Doce meses de litigios, así ha sido el primer año de gobierno de AMLO

En su primer año de gobierno, la popularidad que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es directamente proporcional al número de litigios que se desahogan en los tribunales en contra de su administración: Así como la aceptación del mandatario sigue siendo elevada, según todos los estudios demoscópicos, también son inusitadamente altos los juicios promovidos para revertir diversas decisiones tomadas en los primeros doce meses de su gestión.

Además del emblemático pulso que con 107 amparos protagoniza el colectivo #NoMásDerroches en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hay miles de juicios de amparo, y al menos una docena de acciones de inconstitucionalidad, que buscan combatir desde el bloqueo de cuentas bancarias, hasta la Ley de Extinción de Dominio, pasando por las normas que regulan a la Guardia Nacional, además de decisiones como la conclusión de los subsidios que recibían las estancias infantiles.

Todos son temas en los que se cuestiona la legalidad, y en muchos casos la abierta inconstitucionalidad, de las políticas aplicadas por el lopezobradorismo desde el 1 de diciembre de 2018.

Una lista creciente  

Siguiendo el calendario, entre las erratas del presidente que trasgreden normas constitucionales se incluyen, por ejemplo, autoasignarse el monto de su sueldo, sin contar con facultades para ello; ordenar –sin licitación alguna- la compra en el extranjero de vehículos para transportar hidrocarburos; emitir un memorándum para dejar sin efecto las leyes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin contar siquiera con un proyecto ejecutivo; la realización de consultas parciales que no consideran a todos los involucrados para continuar con la termoeléctrica de Huexca, Morelos, así como para empezar los trabajos del Tren Maya.

La elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo que no cumple con las mínimas características que ordenan los artículos 16 y 26 de la Constitución; la actuación adelantada del Ejército como Guardia Nacional, cuando aún no se emitían los acuerdos específicos que ordena la reforma a la carta magna con la que se creó esa corporación; el subejercicio presupuestal que mantiene en crisis al sistema de salud, además de la renuncia a ejercer el poder punitivo del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Esta lista se ve materializada en cientos de audiencias que siguen teniendo lugar en juzgados de distrito y en tribunales colegiados en todo el país, sin considerar los 4,982 juicios de amparo -que aún no concluyen- en contra de los topes salariales y la disminución de prestaciones a la burocracia, a los que se añaden las demandas de más de 7,000 elementos de la Policía Federal que no desean formar parte de la Guardia Nacional.

Avances y retrocesos

¿Todos estos juicios son un sabotaje legal, como lo ha denominado en varias ocasiones el presidente? La respuesta es no, pues el ejercicio de un derecho, como lo es la tutela judicial, es la forma en la que las sociedades democráticas dirimen pacíficamente cualquier controversia.

Acudir a los tribunales señalando que los actos del Poder Ejecutivo federal trasgreden la Constitución no necesariamente es negativo, por el contrario, esto nos habla de ciudadanos más y mejor informados que quieren hacer valer el principio de legalidad, sin el cual no podemos decir que vivimos en un Estado de derecho.

No obstante, el aumento de litigios en contra de las decisiones presidenciales también tiene un aspecto que nos debe preocupar, pues si aquellos se han incrementado es porque el mandatario ha tomado decisiones que carecen de fundamentación legal.

Las autoridades, a diferencia de los ciudadanos, solo pueden hacer lo que les ordenan y facultan las leyes, si no está en las normas ningún gobernante puede actuar, y si lo hace, tiene que ser sancionado, en tanto que el acto irregular debe anularse.

A nadie conviene la discrecionalidad en el ejercicio del poder, pues con ello se erosionan las instituciones debilitándose el sistema político y jurídico en su conjunto, lo que inmediatamente afecta la certidumbre que requieren las inversiones. Los litigios por decisiones que se presumen inconstitucionales también son el espejo en el que se reflejan la desconfianza y el estancamiento económico, justo ese es el saldo del primer año de gobierno de López Obrador.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.