Estos son los delitos que habrían cometido 16 políticos acusados por Lozoya
Algunos de estos ilícitos ya prescribieron, pero la FGR aún puede perseguir al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray.
Cohecho, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y abuso de autoridad, son algunos de los probables delitos que habrían cometido 16 políticos mexicanos señalados en la denuncia de Emilio Lozoya, realizada ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de que esa institución le aplique un criterio de oportunidad, o “una salida alterna”, que le permita al exdirector de Pemex no ser encarcelado.
En la denuncia de hechos, realizada en un documento de sesenta páginas, signado al calce por el mismo Lozoya, y un anexo de cuatro cuartillas que no lleva rúbrica alguna, el exfuncionario acusa principalmente al expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de configurar “una asociación de corte delictivo dirigida a enriquecerse no sólo del erario público”.
Se trató, dice Lozoya, de un “acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que -desde las más altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario” para obtener diversos beneficios, que afectaron incluso la soberanía de México.
El exdirector de Pemex denunció formalmente ante la FGR a 17 personas por hechos posiblemente constitutivos de delito: Se trata de 16 políticos y una periodista, entre los que se destacan, además de Peña Nieto y Videgaray Caso, los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; el exsenador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
El exdirector del IMSS, también extitular de Pemex, José Antonio González Anaya; el exsenador Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro; el exdirector de Pemex y exsubsecretario de Hacienda, Carlos Treviño Medina; el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero; David Penchyna Grub, ahora senador y extitular del Infonavit; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado; y la periodista Lourdes Mendoza, entre otros.
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Cabe aclarar que todas estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en tribunales.
Las 103 fechas
La denuncia realizada por Emilio Ricardo Lozoya Austin, cuya copia fue distribuida a la prensa por fuentes que pidieron anonimato, apunta 103 veces distintas fechas en las que los personajes mencionados habrían cometido conductas presuntamente delictivas, sobresaliendo los años 2012, con 37 menciones; 2013, con 23; y 2014, con 27 señalamientos, aunque también se narran hechos que datan desde 2009 y concluyen en 2016, año en el que Lozoya dejó la dirección de Petróleos Mexicanos.
No estamos ante un recuento anecdótico de actos, sino de posibles delitos que, de acuerdo con lo declarado por el exfuncionario, intentan ser la punta de la madeja a partir de la cual la Fiscalía podría perseguir “un delito más grave”, en contraste con los presuntamente cometidos por Lozoya Austin, requisito indispensable para que este pueda ser sujeto de un criterio de oportunidad, de acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El principal delito sería el de cohecho, pues en el documento se asegura que la firma brasileña Odebrecht aportó recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto por un monto de 3 millones 150,000 dólares, a los que luego se añadieron otros 850,000 dólares entregados por Fabiola Tapia Vargas, quien era socia del consorcio sudamericano en México.
Ese dinero, que Lozoya habría recibido por órdenes de Luis Videgaray, sirvió para pagar a 10 empresas, 9 estadounidenses y 1 de Alemania, que prestaron servicios de asesoría electoral al entonces candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. El exdirector de Pemex admite que él se quedó con 1.5 millones de dólares del total entregado por el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll.
Como estas conductas se habrían cometido entre abril y junio de 2012, la persecución del delito de cohecho en contra de Peña Nieto y Luis Videgaray resulta imposible, pues este tipo penal prescribe a los ocho años, por lo que la facultad de persecución de la FGR concluyó el pasado mes de junio de este 2020, solo en lo que respecta a estos hechos. Lo mismo sucede con los delitos electorales que se habrían cometido por la recepción de ese dinero, pues estos prescribieron en 2017.
Hay que destacar que la figura de la prescripción se interrumpe si el Ministerio Público realiza los actos de persecución correspondientes antes de la fecha en la que prescribe el ilícito, como es el caso de Emilio Lozoya, para quien el delito de cohecho está vigente, pues formalmente se le persigue desde 2018, lo que no ha sucedido ni con Luis Videgaray Caso, ni con Enrique Peña Nieto.
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Sobornos a legisladores
Entre diciembre de 2013 y abril de 2014, de acuerdo con la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía, a fin de que se apoyara la aprobación de la Reforma Energética, el entonces director de Pemex sobornó a varios legisladores con un total de 80 millones de pesos. Una parte de esos recursos, que habrían sido entregados también por órdenes de Luis Videgaray, fueron recibidos en varias ocasiones por Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración de la Cámara alta, quien era el enlace entre Lozoya y los legisladores.
El hoy indiciado detalla en su denuncia que, por ejemplo, se le dieron 6 millones de pesos al ahora senador David Penchyna Grub, y 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, quien luego sería candidato presidencial. Aquí también estamos ante el delito de cohecho, el cual prescribiría entre diciembre de 2021 y abril de 2022.
Aparato organizado de poder
Todos los demás hechos que Lozoya narra en la denuncia, que habrían sido protagonizados por los 16 políticos que el mismo exdirector de Pemex señala en el documento, configuran la probable comisión de los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, abuso de autoridad, y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El tráfico de influencias se comete cuando un servidor público por sí, o por interpósita persona, promueve o gestiona la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. El Código Penal vigente en 2014 y 2015 castigaba este delito con penas de entre dos y seis años de prisión, por lo que, si las conductas se llevaron a cabo en esos años, la prescripción del delito operó entre 2018 y 2019.
La extorsión prescribe a los cinco años, mientras que el abuso de autoridad deja de ser perseguible a los 5 años y medio de cometido el delito, por lo que los señalamientos de Emilio Lozoya en los que acusa a los 16 políticos de realizar actos extorsivos habrían prescrito en este 2020.
No obstante, el “aparato organizado de poder” para obtener diversos beneficios, descrito por el exdirector de Pemex en su denuncia, podría considerarse asociación delictuosa, ilícito que aún está vigente y prescribiría entre los años 2021 y 2022.
A su vez, la prescripción para el enriquecimiento ilícito opera a los 8 años de la comisión del delito, por lo que, si la Fiscalía decide perseguir al expresidente Enrique Peña Nieto o a Luis Videgaray, tomando en cuenta lo dicho por Lozoya, la prescripción sería en el año 2021 o el 2022. Lo mismo sucede con el peculado.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían haber cometido todos estos personajes entre 2014 y 2015, prescribirían hasta 2024 o el año 2025. Por ende, la Fiscalía General de la República aún tiene tiempo para llevar a cabo sus facultades de persecución, pero para ello se requiere una investigación sólida, estrictamente jurídica, y no mediática, además de las pruebas que Emilio Lozoya prometió entregar.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.