Amnistía Internacional denuncia agresión policial contra feministas en México
Entre los abusos reportados están el uso excesivo de la fuerza, lenguaje estigmatizador y violencia sexual, este movimiento insta a las autoridades a reconocer la legitimidad de las protestas y abstenerse de las declaraciones que estigmaticen a quienes acuden a ellas.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres que se manifiestan pacíficamente en México para denunciar la violencia machista son víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, además de confirmar algunos casos agresiones sexuales contra las manifestantes por parte de las autoridades.
En un informe publicado, la ONG ha analizado cinco protestas convocadas en México durante el año pasado, en Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la capital, Ciudad de México, para comprobar que las autoridades violaron los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de estas mujeres a través del uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y hasta violencia sexual.
Según el informe titulado “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, sostiene que más de una decena de mujeres sin identificarse fueron detenidas e incomunicadas durante un largo tiempo, además de ser trasladadas por rutas desconocidas sin avisarles a dónde se dirigían y sin presentarles a una autoridad competente, lo que les generó miedo de sufrir una desaparición forzada.
“Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban”, ha explicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, que ha denunciado también un “lenguaje violento y sexualidad” durante los arrestos y traslados, con amenazas de todo tipo de violencia.
Asimismo, en algunos de los casos analizados, los policías recurrieron al uso de violencia sexual como método de aleccionarlas y castigarlas por atreverse a salir a manifestarse en la vía pública y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”. Amnistía resalta que todo acto de violencia sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma tortura, según con el derecho internacional de los derechos humanos, englobando sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respectivas a México.
La estigmatización de las manifestantes
Dicho lo anterior, la responsable de Amnistía considera que diversas autoridades de distintos rangos de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, calificándolas como “violentas” con el objetivo de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Así, han recogido declaraciones de líderes como la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que describió las protestas como una “provocación”, o un responsable de seguridad de Guanajuato que habló de “manifestódromo violento” para justificar la represión.
“Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”
señaló la responsable de la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades el reconocimiento de la legitimidad de las protestas, así como la abstención de toda aquella declaración que estigmatice a quienes acuden a las mismas. Asimismo, ha buscado investigar los abusos cometidos. Además, reclama las medidas efectivas para la prevención de distintas maneras de agresión que sufren las mujeres, entre estas, el feminicidio, igual a reconocer la legitimidad de las protestas y al mismo tiempo ha llamado a investigar los presuntos abusos cometidos.
En última instancia, la organización busca que las autoridades adopten las medidas efectivas para la prevención, protección y seguridad de las mujeres a tener una vida libre de agresiones, especialmente frente a los feminicidios, asegurando un acceso a la justicia y reparación correcta de quienes hayan sido víctimas de violencia de género.
