La SCJN decidió: Gubernatura de Jaime Bonilla será de dos años

SPor unanimidad, los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon este lunes inconstitucional la ampliación de dos a cinco años de la gubernatura en Baja California, por lo que el periodo del titular del Ejecutivo de esa entidad, Jaime Bonilla, concluye el próximo 1 de octubre de 2021.

La resolución, que elaboró el ministro Fernando Franco González Salas, surte sus efectos a partir de la notificación de la misma, aunque otorga un plazo de 120 días para que el Poder Legislativo, y todas las autoridades de Baja California, “realicen los ajustes necesarios y pertinentes para aplicar el artículo octavo transitorio de la Constitución de esa entidad”, en su texto original, el cual establece un periodo de dos años para el gobernador actualmente en funciones.

De esta forma, el pleno del máximo tribunal del país les dio la razón a los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, que impugnaron con sendas acciones de inconstitucionalidad la reforma realizada en 2019 por el Congreso bajacaliforniano, que amplió a cinco años el periodo de Bonilla, cuando este ya había sido electo por dos años.

Fraude a la Constitución

El efecto práctico de la sentencia es hacer válido el artículo transitorio de la Constitución de Baja California, vigente desde 2014, que fue reformado el año pasado para beneficiar al morenista Jaime Bonilla.

En ese numeral de la carta magna local, que es el que subsiste ante la inconstitucionalidad de la reforma posterior, se establece el periodo de dos años para el ganador de los comicios en 2019. Por ende, son inválidas todas las menciones al periodo de 2019 a 2024 para el ejercicio del cargo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, determinó la Corte.

“Permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad general en las urnas”, violenta el principio fundamental de no reelección que establece la fracción I del artículo 116 de la Constitución mexicana.  

En consecuencia, la reforma que hizo el Congreso de Baja California, ampliando el periodo del gobernador bajo el argumento de que este aun no tomaba posesión, debe considerarse un fraude a la Constitución federal, coincidieron los once ministros de la Corte.

El principio de irretroactividad de la ley también fue trasgredido con la ampliación de dos a cinco años del periodo del titular del Ejecutivo bajacaliforniano, al tiempo que se vulneraron los principios de organización política y certeza electoral que rigen en México.

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Elecciones Auténticas

Las bases jurídicas de la representación política vigentes en nuestro país se establecen en el artículo 41 de la Constitución federal, por lo que ninguna normativa estatal puede estar por encima de aquella, justo eso es lo que intentó hacer el Congreso de Baja California al reformar la carta magna de esa entidad.

Los legisladores locales argumentaron que estaban interpretando las intenciones del electorado, que le dio el triunfo a Jaime Bonilla, lo que la Suprema Corte consideró como una alteración a la representatividad por la que optaron los ciudadanos, ya que estos votaron conforme a una convocatoria que establecía un periodo de dos años para la gubernatura.

Los bajacalifornianos decidieron que Jaime Bonilla los representara en uno de los poderes públicos, el Ejecutivo, por un tiempo previamente determinado, el cual no puede modificarse, pues al hacerlo, el Congreso local emitió un acto contrario al sistema democrático mexicano.

Certeza electoral

Fernando Franco González Salas, ponente de esta sentencia, argumentó que al momento de votar todos los ciudadanos deben tener la certeza de los cargos que se eligen y la duración exacta de los mismos, por lo que todos los representantes que resultan electos no pueden alterar dicha temporalidad.

De su lado, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la llamada Ley Bonilla fue una maquinación del Congreso de Baja California que pretendía violentar la voluntad popular, haciendo un fraude a las bases mismas de la Constitución.

La Legislatura de esa entidad fraguó un fraude a la carta magna mexicana, lo cual no es solo un término retórico, “sino un ilícito constitucional atípico”, que esencialmente consiste “en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución (federal) cuando no lo son”, enfatizó Zaldívar.

La ampliación del periodo por el que fue electo Jaime Bonilla, además de trasgredir el principio de elecciones periódicas, libres y auténticas, “de manera más grave y determinante” entraña una violación al voto popular, a la soberanía popular”, y a los principios democráticos que establecen los artículos 39, 40, 41, y 116 de la Constitución, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, apuntó el presidente de la Suprema Corte.

Coincidiendo con el proyecto, la ministra Norma Lucía Piña agregó que la reforma del Legislativo bajacaliforniano era “un atentado contra la democracia y contra nuestra Constitución”, que no puede considerarse válido bajo ninguna circunstancia.

De hecho, la ampliación del periodo de Jaime Bonilla prácticamente es una reelección que “ataca el corazón del sistema democrático” de nuestro país, explicó en su momento el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Ley Bonilla: ¿Amenaza a la democracia mexicana?

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.