, un representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la zona militar o naval”.

A pesar de que el mismo Andrés Manuel López Obrador declaró en las primeras semanas de su gestión que los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, como se denominan oficialmente, no participarían en los temas de seguridad, la estrategia que se envió al Senado en febrero pasado dice lo contrario.

En este punto el plan nuevamente trasgrede la Constitución, pues los llamados súperdelegados no tienen ninguna facultad para intervenir en temas de seguridad pública local, toda vez que esto es responsabilidad exclusiva de los gobernadores, y en su caso de los presidentes municipales.

Además, las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, tal y como se expresan en la estrategia, alteran el pacto federal y la autonomía de los estados, figuras que están normadas por los artículos 40 y 41 de la Constitución.

Lee: Estas son las características que tendrá la Guardia Nacional 

aeropuerto
Gobierno Federal

Guardia antilavado y DDHH

El gobierno federal ya no combatirá las capacidades operativas del crimen organizado, sino que concentrará sus esfuerzos “en el dinero y en los bienes del narcotráfico, más que en los llamados objetivos prioritarios”.

Para ello “se creará una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad”.

Finalmente, el único punto positivo de toda la estrategia es realizar modificaciones legales para tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos.

Lee: La Guardia Nacional será encabezada por un militar

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