Los riesgos y costos de la nueva Constitución de la CDMX
El nuevo estatus de la capital podría elevar los costos del gobierno local y meterla en compromisos imposibles.
Debieron transcurrir 192 años desde la creación del hoy extinto Distrito Federal para que Ciudad de México pudiera ser reconocida como una entidad más de la Federación y participar en el Constituyente Permanente, con lo que intervendrá en el proceso legislativo de reformas a la Constitución Federal. Sobre todo, tendrá el derecho de contar con su propia carta magna.
Sin embargo, la bajísima participación en la elección de “constituyentes”, con apenas 28% del padrón, indica claramente que en varios sectores de la población aún se duda de si la Constitución de Ciudad de México será la respuesta a los numerosos problemas que aquejan a diario a casi 9 millones de capitalinos. ¿Gozará de mayor autonomía?, ¿será más competitiva?, ¿contará con mejor seguridad?, ¿incrementará su productividad?, ¿tendrá menos corrupción?, ¿acabará con la desigualdad social?, ¿generará mayores empleos?, ¿mejorarán sus vías de comunicación?
Más burocracia
María Marván Laborde, politóloga y socióloga de la UNAM y ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), externa sus dudas: “No creo que sea una transformación o una reforma que vaya a beneficiar a los capitalinos; en mi opinión, tiene muchos más riesgos que posibles ventajas esa Constitución”. Enlista: “Me preocupa que se incremente de manera desproporcionada la burocracia en las alcaldías (hoy delegaciones políticas), con la creación de concejales… Es más, ni siquiera quisieron hacer municipios en la ciudad de México, sobre todo porque el jefe de Gobierno no quiere perder el control de las finanzas”.
Conoce mañana más sobre los posibles riesgos que traerá la nueva constitución y las propuestas de los partidos políticos.
enfrente una oportunidad para que Ciudad de México se coloque a la vanguardia y pueda ser un buen ejemplo para el resto del país
Le inquieta también el que pueda generarse una “balcanización de Ciudad de México”, en la que “cada delegación piense que puede hacer una política propia; por ejemplo, de transporte colectivo o de seguridad pública, cuando se tiene que pensar en la ciudad como un todo. El gran reto es pensar en términos de una megalópolis y no pensar en islas internas”.
En entrevista con Alto Nivel alerta sobre el “gran riesgo” de que se haga una carta magna local de 300, 400, 500 artículos o más, “en donde establezcamos que todos tenemos nuevos derechos, como el otorgamiento de becas para todos los universitarios, y que luego no se sepa cómo fondearlo o no haya de dónde pagar esos apoyos… Eso, lejos de ser un avance en términos democráticos, alimentaría la idea de que en este país el Derecho no sirve para nada y las leyes no se cumplen”.
En su opinión, el más preocupado por sacar adelante esta reforma siempre fue Miguel Ángel Mancera. “Pensó que iba a ganar mucho, que eso lo iba a consolidar como un magnífico candidato a la Presidencia del país en 2018, cosa que yo no veo que suceda. Desde mi perspectiva puede perder mucho y el que está ganando es el PRI porque goza de una sobrerrepresentación que no tiene nada que ver con las adhesiones, adeptos o militantes con los que cuenta aquí”.
Para el magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Juan Luis González Alcántara Carrancá, hay un dejo de falta de legitimidad en la nueva Constitución, por la forma en que se determinó la integración de la Asamblea Constituyente, con 40 –de 100– electos mediante dedazo: “Hay que entender la situación política. La única forma en que el Congreso estaba dispuesto a aprobar la Reforma constitucional era imponiendo esos candados”.
¿Qué es lo que demuestra eso? Que sigue habiendo un gran control por parte del Ejecutivo federal, que nos quita la posibilidad de elegir a todos los representantes y a todos los diputados constituyentes. “Esto es una realidad, no podemos evitarlo; ahora bien, que nos llegue una Constitución, escrita y aprobada –como se acostumbraba antes– por el Ejecutivo, eso sí ya no. Ahora –por lo menos– tenemos una participación.”
Con todo, no hay que dejar de confiar en que se tenga enfrente una oportunidad para que Ciudad de México se coloque a la vanguardia y pueda ser un buen ejemplo para el resto del país. “Si la gente no entiende el papel histórico que tiene que desarrollar cada uno en este proceso, vamos a perder todos… La oportunidad de hacer algo nuevo es muy importante y no la podemos desperdiciar”.
Las propuestas de los partidos para la nueva Constitución
Una revisión de las plataformas electorales que presentaron los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral (INE) antes de las votaciones del 5 de junio –en que se eligió a 60 de los 100 constituyentes– deja entrever que hay propuestas poco específicas en cuanto a la forma, presupuesto y mecanismos para su ejecución Por el contrario, podrían volver más conflictiva todavía la problemática citadina.
Un ejemplo son algunas ideas registradas por el PRD, partido que ostenta el gobierno local. Proponen crear el Derecho al Retiro, según el cual “toda persona sin seguridad social tendrá derecho por ley a recibir una pensión de retiro a partir de los 67 años de edad”, lo que llevaría al gobierno a un grave riesgo financiero el cual se ahondaría con la Beca Estudiantil, que permitiría que “todo joven estudiante de educación básica, media y superior en instituciones públicas de la ciudad y residente de la misma, tendrá derecho a un salario-beca como elemento de garantía de terminación de sus estudios”.
Otro planteamiento es la determinación de que los capitalinos sean apoyados en el inicio de su vida económica “mediante el fondeo de sus proyectos productivos, la generación de esquemas que promuevan las formas de economía solidaria, el cooperativismo, el asociacionismo, las economías a escala y también aquellas empresas familiares, micro y pequeñas, que se vean en riesgo ante los embates económicos de la llamada economía real”.
Los perredistas incluyen instancias como un “tribunal constitucional de derechos”, y “un organismo público independiente de radio y televisión… supervisado por un consejo ciudadano”.
Dentro de la plataforma electoral del PRI se enlista la propuesta de un Gobierno de Coalición, que nunca ha existido en el país.
El PAN propone la nulidad de derechos patrimoniales a partir de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Sistema Anticorrupción de Ciudad de México. También van por designar al presidente del Consejo de la Judicatura de la ciudad en persona distinta al presidente del Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento de magistrados será mediante propuesta del Consejo de la Judicatura y por una mayoría calificada del Congreso local.
El partido Morena propone crear “nuevas instituciones” que evalúen las políticas y servicios públicos, así como “órganos constitucionales autónomos” que se encarguen de atender, entre otras tareas, la defensoría social, la asistencia social y las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes locales. También buscaría que se democratice el Poder Judicial mediante la “elección popular” de los juzgadores.
Este es un extracto del texto que el autor escribió para Alto Nivel y que podrás consultar completo en la edición impresa de agosto. Busca tu ejemplar en los principales puntos de venta, suscríbete en línea o descarga la revista digital. Sigue nuestra conversación en Twitter y Facebook.
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