FGR quiere pena de 21 años de prisión para Rosario Robles

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió formalmente que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sea sancionada con 21 años de prisión, al considerar que es presunta responsable de dos delitos de ejercicio indebido de funciones, ambos cometidos de manera continuada, con los que el erario público habría tenido una afectación de 5,000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, Robles Berlanga omitió cumplir con sus obligaciones como servidora pública al celebrar diversos convenios con universidades, a las que se les contrató -sin contar con la experiencia y la infraestructura adecuada- para ejecutar diversos programas sociales en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en la trama de corrupción conocida como la “Estafa Maestra”.

Sin embargo, lo solicitado por el Ministerio Público Federal “no son las sanciones que recibiría Rosario Robles pues, afortunadamente, la facultad de imponer penas es propia y exclusiva de la autoridad jurisdiccional (juez)” y no de la Fiscalía, dijo en entrevista con ALTO NIVEL Epigmenio Mendieta Valdés, defensor de la exfuncionaria.

Esta acusación, en la que se pide contra Robles la pena máxima con agravantes en cada uno de los dos delitos, la realizó el Ministerio Público Federal al concluir el plazo de la investigación complementaria.

Con ello se inicia la etapa intermedia del proceso penal que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El abogado de Rosario Robles asegura que su cliente no cometió los delitos por los que la exfuncionaria permanece en prisión preventiva desde hace poco más de un año. De hecho, la acusación formal de la FGR le parece selectiva, desproporcionada e inequitativa.

“Lo que pretenden con esta pena es eliminarla como adversaria o como enemiga, o mantener de por vida en la cárcel a Rosario Robles. Me parece que ese es el mensaje que pretende difundir la Fiscalía con una solicitud de esta pretensión”, argumenta Mendieta Valdés.

Cabe aclarar que el delito de ejercicio indebido de funciones, según el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal, prevé una pena mínima de dos años y una máxima de siete años de prisión. Lo que está pidiendo la Fiscalía es la pena máxima de siete años, más un agravante de 3 y medio años por cada uno de los delitos, dando en total los 21 años de sanción solicitados al juez.

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Omisión vs. Acción

La conducta ilícita por la que la Fiscalía acusa a Robles Berlanga se tipifica en el Código Penal Federal como un delito de omisión y no de acción, es decir, dentro de sus funciones como titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la hoy indiciada habría dejado de actuar según se lo ordenaba la ley.

En específico, la FGR argumenta que Robles debió detener la firma de los convenios que esas dependencias realizaron con varias universidades. Al no hacerlo, siempre según la acusación, la exfuncionaria no impidió el daño que esos contratos generaron al erario público.

En contraste, el defensor de Robles explica que esta no firmó ningún convenio, sino que fueron otros los funcionarios quienes llevaron a cabo esas acciones. La Fiscalía considera que, previo a la firma de dichos documentos, Robles debió de tener conocimiento de que -efectivamente- existía la posibilidad de que podía resultar afectado el patrimonio de la Federación.

Quienes firmaron los contratos fueron “los servidores públicos que formaban parte del Comité de Adquisiciones (…), quien era el presidente de ese comité era Emilio Zebadúa, y junto con ellos otras personas que dependían jerárquicamente de él”, asevera el defensor.

Si la exfuncionaria hubiera firmado esos contratos “estaría en un delito de acción, pero ella no los firmó, de tal manera que lo que le atribuyen es una omisión, supuestamente haber tenido conocimiento, y no (haber) evitado la supuesta afectación”, dice Epigmenio Mendieta. La Fiscalía, agrega, no tiene pruebas para demostrar que Rosario Robles conocía el posible resultado de los convenios firmados por sus subalternos.

Etapa intermedia del proceso

La etapa intermedia del proceso penal en México se compone de dos fases: una escrita y otra oral. La primera inicia con la acusación que formula el Ministerio Público, y la segunda se lleva a cabo con la celebración de la audiencia intermedia.

Una vez que se presenta la acusación, el juez debe fijar una fecha para realizar la audiencia intermedia, la cual tiene que llevarse a cabo en un plazo no menor a treinta días, y no mayor a cuarenta días naturales, aunque la defensa de Rosario Robles tiene derecho a pedir el diferimiento de esa audiencia hasta por 10 días.

Si consideramos que este miércoles se notificó la acusación de la Fiscalía General de la República, es posible que la audiencia intermedia del proceso en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social se lleve a cabo entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre próximos, esto sin que haya solicitud de diferimiento por parte de la defensa.

En esta etapa del proceso, de acuerdo con lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, se efectúa el “descubrimiento probatorio”, que consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas los medios de prueba que pretenden ofrecer en la audiencia final del juicio.

Rosario Robles se encuentra desde agosto de 2019 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, a pesar de que el delito que se le imputa no es grave. En contra de la prisión preventiva justificada que padece la exfuncionaria, su defensa ha tramitado un amparo con el que ya obtuvo una suspensión provisional. El fondo de esta demanda, con la que Robles Berlanga podría obtener su libertad condicional, para seguir su proceso en libertad, se resolverá el próximo mes de septiembre.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.