El fracaso de la clase política en Cataluña

España ocupa las primeras planas internacionales por un capítulo vergonzoso en la historia de su democracia: la represión policial contra las y los ciudadanos que el domingo primero de octubre salieron a manifestarse a través del voto de un referéndum señalado como ilegal y sin garantías, pero de alto simbolismo político. Las imágenes de estos hechos circulando durante toda la jornada en redes sociales y prensa lograron consolidar la crisis más profunda en lo que lleva la administración central de Mariano Rajoy, quien a nivel internacional perdió el relato ante su opositor, el gobierno separatista de Cataluña, quién, a su vez, la misma noche del domingo demostró no ser capaz de manejar astutamente ese “bonus político” que la torpeza del primero le otorgó para encaminar apoyo desde fuera hacia un referéndum pactado y con garantías. En vez de eso, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, dejó ver que sus acciones estarían encaminadas a declarar unilateralmente la independencia. Es decir, lo que se observa es un choque de trenes donde reina la sinrazón, en la que el diálogo y la negociación hace mucho tiempo se ausentaron y donde los platos rotos los está pagando una sociedad catalana profundamente fragmentada. El desenlace se pudo haber evitado si los políticos hubieran asumido su papel: abrir vías para el consenso fuera de salidas binarias que excluyen a gran parte de la población que considera pueden existir terceras vías para solucionar el conflicto territorial más allá del “romper o no con España”. Pero en la disputa entre el gobierno de Rajoy y el Govern de Puigdemont no hay espacio para los demás, ni para los españoles fuera de Cataluña que creen que las y los catalanes deberían ejercer su derecho a decidir, ni para esa mitad de catalanes que sí quieren seguir en España. Para entender mejor el contexto desde fuera hay que poner sobre la mesa varios datos:

• Aunque los titulares de prensa muchas veces no permiten esta distinción, es necesario recordar que no todos los catalanes son independentistas (aunque es verdad que este grupo ha crecido significativamente los últimos años). De hecho, en las pasadas elecciones autonómicas de 2015 los votos hacia partidos no independentistas aún fueron mayoría, pero, dado el sistema electoral de circunscripción provincial, a los independentistas, tanto de izquierda como de derecha, les han permitido obtener la mayoría de escaños y formar gobierno (Junts pel Sí) que, junto con el bloque de diputados de la CUP (también independentista y considerado de la izquierda más radical) sumaron los 72 votos para sacar adelante la Ley del Referéndum que convocaba para el 1 de octubre y que presumía de ser vinculante.
• Para que la Ley del referéndum pasara, el bloque independentista incumplió no sólo la Constitución Española, sino el Estatut del parlamento catalán, que, según su reglamento, hubiese requerido de una mayoría calificada de las 2/3 partes de votos a favor, la cual era imposible. De hecho, dicha ley no fue reconocida de origen por la mitad del Congreso autonómico —quien, hay que decirlo, tiene tanta legitimidad como cualquier bancada votada en urnas—, pero, a pesar de toda objeción, el gobierno de Puigdemont dejó claro que llevaría la consulta hasta las últimas consecuencias.
• Ahí empezó la ofensiva del gobierno central del Partido Popular hacia lo que remarcó siempre como “referéndum ilegal”, pasando al terreno judicial lo que nunca debió dejar de abordarse como un asunto político, pero, ante su monolítica postura del “nada se puede” en sus pírricos intentos por tender puentes con la Generalitat, era lo que quedaba: requisar urnas, tumbar páginas web, encarcelar funcionarios de segunda línea, etcétera. Y la tensión subió.

El desenlace ya lo conocemos: fuerzas policiales amedrentando desproporcionalmente a ciudadanos que legítimamente consideran deben tener una vía de expresión. Este referéndum definitivamente no otorgaba las garantías para ser tomado como válido —no había ni la transparencia ni las garantías suficientes para ello y por eso muchos catalanes ni se planteaban participar—, pero debía entenderse como una movilización ciudadana en el terreno de lo simbólico, en donde definitivamente no cabía el uso de la fuerza pública. En pocas palabras: si no existían de origen las condiciones para dar por válida esta votación ni dentro ni fuera de España, ¿qué necesidad de la violencia hacia civiles? Ninguna. Un día después, tras las posturas de Rajoy y Puigdemont el panorama pinta ríspido. Para resolver el conflicto secesionista se necesita sí o sí un cambio de interlocutores que estén abocados a rescatar los puentes que aún no se han dinamitado. Lo preocupante es que, en el caso del gobierno central, los números no dan para una moción de censura y el peligro de unas elecciones anticipadas es que el líder del PP se mantenga incluso con más escaños —ahí los costos del no entendimiento de la oposición—. Y en el caso de Puigdemont…¿qué interés en puentes puede tener un político que cree que puede declarar la independencia de su territorio sin el consenso de la mayoría de sus ciudadanos y tras una votación opaca? El relato independentista, aunque sectario, se refuerza, mientras que en España queda expuesta la debilidad ¿o ausencia? de un relato unificador tras cuarenta años de democracia. Tal vez el conflicto catalán es la oportunidad para replantearse, con seriedad, la evolución hacia un modelo de Estado que reconozca su pluralidad nacional y permita un marco de convivencia donde sean capaces de integrarse todas las identidades que la conforman, y donde se pase de una confrontación entre banderas a un debate real sobre autonomía y soberanía. *La autora es consultora en comunicación política, socia-directora de la firma hispanomexicana Abella y Valencia. Ganadora del Victory Award como Líder Emergente 2017. Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión de la autora, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.

Daniela S. Valencia Consultora en comunicación política. Socia-directora de la firma hispanomexicana Abella & Valencia