Empresas de energías limpias logran suspensiones contra la Sener
Se inicia así en los tribunales la oposición a la nueva política del gobierno federal que privilegia a la CFE y a los combustibles fósiles.
Dos empresas de energías limpias, entre ellas la española FV Mexsolar XI, son las primeras compañías a las que -por el momento- no se les podrá aplicar la nueva política del gobierno federal que privilegia la generación de energía con combustibles fósiles, así lo determinó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica en la Ciudad México.
Ese juzgado les concedió a las dos firmas sendas suspensiones provisionales en igual número de amparos que fueron admitidos el pasado 15 de mayo, por lo que el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional” no surtirá efectos para esas empresas.
La española FV Mexsolar XI, y otra compañía que no está identificada en los acuerdos del juzgado, impugnan el documento oficial porque este impide la operación de nuevas plantas de energía renovable. De hecho, en sus demandas de amparo, los dos consorcios consideran que la nueva política energética del gobierno federal trasgrede los artículos 1, 4, 14, 16, 25, 27 y 28 de la Constitución.
Las empresas se quejan además de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) no ha llevado a cabo una “evaluación de competitividad en el Mercado de Certificados de Energías Limpias”, tal y como lo establece la Ley de Transición Energética. Además, se impugna “la omisión de iniciar y tramitar el procedimiento previsto en el artículo 94” de la Ley Federal de Competencia Económica.
Ese numeral establece que la Comisión Federal de Competencia Económica debe iniciar de oficio, o a solicitud del Ejecutivo federal, “el procedimiento de investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado”.
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Largos litigios
El Centro Nacional de Control de Energía es el organismo público que ejerce el control operativo del sistema eléctrico en México, lo que incluye la operación del mercado eléctrico mayorista, junto con la transmisión y distribución de toda la energía.
Las empresas que ahora recurren al amparo se oponen en general a las nuevas directrices de la Secretaría de Energía (Sener), que implican un fuerte revés para el avance de las energías limpias en nuestro país.
Sin embargo, debido a que la operación del sistema y del mercado eléctrico en México formalmente está a cargo del Cenace, en sus demandas las dos empresas señalan a ese organismo como autoridad responsable. De hecho, el siguiente paso será la respuesta de la dirección jurídica de esa dependencia, que debe enviar un informe previo que justifique la constitucionalidad de las nuevas medidas.
Tras ello, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica definirá si otorga una suspensión definitiva, la cual puede ser impugnada por la autoridad ante un Tribunal Colegiado.
Estamos en la antesala de un largo litigio que no solo encabezarán las dos
firmas que ya obtuvieron suspensiones provisionales, pues las directrices
anunciadas por la Secretaría de Energía ponen en riesgo al menos 26 proyectos
de energía solar y eólica que ya tenían condiciones para operar, en tanto que
otros 18, que aun estaban en construcción, también se verán afectados.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que los empresarios están “en todo su derecho” de acudir a tribunales para impugnar las nuevas reglas en la industria eléctrica. Es cierto, aunque hay que aclarar que el gobierno federal también tiene obligación de cumplir lo que determinen los juzgadores.
Por lo pronto, el gobierno federal no puede aplicar a las dos empresas que ya obtuvieron suspensiones las nuevas medidas en materia de energía eléctrica, que en los hechos cancelan la reforma energética del sexenio pasado.
En ese tenor, los doce organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideran que el acuerdo oficial hoy en disputa “es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”. En un comunicado, los grupos empresariales condenaron el pasado fin de semana las nuevas normas, a las que calificaron como “un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México”.
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Reforma anulada
La reforma energética de 2013, aprobada en el Congreso a iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, sigue vigente en términos formales, aunque materialmente ha dejado de operar en varios sectores. Es decir, en la Constitución y en las leyes el Estado no es el único inversor en materia energética, aunque en los hechos, la actual administración ha ido cancelando la participación de la iniciativa privada.
Como ejemplo está la cancelación de las rondas que permitirían la participación de compañías distintas a Pemex en la industria petrolera, con lo que el gobierno dejará de recibir más de 160,000 millones de dólares, según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Hidrocarburos.
En el caso de los consorcios de energías limpias, las nuevas directrices del gobierno federal ponen en riesgo inversiones por más de 6,000 millones de dólares y al menos 30,000 empleos.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.