5 acciones para poner un alto a la violencia en la CDMX
Aun cuando no se cuenta con información suficiente para conocer la verdadera situación de violencia en la capital, existen una serie de medidas que no necesitan de grandes cambios legislativos ni de estructura para ponerlas en práctica.
La Ciudad de México figura como uno de los lugares en donde sus habitantes se sienten más inseguros para vivir, solo por debajo de Ecatepec y Chilpancingo, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbano (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ante esta situación, Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), opina que, para abatir el delito en la capital, hay que comenzar por un diagnóstico certero –que no existe– y entender las causas del problema, así como diseñar una estrategia de políticas públicas para el mediano y largo plazos.
Frente al incremento de delitos como el homicidio y algunos tipos de robo, a pesar de la baja en el índice de otros, Corona justifica la percepción de inseguridad que prevalece entre los capitalinos y su desconfianza hacia las autoridades, particularmente aquellas que son el primer contacto de las víctimas de delito, por la debilidad en la procuración de justicia.
“La policía investigadora, el defensor, el Ministerio Público, el perito son el eslabón más débil de la cadena de justicia”, comparte el también experto en temas de seguridad, a partir de un diagnóstico que el Imco elaboró para Morelos, en donde detectó “las áreas de oportunidad” de su sistema de justicia, es decir, lo que no funciona.
“La Ciudad de México no es Morelos, pero ese diagnóstico es una biopsia de todo el país”, añade.
Por eso Corona insiste en la necesidad de un diagnóstico para la Ciudad de México, porque los ciudadanos ni siquiera saben dónde están las fallas, ni cuáles serían las “áreas de oportunidad” para tomar mejores decisiones en materia de seguridad.
En este sentido, expone que lo primero que se debe saber es qué ocurre para mejorar las condiciones de seguridad y disminuir los índices de delitos. “Necesitamos evidencia que nos permita verificar y validar la información para entender el problema, y eso no lo están haciendo las autoridades”, afirma.
Es decir, ya no basta con que las autoridades presenten resultados aislados de sus acciones, o afirmen que bajó la incidencia delictiva en algún delito. “Ahora además es necesario conocer el origen y la calidad de esa información, porque definirá a su vez la calidad de las decisiones que tomen las autoridades”, dice.
5 acciones para poner un alto a la violencia
Tener un diagnóstico sobre la Ciudad de México ayudaría a emprender una serie de acciones, que reducirían de manera considerable la violencia en la capital de país.
Aun cuando no se cuenta con la información suficiente por parte de las autoridades, el Imco propone algunas medidas que no necesitan de grandes cambios legislativos ni de estructura. A continuación las enlistamos.
1. Mejorar las condiciones laborales y salariales de policías, ministerios públicos, investigadores, peritos, para redignificar su papel.
2. Capacitaciones adecuadas para comenzar a generar indicadores de avance acompañados de reconocimiento laboral.
3. Romper inercias en el gasto público y en las decisiones.
4. Continuidad para manenter políticas y acciones que están dando resultados y ajustar aquellas que no (siempre que hubiera un mapa previo).
5. Reconectar con los ciudadanos, que pueden ser un detonante para impulsar el eficaz funcionamiento de las instituciones. Es decir, no dejar de lado la corresponsabilidad de la ciudadanía.
Si las autoridades de cualquier entidad, incluida la Ciudad de México, no emprenden algunas de estas acciones, “México seguirá expuesto a la incertidumbre de ocurrencias en materia de justicia”, advierte Corona.
El Instituto brinda dos acciones más que complementarían la iniciativa:
- Índices de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad.
- Coordinación entre autoridades.
Crece inseguridad
El directivo del Imco asegura que las autoridades capitalinas no pueden argumentar la falta de recursos en materia de seguridad, ni para poner en marcha el sistema de justicia penal acusatorio.
Las cifras no mientes. Entre 2012 y 2016, la Ciudad de México recibió alrededor de 164 millones de pesos de presupuesto federal para la aplicación del nuevo sistema y destino otros 204 millones de su propia bolsa.
Cifras de la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal revelan que los recursos de esta ciudad están más o menos 50% por arriba de la media nacional, es decir que, “sí se le ha metido dinero”, declara Corona.
En su momento, la Setec mostró que el nivel de implementación de la reforma en la CDMX era alto, que había un buen desempeño. De modo que, “a la par de que aumentaron los recursos, creció la percepción de inseguridad”.
Sin embargo, para Corona estas cifras no explican el origen del problema, ni lo que se tiene que hacer. “Qué le dicen esos números al ciudadano de a pie, a esa persona a la que le roban el celular y se le complica la vida ir a denunciar o porque desalientan en la denuncia o, peor, lo extosiona un policía“.
