La Corte admite demandas contra la Ley Bonilla, pero no la suspende

SLa Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió este jueves las cuatro acciones de inconstitucionalidad que los partidos de oposición a Morena promovieron en contra de la reforma que amplía -de dos a cinco años- el periodo del próximo gobernador de Baja California, aunque negó a los demandantes suspender esa norma, y aclaró que, aunque Jaime Bonilla tome posesión el próximo 1 de noviembre, la duración de su mandato será el que se determine en la sentencia.

Con excepción del Partido Acción Nacional, los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, incluyeron en sus ocursos (peticiones por escrito) la solicitud para que la reforma que beneficia a Bonilla fuera suspendida, hasta en tanto la Corte determine su constitucionalidad.

Sin embargo, el ministro instructor, Fernando Franco González Salas, negó la medida cautelar, especificando que esto no implica avalar un periodo de cinco años para el próximo Ejecutivo bajacaliforniano.

Debido a que estamos ante una norma de tracto sucesivo, es decir, que sus efectos no solo son inmediatos, sino que se mantienen a lo largo del tiempo, aunque Bonilla tome posesión del cargo como gobernador el 1 de noviembre, las consecuencias de la reforma seguirán vigentes.

Por eso el que asuma como titular del Ejecutivo de Baja California “no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, (…) por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”, detalló el ministro Franco en el auto de admisión de las acciones de inconstitucionalidad.

El togado agregó en el documento que no es necesario que la “acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”.

De esta forma, el ministro Fernando Franco González Salas aclara que la toma de posesión de Jaime Bonilla, en la gubernatura de Baja California, no será un acto consumado que pueda considerarse como un elemento de improcedencia para el estudio de las acciones de inconstitucionalidad, como lo habían sugerido algunos de los partidarios de Bonilla.

Amicus Curiae

El ministro también admitió -para que se agregue al expediente- un escrito presentado por el senador de Morena Germán Martínez Cázares, quien como amicus curiae (amigo de la Corte) le pide al máximo tribunal del país que declare inconstitucional la reforma que amplió el periodo de gestión del próximo gobernador bajacaliforniano.

En opinión del legislador, quien antes de pertenecer al partido oficial fue militante de Acción Nacional, “Baja California no puede ser experimento político ni ensayo electoral”. Ese estado tampoco “es la isla de legalidad, que se sustrae elásticamente de nuestra ley fundamental”, expuso el senador.

Los cambios a un artículo transitorio de la Constitución de Baja California, realizados en julio pasado por el Congreso de esa entidad, “son un atropello a la soberanía y a la dignidad cívica de las bajacalifornianas y bajacalifornianos”, además esa reforma altera la legalidad vigente, pone en riesgo el régimen interior del estado, y pervierte el pacto federal, así como “el espíritu fundacional del derecho humano a decidir libre y ordenadamente al gobierno”, le dijo Germán Martínez a la Corte.

Los planteado por el legislador y extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue también respaldado por la senadora de Morena Lily Téllez, quien en su cuenta de Twitter coincidió en quela llamada Ley Bonillaes “un atropello a la soberanía y a la dignidad cívica”.

Acción Declarativa

De su lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) envió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa para que esa instancia se pronuncie y disipe la incertidumbre que se generó por la reforma a la carta magna de Baja California.

Después de resolver las impugnaciones que se presentaron en contra de los comicios en los que ganó Jaime Bonilla, los magistrados de la Sala Superior de ese Tribunal fueron los que validaron su elección como gobernador por un periodo de 24 meses.

Jaime Bonilla ha declarado que él pretende ejercer la gubernatura por cinco años, tal y como se establece en la reforma, aunque también ha reconocido que acatará la sentencia de la Suprema Corte.

Es muy probable que el máximo tribunal del país declare inconstitucionales esos cambios, pues estos violentan los principios que establecen los artículos 41 y 116 de la Constitución federal.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.