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Esta es la reforma judicial propuesta por la Suprema Corte y AMLO

Se propone cambiar siete artículos de la Constitución, expedir dos nuevas leyes, y reformar otros cinco ordenamientos.

12-02-2020, 1:46:43 PM
Suprema de Justicia

Consolidar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional de nuestro país, crear una verdadera carrera judicial, y combatir la corrupción y el nepotismo, son los ejes fundamentales de la reforma al Poder Judicial de la Federación que propone el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, junto con el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, que fue presentada este miércoles, propone reformar siete artículos de la carta magna, expedir dos nuevas leyes, y modificar otros cinco ordenamientos, para establecer un marco normativo sistematizado y congruente, de acuerdo con las necesidades institucionales y de los ciudadanos.

Estos cambios permitirán que el Poder Judicial de la Federación logre “una mayor legitimidad ante la sociedad, además de actualizar y perfeccionar el marco normativo para garantizar una justicia de calidad, dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo de la justicia a la sociedad”, detalla la iniciativa.

Debido a que el Poder Judicial no tiene facultades para presentar reformas legislativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo suya la propuesta del titular de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar, quien a su vez entregó la iniciativa al Senado.

Lee: AMLO llevará propuesta de reforma judicial de la SCJN al Congreso

Mérito vs nepotismo

De manera específica, se propone una Ley de Carrera Judicial, inexistente actualmente, a fin de consolidar un verdadero sistema para el ingreso y promoción de los operadores jurídicos, que esté basado en criterios objetivos como el mérito y la igualdad de oportunidades.

Esta norma creará nuevas categorías para puestos que respondan a las necesidades institucionales, garantizando con ello “una justicia de excelencia”. Habrá concursos de oposición para todas las categorías de la carrera judicial, con excepción de los secretarios proyectistas, que son y seguirán siendo personal de confianza.

Además, se pretende que los órganos jurisdiccionales estén conformados de manera igualitaria, y que el Consejo de la Judicatura emita dictámenes de viabilidad de necesidades que determinen, de manera objetiva, los requerimientos y necesidades de plazas, regiones y especialización.

La nueva ley dará continuidad al actual Plan Integral de Combate al Nepotismo, e incorporará nuevas obligaciones para que los jueces elijan a su personal con base “en criterios meritocráticos”, a partir de una lista del 10% de los vencedores del concurso de oposición.

Para la permanencia dentro del Poder Judicial de la Federación se propone crear esquemas obligatorios de evaluación de desempeño laboral, además de establecer un Registro Único de Servidores Públicos que sistematizará la información de todos sus recursos humanos.

Nuevos tribunales y facultades

Esta iniciativa de reforma propone sustituir los Tribunales Unitarios de Circuito, que hoy los preside un solo magistrado, por Tribunales de Apelación que se integrarían por tres magistrados.

También plantea la creación de órganos jurisdiccionales especializados en violaciones graves de derechos humanos, o en aquellos casos que tengan un impacto social de especial relevancia.

De igual forma, pasaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los jueces de Distrito, la facultad para conocer del incidente de cumplimiento sustituto de sentencias. En tanto que a la Corte se le dotaría de nuevas facultades para que pueda atraer cualquier recurso contenido en la Ley de Amparo, cuando su trascendencia así lo amerite.

Así mismo, se proyecta crear Plenos Regionales en sustitución de los actuales Plenos de Circuito, con el objeto de que un Pleno Regional pueda incluso abarcar varios Circuitos, lo que contribuirá al establecimiento de criterios judiciales más uniformes.

Nuevo sistema de precedentes

La reforma prevé que cambie el sistema constitucional de interpretación judicial con base en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la jurisprudencia establecida por otros órganos jurisdiccionales.

Por ejemplo, las razones que se fundamenten en las sentencias dictadas por el Pleno de Corte, por mayoría de ocho votos, y por las salas del máximo tribunal del país, por mayoría de cuatro votos, “sentarán precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas”.

Las jurisprudencias que establezcan los Plenos Regionales, podrán ser sustituidas por las Salas o el Pleno de la SCJN.

Mejor defensoría pública

Entre los cambios constitucionales, se contempla que el servicio de defensoría pública federal cuente con un esquema de capacitación integral y especializado, que estaría a cargo de la Escuela Federal de Formación Judicial, entidad que también tendrá a su cargo el proceso de ingreso y selección a la carrera judicial del Instituto Federal de Defensoría Pública.

La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de aprobar e implementar todos los programas y acciones en materia de capacitación, formación y actualización de los servidores públicos que se vayan a desempeñar como defensores de oficio.

En este punto, la reforma quiere que fortalecer a los defensores públicos para que estos “se conviertan en verdaderos abogados de los pobres”.

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