El INE impone (ahora sí) medidas cautelares a los presidenciables de Morena
La tibieza del INE con respecto a los actos anticipados de campaña de las "corcholatas" ya provocó que el Tribunal Electoral le corrigiera la plana.
La tibieza con la que ha actuado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) con respecto a los actos anticipados de campaña de los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, ya generó que el Tribunal Electoral le enmendara la plana a esa autoridad, por lo que -en acatamiento a una sentencia- ahora sí se impusieron medidas cautelares a los aspirantes del partido oficial.
Tras reconocer que los recorridos de los morenistas por el país sí son actos proselitistas, la Comisión declaró procedente otorgar medidas cautelares respecto de los eventos de estos precandidatos pues, desde una perspectiva preliminar, “existe el riesgo inminente de que puedan realizarse otros con iguales o de similares características, que pudieran afectar el principio constitucional de equidad en la contienda”.
Así, tras recibir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE ordenó a estos aspirantes que sus actos no deben contener “elementos proselitistas”, además de que sus denominadas “asambleas informativas” deberán llevarse a cabo “preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales”.
De igual forma, estas actividades tienen que estar dirigidas solo a los militantes y simpatizantes de Morena, y en estas no deberán “emitirse expresiones de índole electoral”, ordenó la Comisión de Quejas.
Recomendaciones y no prohibición
Las llamadas “corcholatas” presidenciales del partido oficial igualmente tienen que informar de manera explícita, antes del inicio de cada acto, sobre el contenido de un acuerdo emitido por la Comisión referida, y sobre las medidas cautelares que ya se impusieron.
Asimismo, la autoridad electoral exige “el deber de cuidado” de los precandidatos, en cuanto a revisar el contenido de sus discursos “para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas” por la Comisión de Quejas y Denuncias.
Cabe aclarar que estas medidas se impusieron luego de que en la Comisión fue rechazada una propuesta de la presidenta de este cuerpo colegiado, la consejera Claudia Zavala, quien planteaba prohibir los actos de los precandidatos de Morena porque, desde su perspectiva, están ocasionando daños irreversibles a la equidad de la próxima contienda electoral.
Sin embargo, los consejeros electorales Jorge Montaño y Rita Bell, rechazaron prohibir las giras de los morenistas, y solo imponer las medidas cautelares.
No obstante, antes de estas últimas determinaciones, todos los aspirantes de Morena han hecho alguna referencia a sus proyectos presidenciales, destacándose el Plan Ángel del excanciller Marcelo Ebrard, con el que propuso usar inteligencia artificial para combatir el crimen y la violencia.
Con esto último, el exsecretario de Relaciones Exteriores incumplió la ley y las advertencias que, desde el 18 de junio, emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, con las que se ordenaba evitar dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral.
Lo mismo sucedió en el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hace una semana planteó que la Guardia Nacional realice funciones en los municipios del país.
“Le vamos a ganar la batalla a la inseguridad, y desde aquí lo ofrezco, debe haber Guardia Nacional en funciones de policía municipal, y tiene que ser con formación militar”, apuntó el exfuncionario en un acto celebrado en Michoacán.
También hay desacato presidencial
De su lado, a pesar de que la Comisión de Quejas le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse “de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales”, bajo cualquier modalidad o formato, el mandatario ha decidido mantenerse en desacato trasgrediendo lo dispuesto por la autoridad electoral, y por lo que mandatan la ley y la Constitución.
El INE fue muy claro con el titular del Ejecutivo federal, quien debe ajustar todas sus expresiones a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Sin embargo, López Obrador ha seguido denostando a la senadora Xóchitl Gálvez, utilizando incluso información privada de los negocios de la aspirante de la oposición.
En específico, sin considerar la orden de la Comisión de Quejas del INE, este lunes de nueva cuenta el presidente trasgredió los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución, y el numeral 69 del Código Fiscal de la Federación, violando el secreto fiscal al que tenemos derecho todos los ciudadanos, incluidos aquellos que aspiran a ser candidatos.
“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?”, dijo la semana pasada el presidente, quien ha decidido obviar que primero él es una autoridad obligada por la carta magna, y no un ciudadano más.
El mandatario también trasgrede la ley al utilizar sus conferencias matutinas para referirse a Xóchitl Gálvez en particular, y a la oposición en general, pues con ello está utilizando recursos públicos del Estado, lo que está expresamente prohibido en los artículos 135 y 41 de la Constitución, en tanto que al no ser objetivo ni imparcial también viola el artículo 201 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.