¿Es un crimen de Estado la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?

Son muchas las preguntas que no han podido ser respondidas en torno a los hechos en los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero hay una interrogante que es fundamental para todo el caso: ¿se trató de un secuestro perpetrado por la delincuencia o es un crimen de Estado?

De acuerdo con los 76 tomos y 13 anexos de la investigación realizada por la otrora Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía General (FGR), los jóvenes estudiantes fueron secuestrados hace cinco años por miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos, que a su vez contaron con la colaboración de elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero.

De hecho, formalmente, la acusación en contra de 142 personas que fueron detenidas en ningún momento fue la desaparición de los normalistas, pues a todos los indiciados se les presume responsables de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Así, en los juzgados donde se han desarrollado los procesos penales del caso Ayotzinapa brilla por su ausencia la palabra desaparición, lo que demuestra que el Ministerio Público federal nunca tuvo la intención de esclarecer los hechos, a pesar de que todos los elementos fácticos de lo ocurrido -hace un lustro- en Iguala, nos indican que se trató de la desaparición forzada de los normalistas.

Crimen de Estado

En nuestra legislación, tal y como sucede en la mayoría de los países del mundo occidental, la desaparición forzada es un delito cometido por algún servidor público cuando este priva de la libertad a una persona, negándose a reconocer esa privación, y a proporcionar la información sobre el destino o paradero del afectado.

También se considera desaparición forzada cuando un particular es el que comete el delito, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público. El funcionario que lleva a cabo la desaparición puede ser cualquiera, ya sea servidor público municipal, estatal o federal, o miembro de alguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial).

El delito “desaparición forzada de personas”, que se castiga con penas de entre cuarenta y sesenta años de prisión, se diferencia de la desaparición cometida por particulares porque en esta última no participan elementos gubernamentales, sino solo delincuentes que no forman parte de ninguna institución oficial.

En el caso de Ayotzinapa evidentemente estamos ante una desaparición forzada, porque los normalistas fueron desaparecidos por miembros de un grupo delictivo con la ayuda de policías municipales. Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los hechos de Iguala también existen indicios de la participación de al menos dos elementos de la Policía Federal.

En el derecho internacional de los derechos humanos, que establece diversas responsabilidades para todos los países, incluido el nuestro, todos los funcionarios o servidores públicos son agentes del Estado, no importa si se trata de un intendente o de un miembro de la alta burocracia, la calidad de agente estatal se adquiere solo con trabajar dentro de cualquier estructura gubernamental.

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Por eso todas las desapariciones forzadas siempre son crímenes de Estado, porque se cometen por servidores públicos, es decir, por agentes del Estado.

En México, erróneamente se tiende a creer que los crímenes de Estado solo los ejecutan funcionarios del gobierno federal, y específicamente integrantes de alguna dependencia del Poder Ejecutivo federal.

Como en la desaparición de los 43 normalistas no participaron funcionarios federales, de acuerdo con la versión de la PGR, se ha querido negar la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen.

Con esto la misma Procuraduría General de la República debilitó por completo su investigación, pues llevó a los juzgados elementos de prueba de un hecho que no ocurrió, toda vez que los normalistas no fueron secuestrados, sino desaparecidos a partir de la ayuda que prestaron policías municipales.

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Estas deficiencias en la acusación que llevó a cabo la fiscalía desde octubre de 2014, cuando se hizo cargo del caso Ayotzinapa, denotan -aquí sí- que el gobierno federal de manera deliberada pretendió eludir su responsabilidad ante los organismos internacionales de derechos humanos. Por eso no deben sorprendernos las liberaciones de algunos de los acusados.

Tampoco será extraño que en unos años más el Estado mexicano sea condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo por la participación de los policías municipales, que ayudaron a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sino también por la denegación de justicia y revictimización que han sufrido los familiares de los normalistas de parte del gobierno federal.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.