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Alejandro Gertz Manero es el nuevo Fiscal General de la República

Con 91 votos a favor, el Senado eligió a Alejandro Gertz Manero, quien deberá transformar a la otrora PGR en una nueva institución más cercana a las víctimas  

18-01-2019, 6:01:58 PM
Alejandro Gertz Manero Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, abogado de 79 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho, fue elegido por el Senado como el primer Fiscal General de la República, por un periodo de nueve años.

Invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte de su gabinete, Gertz Manero se desempeña -desde el 1 de diciembre de 2018- como encargado del despacho de la otrora Procuraduría General de la República, institución que ahora se transforma en una Fiscalía con una estructura que privilegia la especialización y los derechos de las víctimas del delito, de acuerdo con su Ley Orgánica.

El nuevo Fiscal fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada. Antes de ocupar esa cartera fue titular de seguridad pública en el entonces Distrito Federal, cuando gobernaron Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

También ha sido agente del Ministerio Público, Procurador Federal de la defensa del Trabajo, y secretario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alejandro Gertz, que cuenta con un doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como docente en esa casa de estudios, en la Universidad Anáhuac, y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En su comparecencia ante senadores, Gertz Manero afirmó que México necesita una “procuración de justicia transparente, que rinda cuentas, (y) que trabaje sobre bases técnicas verdaderamente eficientes”.

Sobre la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que aun deben avalar el Senado y al menos 17 legislaturas estatales, Gertz consideró que su labor deberá ser la de prevenir los delitos, y no la investigación de los mismos.

Lee: Estos fueron los abogados que aspiraron a la Fiscalía General 

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Fiscalía debilitada

La Fiscalía General de la República (FGR), tal y como se concibió en la reforma constitucional de enero de 2016, es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

No obstante, su autonomía no es equiparable a la de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el Fiscal General puede ser removido por el presidente.

La cercanía de Alejandro Gertz Manero con el proyecto político de López Obrador es otro factor que debilita la autonomía de la nueva institución. Esto fue señalado por los senadores de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en la sesión extraordinaria en la que el nuevo Fiscal fue electo.

Estructura especializada

Además del Fiscal General de la República, esta nueva institución se integrará por las fiscalías especializadas en derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción, asuntos internos, e investigación y persecución penal.

También deberá contar con las coordinaciones de métodos de investigación, y de planeación y administración, así como con un órgano interno de control, un centro de formación y servicio profesional de carrera, y una instancia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

La Ley Orgánica de la FGR establece que esta se apoyará en un Consejo Ciudadano, integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos.

Los integrantes de este Consejo, que es de carácter honorífico, durarán en su encargo cinco años improrrogables, y serán renovados de manera escalonada.

El Consejo Ciudadano tiene la facultad de opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de persecución penal; opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por el Fiscal, y dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución, entre otras.

Fines y obligaciones

La Fiscalía General de la República tiene como fines la investigación de los delitos de carácter federal, así como otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad, de acuerdo con su ley orgánica.

También debe prevenir el delito, fortalecer el Estado de derecho, procurar que el culpable no quede impune; y promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas. En su actuación debe observar los principios de equidad, igualdad de género y no discriminación.

La FGR tiene la facultad de atraer casos del fuero común, que son responsabilidad de las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, cuando se demuestre la inactividad o ineficacia de estas últimas. De hecho, las víctimas del delito pueden solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.

Persecución delictiva

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece que su titular debe implementar un Plan de persecución penal “considerando las prioridades nacionales”. Este planificación, que tiene que ser presentada por el Fiscal ante el Senado, debe contemplar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

El Plan de persecución penal contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se deberán considerar los distintos análisis de la incidencia delictiva, las estadísticas de percepción de la violencia; los estudios elaborados por instancias especializadas, los diagnósticos hechos por organizaciones civiles, los informes sobre la situación de las víctimas del delito, y los reportes sobre violaciones a los derechos humanos.

Cabe destacar que el diseño de este plan, antes de que sea sometido para su aprobación en la Cámara alta, debe garantizar la participación ciudadana, así como la de otras entidades de seguridad y procuración e impartición de justicia, siempre de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de la FGR, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2018.

De hecho, esa norma mandata que, para efectos de control, el nuevo titular de la Fiscalía -al iniciar su gestión- debe presentar ante el Senado su Plan de persecución penal, previa consulta al Consejo Ciudadano de la Fiscalía.

De igual forma, anualmente, el Fiscal debe presentar ante los senadores los resultados del plan y las modificaciones que este requiera.

Transparencia ciudadana

La Fiscalía General de la República también está obligada a garantizar el acceso a la información pública que se genere en el marco de sus atribuciones, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Si se trata de investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, esta información no podrá clasificarse como reservada

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