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FGR dice que Anaya recibió soborno en 2014 para votar reforma energética, pero esta se avaló en 2013

25-08-2021, 6:12:52 PM Por:
FGR Ricardo Anaya
© Especial

El panista, que entonces era diputado, no participó en la aprobación de las leyes secundarias en materia energética en 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, de haber recibido -en 2014- un soborno enviado por Emilio Lozoya para que votara, como diputado que era entonces el panista, a favor de la reforma constitucional en materia energética, sin embargo, esos cambios a la carta magna se registraron en 2013, en tanto que en 2014 el hoy acusado no participó en las votaciones de las leyes reglamentarias relativas a la energía.

Emilio “N”, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo “N”, para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil”.

Detalló la Fiscalía al dar a conocer una versión pública del pliego acusatorio en contra de Anaya.

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La FGR añade que “según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo “N” por una persona de confianza del propio Emilio “N”, cuyo nombre es Norberto “N”; misma cantidad que le entregó a Ricardo “N”, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014”.

Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo “N” votó a favor de la misma”.

Apunta la Fiscalía.

No obstante, los cambios constitucionales en materia energética se concretaron en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2013, según consta en el detalle de las votaciones de esa minuta, en las que -efectivamente- se encuentra el voto a favor de Anaya.

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Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, Anaya expresó que su voto a favor de la reforma constitucional que abrió el sector energético mexicano a la iniciativa privada “fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después”.

“Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega. (..) ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, sentenció el panista, quien hoy se encontraría en el extranjero tras ser citado por la FGR a una audiencia judicial en la que se le haría formalmente la imputación penal.

De acuerdo con la FGR, el dinero que presuntamente habría recibido Ricardo Anaya habría tenido su origen en la empresa brasileña Odebrecht, cuyos funcionarios, a decir de la Fiscalía, pretendían controlar la industria petrolera de nuestro país.

Los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N”, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio “N”, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción
petrolera”.

Detalla el documento de FGR.

¿Hay inconsistencias?

La Fiscalía agregó que dos testigos, identificados como Miguel “N” y Froylán “N”, habrían descrito que presenciaron “diversas visitas de Ricardo “N” y otros legisladores, a las oficinas de Emilio “N”, en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales”.

Con esto, y a pesar de que hay un claro error en el año de aprobación de la reforma constitucional en materia energética, la Fiscalía General de la República asegura que hay “una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

Cabe aclarar que Odebrecht, al ser una empresa constructora, mucho antes de la reforma constitucional energética ya participaba legalmente como contratista de Petróleos Mexicanos.

Además, los argumentos de la Fiscalía que explicarían los presuntos actos delictivos cometidos por Emilio Lozoya, de los que luego se derivarían las conductas ilícitas en las que, a decir de la FGR, habría incurrido Ricardo Anaya, son explicaciones políticas y no jurídicas, que incluso han sido desmentidas por los protagonistas brasileños de la trama de corrupción encabezada internacionalmente por Odebrecht.

En noviembre de 2020, una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, desmintió a Emilio Lozoya en el tema de los sobornos que el exdirector de Pemex reconoció haber entregado a diversos políticos mexicanos.

“Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón”, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann, quien fue entrevistado por la periodista Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab.

El defensor de Meneses Weyll enfatizó entonces que “el único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann.

¿Soborno en el aire?

Por otro lado, en lo que se refiere a la actuación de Anaya en los años 2013 y 2014, cuando era integrante de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, ALTO NIVEL revisó todas las votaciones que se registraron en esa soberanía después de la aprobación de la reforma constitucional energética de 2013, pudiendo comprobar que el panista no participó en la aprobación de las iniciativas relacionadas con ese sector.

Entre el 28 de julio de 2014 y el 1 de agosto de ese año, cuando se celebró el primer periodo extraordinario del segundo año de la LXII Legislatura, la Cámara baja aprobó las leyes reglamentarias de la reforma a la Constitución en materia energética, entre las que se incluyeron la Ley de Hidrocarburos; la Ley de Inversión Extranjera; la Ley de la Industria Eléctrica; la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Ricardo Anaya no emitió ningún voto ni a favor ni en contra de esas legislaciones.

¿Qué sigue?

Ricardo Anaya estaba citado este jueves a comparecer ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la FGR le imputaría formalmente los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado dinero), cohecho y asociación delictuosa, los mismos que enfrenta en libertad condicional Emilio Lozoya, y exactos a los que mantienen en prisión preventiva al exsenador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Lavalle Maury.

Como previsiblemente no se presentará a esa audiencia, pues el excandidato presidencial anunció el pasado fin de semana que saldría del país para evitar ser encarcelado, la Fiscalía General de la República podría solicitar a un juez una orden de aprehensión en contra del político, con la que posteriormente la misma FGR tendría la posibilidad de pedir la detención de Anaya en el extranjero, con fines de extradición.

Las acusaciones que pesan en contra de Anaya podrían mantenerlo privado de su libertad entre 12 y 39 años, en caso de ser encontrado culpable, pues el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), se castiga con penas de entre 5 y 15 años de reclusión.

El cohecho amerita una sanción de entre 2 y 14 años de prisión, y la asociación delictuosa se penaliza con detención de entre 5 y 10 años.

Si bien estos delitos no ameritan la prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público Federal tiene la facultad de solicitar al juez la prisión preventiva justificada, ante el riesgo de evasión del acusado, lo que -por ejemplo- fue concedido a la Fiscalía en el proceso en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury.

En el caso de Emilio Lozoya, la FGR no solicitó que este fuera encarcelado de manera preventiva tras su extradición de España en 2020, ya que el exdirector de Pemex manifestó su intención de colaborar con el Estado mexicano.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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