Las injusticias que han indignado a los mexicanos tras el sismo

El sismo del pasado 19 de septiembre nos hizo manifestar lo mejor de nosotros como mexicanos y como habitantes de la gran Ciudad de México, una metrópoli que como las madres nos recibe y acoge a todos, independientemente de nuestro lugar de nacimiento. Pero el terremoto también nos mostró la otra cara de nuestra sociedad: aquella que es injusta y abusiva, corrupta, mentirosa e impune.

Después de las primeras cuarenta y ocho horas de emergencia, a iniciativa del abogado Carlos Téllez (@abogadotellez), abrimos la cuenta en Twitter @licsayudando para prestar asesoría jurídica pro bono (gratuita) a los afectados por el movimiento telúrico. Guardando la obligada confidencialidad de las decenas de personas que hemos atendido, a continuación te mostramos las injusticias que nos dejó el sismo.

1. Simulación de arrendadores

Los arrendadores o propietarios de inmuebles que rentan dichas edificaciones son responsables de los vicios y defectos de sus edificios o departamentos, también son los que tienen la obligación de reparar los daños que ocurran por hechos de fuerza mayor, como el sismo, de acuerdo con el Código Civil de la Ciudad de México.

Luego del terremoto, diversos arrendatarios (inquilinos) se quejaron de sus caseros, pues estos se negaban a reparar los daños de los inmuebles; en algunos casos solo eran pequeños arreglos, pero en otros se trataba de edificios completos cuya estructura resultó severamente dañada. Aunque los peritajes señalaron que no era necesario demoler, esos inmuebles no pueden ser habitados hasta que no reciban su correspondiente rehabilitación.

La respuesta de esos propietarios ha sido simular o tratar de engañar a sus inquilinos. Algunos pretenden llevar a cabo solo arreglos cosméticos que les permitan volver a arrendar rápidamente, sin importar que eso ponga en riesgo la vida e integridad de sus futuros arrendatarios.

Otros quieren que los inquilinos sean los responsables de las reparaciones, en tanto que aquellos que decidieron desocupar los inmuebles, no recibieron la devolución de su depósito, a pesar de que esa es una obligación de los propietarios cuando se trata de casos de fuerza mayor.

2. Abuso de arrendatarios

Así como hay arrendadores que no tienen escrúpulos y abusan de sus inquilinos, también hay arrendatarios que intentan sacar provecho de la situación de emergencia. En @licsayudando atendimos a propietarios cuyos inquilinos se negaban a desocupar el inmueble para que fuera reparado. En estos casos el propietario estaba actuando conforme a derecho: devolvía el depósito, y no pretendía cobrar renta alguna en tanto los arrendatarios encontraran otro inmueble.

En estos casos, siempre es recomendable dialogar y negociar extrajudicialmente con el arrendatario que se niega a desocupar la casa o departamento, hacerle ver que el Código Civil capitalino establece que el contrato de arrendamiento puede concluir en casos de fuerza mayor, como lo es un sismo. No se trata de lanzar a la calle al inquilino, sino de evitar que este sufra algún daño por permanecer en una vivienda afectada por el terremoto.

3. Peritajes hechos al vapor

Tras el sismo, los centros educativos, públicos y privados, debían permanecer cerrados hasta que un peritaje oficial determinara que estaban en condiciones de volver a recibir a sus alumnos. Lamentablemente algunos de estos análisis se llevaron a cabo de manera apresurada, e incluso sin que el Director Responsable de Obra (DRO) estuviera presente en la revisión del inmueble.

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, el DRO es un profesionista particular (arquitecto o ingeniero) que auxilia a la administración capitalina, para que se cumplan las normas en todo tipo de edificaciones. Para ello debe contar con una autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Tuvimos casos de padres de familia que atestiguaron la forma en la que se estaban realizando los peritajes en las escuelas. Personal de Protección Civil hacía un rápido recorrido en el inmueble, en tanto que el DRO se limitaba a estampar su firma en el reporte correspondiente, sin siquiera haber entrado a la edificación analizada.

Lo mismo sucedió con edificios de departamentos cuyos propietarios mostraron a los inquilinos peritajes presuntamente avalados por un DRO. Ante la solicitud de que el arrendador dejara una copia del documento, la respuesta fue una rotunda negativa.

A estas irregularidades hay que señalar la “caída del sistema” de la página de internet de Seduvi. Al menos durante los diez días siguientes al sismo no se pudo consultar el listado de los Directores Responsables de Obra, impidiendo con ello que se verificara si seguían vigentes los registros de aquellos que llevaron a cabo los peritajes.

Poner en duda la ética y honorabilidad de un DRO es válido cuando hay testigos de que algunos de estos solo firmaron los peritajes sin haber estado en los inmuebles. La desconfianza también se alimenta de casos como el del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos, a pesar de que sus construcciones habían sido declaradas seguras por varios Directores Responsables de Obra.

4. Patrones y Empleados abusivos

Al igual que en los casos del arrendamiento, recibimos llamadas de empleados que fueron obligados a trabajar –inmediatamente después del sismo- en inmuebles dañados que no contaban con una evaluación sobre su seguridad. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, si el centro laboral presenta daños, por caso fortuito o fuerza mayor, el patrón no puede obligar a los trabajadores a permanecer en este.

Como en otros escenarios, en este tipo de problemas hay dos caras de la moneda: los abusos también se dieron de parte de empleados que fingieron ser afectados por el terremoto en sus viviendas, con el propósito de faltar a su trabajo y seguir recibiendo su sueldo, tal y como lo establecen las normas laborales de nuestro país.

5. Edificaciones indebidas e irregulares

Los daños de algunos edificios no son nuevos, y no se generaron precisamente con el temblor; en otros las averías dejadas por el movimiento telúrico se debieron a que las edificaciones se hicieron de manera irregular o deficiente. Como ejemplo están los más de mil inmuebles afectados -total o parcialmente- en San Gregorio Atlapulco, un pueblo originario de la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Xochimilco.

Ahí nos encontramos con cientos de personas que no cuentan con títulos de propiedad o escrituras de sus casas, lo que hará más difícil la obtención de recursos del gobierno para la reconstrucción. En otros casos, los títulos de propiedad son particulares, se trata de simples escritos entre personas físicas y/o empresas, sin ningún tipo de protocolización notarial, con los que se adquirió o transmitió la propiedad de cientos de inmuebles que hoy requieren ser reconstruidos o rehabilitados.

El abandono de las autoridades de la Delegación Xochimilco hacia los habitantes de San Gregorio agrava la situación, no es un tema coyuntural del sismo, por el contrario, los daños del temblor solo han agudizado la problemática de pobreza, desigualdad, e irregularidades en la tenencia de la tierra que desde hace décadas padece esa población.

6. ¿Cómo salir adelante?

La corrupción que padece nuestro país tiene dos componentes esenciales: el incumplimiento de la ley y la impunidad, se trata de un problema que se alimenta cotidianamente con las prácticas de grupos sociales, no solo de algunos de los que ostentan el poder. Debemos reconocer que como sociedad también tenemos este rostro perverso, no es un problema cultural, sino de los valores y el accionar de cada persona, así como de la estructura institucional mexicana.

Cuando omitimos señalar al corrupto, también nos hacemos parcialmente responsables de los actos de aquel. La tragedia del 19 de septiembre ha sido una oportunidad para que actuemos correctamente, para ser la voz del injusto y obligado silencio de más de 200 víctimas en la Ciudad de México, que en algunos casos perecieron justo porque alguien violó la ley.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.