Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, en prisión preventiva por denuncia de Emilio Lozoya
Jorge Luis Lavalle, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es el primer encarcelado tras la acusación del exdirector de Pemex.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, dictó prisión preventiva justificada para el exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle Maury, acusado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética de 2013, en la trama de corrupción del caso Odebrecht.
En específico, el exlegislador está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El Consejo de la Judicatura Federal informó este viernes que la medida cautelar decretada por el juzgador se revisará el próximo lunes, debido a que la defensa del legislador solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 horas, a fin de controvertir la acusación de la Fiscalía.
Esto significa que los abogados de Lavalle cuentan con 144 horas para argumentar y proporcionar datos de prueba para que el juez no dicte la vinculación a proceso que solicita el Ministerio Público federal.
De esta forma, Lavalle Maury se convierte en el primer político mexicano que es encarcelado, al menos transitoriamente, tras la denuncia de hechos que realizó -en agosto de 2020- Emilio Lozoya Austin.
En esa denuncia, rendida por escrito ante la FGR, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló al expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray Caso, por presuntamente haber recibido en 2012 más de 100 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht.
Parte de esos recursos, siempre según Lozoya, habrían servido para que, ya desde el gobierno federal, se sobornara a legisladores para que estos aprobaran la reforma energética, entre esos asambleístas que habrían recibido el embute proveniente de lo aportado de manera ilegal por Odebrecht estaría Jorge Luis Lavalle.
En su denuncia, Lozoya aseguró que los legisladores y un secretario de finanzas de un partido político habrían recibido sobornos por 84 millones de pesos.
Senado y UIF son víctimas
El juez Fuerte Tapia impuso la prisión preventiva al exlegislador “porque él considera que sí existe un riesgo de fuga”, confirmó en una entrevista radiofónica, José Joaquín Zapata Altamirano, uno de los tres abogados que defienden a Lavalle Maury.
En una larga audiencia que duró más de 24 horas, en la que se llevó a cabo la imputación formal en contra del panista por parte de la FGR, esa institución se hizo acompañar de representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), y del Senado mexicano, quienes acuden a este proceso en su calidad de víctimas de los hechos delictivos que presuntamente cometió Jorge Luis Lavalle.
El Consejo de la Judicatura Federal detalló que el Ministerio Público argumentó ante el juez que el exsenador debía permanecer en prisión, a pesar de que los delitos que se le imputan no son graves, debido a que no tiene un domicilio fijo, los vecinos del domicilio que el político señaló no lo reconocen, además de que ha salido varias veces del país.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se castiga con penas de entre cinco y quince años de prisión: El cohecho tiene una sanción de dos a catorce años de privación de la libertad, mientras que la asociación delictuosa merece prisión de cinco a diez años.
Los millones de Odebrecht
En agosto de 2020, Emilio Ricardo Lozoya Austin presentó en la FGR recibos y hasta un video que presuntamente serían la prueba de que “hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República”, dijo entonces el Fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Los recursos entregados por personal de la firma Odebrecht habrían sido recibidos por Lozoya, obedeciendo las órdenes del ahora expresidente Enrique Peña Nieto.
En su acusación, Lozoya Austin habría precisado que, durante la campaña presidencial de 2012 y después de esta, recibió instrucciones precisas de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político, además de que, después, estos le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral.
La denuncia de Lozoya forma parte del acuerdo al que el exdirector de Pemex pretende llegar con la Fiscalía, para que esta le aplique un criterio de oportunidad que le permita disminuir o eliminar las acusaciones por las que fue vinculado a proceso el 27 y 28 de julio de 2020. Al exdirector de Pemex también se le acusa de ser presunto responsable de los delitos de cohecho, asociación delictuosa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta ahora, Emilio Ricardo Lozoya Austin sigue teniendo la calidad de un imputado que goza de libertad condicional, que enfrenta dos procesos por los casos de corrupción Odebrecht y la planta Agro Nitrogenados de México, esta última una instalación de fertilizantes que fue comprada por Pemex en 2014 con un sobreprecio de 200 millones de dólares.
Quien entonces era su propietario, el empresario Alonso Ancira Elizondo, fue vinculado a proceso en febrero de este año por ser presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir y alentar una actividad ilícita, teniendo como coautores a Emilio Lozoya, y a su hermana Gilda Susana Lozoya.
Ancira Elizondo está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde el miércoles 3 de febrero, el mismo centro penitenciario donde ahora fue detenido el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.