Juez vuelve a aplazar audiencia de Ricardo Anaya por dilaciones de la FGR
Una vez más la Fiscalía entregó con retraso a la defensa del panista más elementos que integran la acusación, por lo que la vista se reprogramó para noviembre.
De nueva cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) ocasionó que se reprogramara -para el 8 de noviembre próximo- la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya, debido a que el Ministerio Público le entregó con retraso a la defensa del panista unas mil fojas con documentos que forman parte de la acusación.
Como esa parte del expediente fue entregada por la Fiscalía apenas el pasado 1 de octubre, este lunes el juez de la causa, Gustavo Aquiles Villaseñor, después de verificar la fecha de recepción de los documentos, decidió aplazar por segunda ocasión la audiencia, a fin de que los abogados de Anaya puedan estudiarlos con detenimiento.
La Fiscalía estuvo de acuerdo con esta medida, a decir de la defensa del panista, que en un comunicado reiteró su “total inocencia”. Eduardo Aguilar Sierra, el defensor de Anaya, agregó que “ya se ha evidenciado en la opinión pública que este proceso no es otra cosa que una persecución política”.
El político y su defensa estuvieron presentes vía remota en la vista de este lunes, aunque en realidad el intercambio entre el juez, la Fiscalía y los abogados solo duró unos minutos, ya que de inmediato se decretó un receso para que el togado revisara la petición de los abogados de Anaya, quienes pidieron el aplazamiento debido a los continuos retrasos de la FGR en la entrega de la carpeta de investigación.
Ricardo Anaya está acusado por la Fiscalía de ser presunto responsable de haber recibido -en 2014- un soborno enviado por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), embute que habría servido, según la FGR, para que el panista votara a favor de la reforma constitucional en materia energética.
El dinero que presuntamente habría recibido Anaya fue de 6 millones 800 mil pesos, por lo que este habría incurrido en los delitos de lavado de dinero, cohecho, y asociación delictuosa, mismos que se castigan con penas de entre 12 y 39 años de prisión.
A su vez, en un video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya reveló que “ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018”, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusaba al panista de presunto enriquecimiento ilícito.
Cabe destacar que esa carpeta de investigación nunca fue judicializada, es decir, el Ministerio Público Federal no llevó su investigación ante un juez para proceder en contra de Anaya.
Al respecto, el excandidato presidencial añadió que ese asunto ya estaba cerrado, lo que se prueba en un documento oficial, que mostró en el video, en el que la PGR decreta el no ejercicio de la acción penal en su contra, lo que quiere decir que el Ministerio Público cerró la investigación sin acudir a los juzgados, por no contar con elementos suficientes para probar el delito por el que entonces fue investigado Anaya.
Un expediente voluminoso
La actual acusación en contra del panista integra un expediente que consta de más de 7,700 cuartillas más cinco anexos, que han sido entregados a cuenta gotas por parte de la Fiscalía a la defensa del político.
En el análisis de esa investigación, a través de cuatro videos que se han hecho públicos en las últimas semanas, el mismo Ricardo Anaya ha mostrado, por ejemplo, que él ya no era diputado federal en el momento en el que la FGR dice que presuntamente recibió un soborno de parte de Emilio Lozoya.
La reforma a la Constitución en materia energética, con la que se abrió ese sector a la iniciativa privada, fue aprobada el 11 de diciembre de 2013, y no en el año 2014 que se señala como fecha en la que el político habría recibido el embute.
Según la FGR, el soborno que imputa a Ricardo Anaya provino de la empresa constructora brasileña Odebrecht, firma que pretendía tener control sobre los recursos petroleros de México.
Hasta ahora, la FGR ha informado que dos testigos, identificados como Miguel “N” y Froylán “N”, habrían descrito que presenciaron “diversas visitas de Ricardo “N” y otros legisladores, a las oficinas de Emilio “N”, en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales”.
Sin embargo, en la acusación en contra de Anaya los hechos se describen de una forma diferente, ya que -según el expediente que se le entregó al excandidato presidencial- el soborno habría sido entregado en la Cámara de Diputados por una persona que fue enviada por Emilio Lozoya.
Anaya asegura que él no se encontraba en la Cámara baja en el momento en el que la Fiscalía fija las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se habría cometido el delito, pues él ya no era legislador.
Pese a lo anterior, la FGR asegura que hay “una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
Con esta última premisa, el Ministerio Público Federal quiere procesar a Ricardo Anaya, partiendo de la denuncia realizada el año pasado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien admitió haber recibido diversos sobornos de parte de la firma brasileña Odebrecht, que luego se habrían entregado a varios políticos mexicanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.