Estos son los temas que resolverá la Suprema Corte en 2020

SLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este año un buen número de asuntos que impugnan la constitucionalidad de los cambios legales implementados en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacándose las acciones en contra de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, y las impugnaciones que se hicieron en contra de la reforma que amplió el periodo de gestión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

El máximo tribunal del país también determinará la constitucionalidad de la penalización del aborto, la objeción de conciencia, y la inclusión del “derecho a la vida” en la Constitución del estado de Nuevo León, así como la posible violación constitucional de las normas que permiten -desde 2016- la gestación subrogada en Tabasco.

En ese mismo tenor, la Corte también se avocará al estudio de la distribución gratuita de anticonceptivos en Veracruz; la igualdad de género en el otorgamiento de indultos a los presos, y los impedimentos legales que existen para que las personas con discapacidad intelectual puedan contraer matrimonio.

Guardia Nacional ¿inconstitucional?

Las leyes que regulan a la Guardia Nacional fueron impugnadas en 2019 a través de cuatro Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que presentan diversas deficiencias que afectan los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La CNDH consideró que la Ley de la Guardia Nacional, en lo general, así como trece de sus artículos, y otras disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trasgreden la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, y los derechos de igualdad, privacidad e integridad personal.

El Ombudsperson también impugnó la constitucionalidad de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, debido a que en todos estos ordenamientos el Congreso incurrió en varias omisiones que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

Como ejemplo está la facultad que se le otorga a la Guardia Nacional para que esa corporación realice investigaciones en materia de prevención de delitos, lo que violenta los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución. La CNDH consideró en sus demandas que esa norma permite a la Guardia Nacional realizar actos de investigación que solo son exclusivos del Ministerio Público, con lo que se trasgreden los derechos de seguridad jurídica, privacidad, intimidad, así como los principios de legalidad y la prohibición de injerencias arbitrarias.

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Ley Bonilla ¿amenaza a la democracia?

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron por separado sendas Acciones de Inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato del morenista bajacaliforniano Jaime Bonilla.

Esos institutos políticos consideran que la ampliación del periodo del gobernador, de dos a cinco años, realizada con una reforma que aprobó el Congreso local, es una violación a la certeza de los comicios, además de que altera el pacto federal, y con ello se amenaza a la democracia mexicana.

Las demandas también cuestionan el procedimiento realizado en el Congreso de Baja California, pues ese cuerpo legislativo debió citar y escuchar a los presidentes municipales de la entidad antes de aprobar la reforma. La constitucionalidad de estos cambios será determinada por el pleno de la Corte, a partir de un proyecto del ministro Fernando Franco González Salas.

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Salario de funcionarios ¿austero?

La ya varias veces reformada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que desde el inicio de la administración lopezobradorista impuso topes salariales a los funcionarios, aun está a la espera de una sentencia definitiva por parte de la Corte. En mayo de 2019 el máximo tribunal mexicano declaró inconstitucionales dos de los artículos de esa norma, debido a su redacción imprecisa.

La CNDH es una de las instituciones que impugnó esa ley al considerar que esta viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que la norma no detalla la forma en la que se determinó el salario del titular del Ejecutivo federal, pues las percepciones del presidente son el límite con el que se fijan los salarios de todos los demás trabajadores de la administración pública federal.

En ese mismo sentido, al finalizar 2019, el Banco de México interpuso en la Suprema Corte una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, al considerar que este fue aprobado y publicado con diversas omisiones relativas al salario del presidente.

Esta demanda, que podría resolverse hasta después del primer semestre de este año, apunta que el Presupuesto no señala entre las percepciones del titular del Poder Ejecutivo Federal las prestaciones que este recibe en especie, como lo son su vivienda, alimentación y transporte. Una demanda con una argumentación similar fue presentada ante la Corte por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo autónomo que pide la invalidez de más de treinta porciones del Presupuesto 2020.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.