Investiga SFP compra de ventiladores COVID-19 del IMSS a hijo de Bartlett
La SFP indicó que se inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores para COVID-19 a un sobreprecio.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que, desde el pasado 1 de mayo, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS inició una investigación sobre la adquisición de ventiladores para pacientes de COVID-19 en la unidad de Hidalgo, y que fueron compradas a un hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), supuestamente a un precio arriba del mercado.
En un comunicado, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo.
Sandoval Ballesteros agregó que la SFP “agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación.”
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Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la SFP debería investigar el caso, sin embargo, también fustigó a medios de comunicación y los acusó de querer “debilitar” a su gobierno.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje en el que Manuel León Bartlett, hijo del titular de la CFE, habría vendido a través de su empresa ventiladores para pacientes con COVID-19 a un precio de 1.5 millones de pesos, muy por encima de lo que ofrecen otros proveedores.
López Obrador se refirió a MCCI irónicamente como “Mexicanos a favor de la corrupción” y acusó a este y otros medios, como Reforma de callar ante la corrupción en gobiernos anteriores.
“Su afán es querer debilitar a nuestro gobierno, les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, eso es el fondo de todo”, afirmó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
En su comunicado, la SFP hizo énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.
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