Ejército “jugó sucio” con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, acusa su abogado
El defensor de los progenitores de los normalistas revela que los militares siguen sin dar información oficial para avanzar en las investigaciones.
El viacrucis que padecen los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, en Guerrero, se cuenta en horas y largas jornadas de protesta a la espera de alguna noticia. Ya han pasado 2,736 días desde aquella noche de septiembre de 2014, cuando dejaron de saber el paradero de sus vástagos, cuyo destino estuvo en manos de un grupo criminal que contó con la colaboración de autoridades.
“Al principio ellos confiaron en el Ejército mexicano, (…) sin embargo, lo que se observa con este informe es que el Ejército mexicano jugó sucio, las fuerzas armadas fueron sucias, se infiltró a la escuela, se espió a los padres de familia, a sus representantes, al GIEI, y se administró información relevante”, asevera en entrevista con ALTO NIVEL Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos.
Esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló en un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa que el Ejército y la Marina de México intervinieron irregularmente en la investigación de estos hechos.
El documento destaca un video de la Marina en la que elementos de esa institución habrían contaminado la presunta escena del crimen en el basurero de Cocula, en tanto que el Ejército dio un seguimiento, en tiempo real, a todos los hechos violentos la misma noche en la que desaparecieron los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014.
Desde entonces, a pesar de que poseen información valiosa, pues de manera paralela llevaron a cabo sus propias investigaciones, las instituciones castrenses de nuestro país se han negado a proporcionarla.
Esta renuencia se enfatiza en el caso de la indagatoria que está a cargo de la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), oficina creada en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, aunque algunos expedientes clasificados como secretos por parte de la Marina y el Ejército han sido entregados al GIEI, nada de esto ha sido enviado por esas instituciones a la FGR, lo que obviamente profundiza la impunidad del caso.
Con estos datos que poseen el Ejército y la Marina “pudo haber avanzado el caso de manera exponencial”, pero con la falta de disposición, “los padres obviamente pues sienten que el Ejército mexicano los usó nada más, los utilizó para las reuniones, violando pues esa confianza que los padres le habían dado”, enfatiza el abogado.
Espionaje militar
El problema es que las fuerzas armadas, al más alto nivel, no solo decepcionaron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ya que el informe del GIEI asegura que elementos castrenses actuaron trasgrediendo la ley.
Primero, porque “el ejército tenía infiltrada la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI)”, es decir, como espía del Ejército, relata el informe del GIEI.
Y en el caso de la Marina, “su participación es manipulando una escena del crimen, una escena sujeta a investigación, y creo que ese es un tema muy grave, y esta incursión en el basurero de Cocula de la Marina, pues (fue) autorizada por autoridades del más alto nivel”, comenta Vidulfo Rosales.
“Quiere decir que las autoridades del más alto nivel tenían conocimiento de esta incursión que se iba a hacer, la pregunta es por qué se iba a hacer, qué se trataba de ocultar en el basurero de Cocula, o qué se estaba construyendo” ahí, enfatiza.
En la conclusión del informe de los expertos se afirma que una serie de autoridades participaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” de los hechos, una narrativa que no tiene ningún respaldo en la realidad.
Entre esas autoridades que ayudaron a la invención de esa supuesta verdad se encuentran la Policía estatal de Guerrero, los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal.
Esa presunta “verdad histórica”, que ya ha sido desmentida con las investigaciones del GIEI, afirmaba que los estudiantes fueron privados de la vida, incinerados en el basurero de Cocula, mientras que sus cenizas habrían sido esparcidas en el Río San Juan.
En realidad no hay ningún elemento material que pueda probar esa versión, pues solo existen las declaraciones de algunos de los detenidos que, por cierto, sufrieron torturas en los interrogatorios, a decir de los mismos acusados y del informe del GIEI.
Connivencia oficial
En contraste, si bien aún no se saben con certeza los detalles de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes, los padres de los 43 desaparecidos sí conocen una de las líneas de investigación que tiene más verosimilitud, aunque solo se trata de una hipótesis que todavía debe ser consolidada con elementos de prueba.
Esa tesis “nos dice que los estudiantes fueron detenidos por la Policía Preventiva de Iguala, y fueron divididos posteriormente en tres grupos, privados de la vida, y sus restos fueron arrojados en distintos lugares, uno de esos lugares es la barranca de la Carnicería donde se encontraron restos que pertenecían a los estudiantes”, detalla Rosales, enfatizando que es solo una línea de investigación que no puede presentarse como verdad, pues para ello se requieren más pruebas.
En septiembre de 2020, en un informe rendido por Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reconoció que en la desaparición de los normalistas también estuvieron involucrados elementos del Ejército y de la Policía Federal. Esto último ha sido reforzado con las últimas indagatorias del GIEI.
“Los datos de prueba nos hablan que participaron, de manera directa en la desaparición, participaron Policía estatal (de Guerrero), desde luego Policía Preventiva de Iguala, Cocula, Ejército mexicano y Policía Federal”, explica Vidulfo Rosales.
Añade que “por ahí un dato de prueba indica que por lo menos 25 estudiantes fueron ingresados al Batallón, al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y ahí varios habrían sido interrogados, incluso algunos ya habrían salido privados de la vida, y otros pues todavía habrían salido con vida, pero fueron entregados a un grupo delictivo que los asesinó y posteriormente los incineró”.
Con esto, la situación actual de las investigaciones del caso Ayotzinapa puede resumirse en la frase pronunciada esta semana ante la prensa por María Elena Guerrero, madre del estudiante desaparecido Giovanni Galindes Guerrero: “Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos todavía información sobre el paradero de nuestros hijos”.
Y es que “el Ejército mexicano posee más información de la que hemos conocido, tiene mucho más, (…) esta información, cuando ha sido requerida por el Ministerio Público de manera formal, el Ejército mexicano la está negando”, lamenta Vidulfo Rosales.
Estamos pues ante un crimen de Estado por la participación del Ejército y de otras corporaciones, tal y como lo reconoció en 2020 Alejandro Encinas, pero lo más grave es que este aún no ha concluido, pues quienes poseen información para esclarecerlo siguen herméticos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.