¿Es legal que AMLO cancele el aguinaldo de funcionarios públicos?

El aguinaldo que deben recibir todos los trabajadores en México, además de ser una prestación, es un derecho laboral irrenunciable que no puede ser anulado ni siquiera por el presidente de la República. La intención del mandatario Andrés Manuel López Obrador de eliminar los aguinaldos de los funcionarios públicos es inconstitucional e ilegal.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que el titular del Ejecutivo federal les pida a los empresarios que durante la actual emergencia sanitaria mantengan al 100% los sueldos y prestaciones de los trabajadores, y al mismo tiempo se decida anular una de las prestaciones constitucionales a las que tienen derecho quienes laboran en la administración pública federal.

El mandatario mexicano detalló el domingo pasado que se eliminarían los aguinaldos “desde el cargo de subdirectores hasta el del presidente”, además de que los sueldos de la alta burocracia también bajarán con el fin de que el gobierno cuente con más recursos para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

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Trasgresión constitucional

El andamiaje jurídico que protege a los trabajadores del Estado se encuentra en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, y en el artículo 127 de la misma carta magna. De hecho, en este último numeral se considera al aguinaldo una remuneración irrenunciable de los servidores públicos de la federación.

De igual forma, el aguinaldo está contemplado en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, además de que el presupuesto de Egresos lo contempla anualmente.

Pretender suprimir esta percepción es violatorio de los derechos laborales de los servidores públicos y, por supuesto, de sus derechos constitucionales. Más grave aun es que la propuesta provenga del presidente, quien está obligado a cumplir y hacer cumplir la carta magna desde que tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2018.

Podría pensarse que los afectados solo serán los altos funcionarios que ganan entre 85,000 y 120,000 pesos al mes, pero este no es el caso de los subdirectores y directores que perciben sueldos de entre 23,000 y 50,000 pesos mensuales, dependiendo de la dependencia en la que se desempeñen.

De acuerdo con el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, estos tienen derecho a recibir como aguinaldo 40 días de su salario en dos exhibiciones: el 50% antes del 15 de diciembre, y el otro 50% a más tardar el 15 de enero.

Donaciones “voluntarias”

El presidente sabe que no tiene facultades ni legales, ni constitucionales, para cancelar el aguinaldo de subdirectores, directores, subsecretarios y secretarios de Estado, entre otros, por eso no debemos esperar que el mandatario emita un decreto en el que se oficialice la medida.

“De manera específica”, adelantó el domingo López Obrador, “he hecho una consulta y hay consenso: se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores”, apuntó.

Esto nos indica que los funcionarios serán obligados a donar su aguinaldo como un gesto solidario para la administración, sabiendo que -si no aceptan- podrían ser despedidos más adelante. De ser este el caso, se trataría de una coerción a todas luces ilegal.

Lo mismo sucede con la disminución de los sueldos adelantada por el presidente. Aunque se trate de altos funcionarios, en el ejercicio de funciones, mientras el presupuesto de Egresos para 2020 esté vigente, bajar los salarios de la alta burocracia también es contrario a la Constitución.

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Amparo, como alternativa

Todos los funcionarios que no estén de acuerdo con la cancelación de su aguinaldo pueden recurrir al juicio de amparo, a partir del momento en el que se haga oficial la medida. Como esto seguramente no ocurrirá, es decir, resulta difícil que el presidente firme un decreto de este tipo, y lo publique en el Diario Oficial de la Federación, lo más recomendable es esperar a que exista una petición o aviso interno para que el servidor público afectado pueda acudir a los juzgados de distrito.

De igual forma, es muy probable que el Presupuesto de Egresos vaya a ser reformulado por la Cámara de Diputados, ante la crisis económica que nos está dejando la pandemia de coronavirus. En este caso, los burócratas deben estar atentos a las medidas que tomen los legisladores. Si estos llegaran a cancelar o modificar el aguinaldo en un nuevo presupuesto para 2020, también procede el juicio de amparo.

Podría argumentarse que nos encontramos en una emergencia que nos obliga a hacer esfuerzos y sacrificios a todos, incluyendo a los servidores públicos, pero esto no debe plantearse a costa de un derecho laboral irrenunciable. Aceptarlo implica conceder que el presidente trasgreda las leyes y la Constitución, lesionando no solo a la burocracia, sino al Estado de derecho, lo que al final termina afectándonos a todos los ciudadanos.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.