Estas son las reformas que impulsará Morena en el Congreso

Reformar el sistema de pensiones; disminuir el número de diputados; crear el seguro de desempleo; reducir el financiamiento público de los partidos políticos; reformar el sistema de justicia, y fortalecer las transferencias federales a los estados para que estos combatan la violencia en contra de la mujer, son algunos de los temas que impulsará Morena en el Congreso durante el primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.

La agenda del partido oficial, que cuenta con mayoría en el Poder Legislativo, también incluye temas específicos para responder a la problemática económica y de salud generada por el Covid-19, destacándose el acompañar el Presupuesto de Egresos con medidas para resolver “la crisis económica de las mujeres ante la pandemia”.

De igual forma, los legisladores quieren reformar la Ley General de Salud para enfrentar los retos de una eventual vacuna contra el coronavirus y otras epidemias, y adecuar esa norma para que se presten mejores servicios en materia de salud mental.

Con la experiencia que ha dejado la pandemia de Covid-19, diputados y senadores de Morena propondrán una reforma para que los empleados sanitarios, de seguridad y protección civil, cuenten con un salario preferente durante una contingencia, incluyendo la asignación de un subsidio para cubrir las cuotas de Seguridad Social y el pago del Impuesto Sobre la Renta.

También propondrán cambios a las leyes de Instituciones de Crédito; Títulos y Operaciones de Crédito, al Código de Comercio, y a las normas que regulan el Infonavit y el ISSSTE, para evitar el cobro de intereses moratorios en casos de emergencia sanitaria.

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Desempleo y DDHH

Si se llegara a registrar otra contingencia de salud como la que estamos viviendo desde marzo pasado, Morena propone crear un seguro para que los trabajadores que sean despedidos puedan solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social “un retiro parcial por desempleo”, sin que esto afecte o disminuya sus semanas cotizadas ante ese organismo.

Esa reforma también está pensada para que, durante emergencias sanitarias, todos los desempleados puedan acceder a sus ahorros totales en las Afores, en tanto que se propone un seguro de desempleo general, “como un piso mínimo de protección social”, para las personas que son excluidas del mercado laboral.

Asimismo, los legisladores morenistas planean expedir una legislación que llene “los vacíos jurídicos que tiene el artículo 29 constitucional, para permitir acotar los actos de inconstitucionalidad (sic) de los gobiernos locales y municipales en el marco de las crisis sanitarias”.

Actualmente, ese numeral de la carta magna establece que solo el presidente de la República, con la aprobación del Congreso, puede restringir o suspender en todo el país, o en un lugar determinado, el ejercicio de algunos derechos que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a una de invasión, a una perturbación grave de la paz pública, o a cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Sin embargo, durante la contingencia sanitaria generada por Covid-19, en algunos estados del país se han visto restringidos, por parte de autoridades locales, los derechos humanos al libre tránsito y a la integridad personal, así como la prohibición de los actos de molestia. Esas actuaciones son inconstitucionales.

Erróneamente, Morena intenta que se establezca en el artículo 29 de la carta magna la facultad de los gobiernos locales para restringir algunos derechos en casos graves como las emergencias sanitarias.

El problema es que esto ya se encuentra regulado en la misma Constitución, pues la fracción XVI, del artículo 73, en su bases primera y segunda, prescribe que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, tienen la obligación de dictar medidas preventivas en caso de epidemias de carácter grave.

Entre esas medidas se encuentra la restricción de la libertad de tránsito, que puede ordenarse desde el gobierno federal en algunas zonas del país. No obstante, en la actual pandemia de Covid-19, el Ejecutivo federal fue omiso y simplemente no emitió ninguna medida regulatoria en este tema.

Ese vacío fue llenado por los gobiernos de los estados incurriendo en actos que son contrarios a la Constitución. Pero esto no significa que a los gobernadores se les deba facultar para limitar los derechos humanos, para que los actos que hoy son inconstitucionales dejen de serlo. Por el contrario, es al actual presidente de la República a quien se le debe exigir que cumpla con lo que dispone la carta magna, justo para evitar que en las entidades federativas se violente nuestro régimen constitucional.

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Propuestas polémicas

Algunas de las iniciativas de reforma constitucional que Morena prevé proponer en los próximos meses prometen elevar las discusiones entre el oficialismo y la oposición, considerando que para los cambios a la carta magna se requiere el voto de la mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso, y Morena solo tiene mayoría simple en el Senado.

Por ejemplo, se intenta incorporar a la Constitución los delitos de despojo y extorsión, para que ameriten prisión preventiva oficiosa; añadir la indemnización por error judicial; cambiar el artículo 102 de la carta magna para imposibilitar la reelección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y reformar al artículo 73 y 109 en materia de ciudadanos alertadores de actos de corrupción.

También se propone modificar el artículo 16 constitucional para derogar la figura del arraigo; expedir una ley para reparar las violaciones a los Derechos Humanos, que será reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal; incorporar la figura de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de reformar al sistema financiero.

Igualmente, Morena incluyó en su agenda legislativa aprobar -ahora sí- la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, y cambiar de forma integral las normas relativas a los derechos sexuales y reproductivos, lo que podría incluir la despenalización del aborto.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.