Diputados refuerzan sanciones por feminicidios y violencia contra la mujer
Se incluyeron en la legislación las sustancias, como el ácido, que se arrojen a las mujeres, por el aumento de casos en este tipo de violencia.
A través de cinco distintos dictámenes, la Cámara de Diputados aprobó aumentar las sanciones por el delito de feminicidio, además de reforzar la legislación que castiga la violencia en contra de las mujeres, incluyendo aquella que se ejerce con sustancias que causan graves daños a su salud e integridad.
Debido a que ya son varios los casos en los que mujeres mexicanas han sufrido quemaduras en su rostro y cuerpo por ácidos que les han arrojado, los legisladores incluyeron en la definición de violencia física en contra de la mujer el uso “de algún tipo de sustancia” que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas.
Con esto se subsana una laguna que existía al respecto en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que los ataques con sustancias corrosivas “es una de las formas de violencia típica más brutal e inhumana”, se lee en el dictamen.
Los ácidos clorhídrico y sulfúrico son las sustancias cuyo uso para agredir a las mujeres se ha incrementado en nuestro país, y en todo el mundo, los motivos más frecuentes en estos ataques son el rechazo de las mujeres a las insinuaciones sexuales o las ofertas de matrimonio, explicaron los legisladores en la minuta aprobada, con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Asociación internacional de sobrevivientes de ataques con ácido (Acid Surviviors Trust International).
Más penas para feminicidio
A su vez, la Cámara baja reformó el primer párrafo y cinco fracciones del artículo 325 del Código Penal Federal que tipifica el delito de feminicidio, en el que ahora se incluyó la violencia política como un antecedente que debe ser considerado en caso de que se prive de la vida a una mujer por razón de su género.
El feminicidio ocurre si entre la víctima y su agresor había una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza, o alguna otra que evidencie desigualdad o abuso de poder. Esto último fue añadido al numeral citado a fin de que se contemplen situaciones diversas que impliquen un sometimiento de la mujer con la persona que le priva de la vida.
Las amenazas directas o indirectas que haya sufrido la mujer también serán consideradas como elementos que deben tomarse en cuenta para calificar el feminicidio.
En cuanto a las penas para este ilícito, estas se incrementarán hasta en una tercera parte “si el delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima”. También cuando esta sea menor de edad.
Asimismo, la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad si el delito es cometido por algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción o de ejecución de penas, o por algún prestador de servicios de seguridad privada. Todos estos son agravantes que se añaden a las penas que ya se imponen a quien cometa un feminicidio.
Actualmente el delito de feminicidio se castiga con sentencias de entre cuarenta a sesenta años de prisión, además de que el sujeto activo, es decir, el feminicida, pierde todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
Policía especializada
En otro dictamen aprobado por los diputados, se reformó el artículo 49 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer, como una obligación de las Secretarías de Seguridad o análogas, la creación de grupos policiales especializados en atención a violencia por razón de género
Igualmente se cambiaron los artículos 5 y 50 de esa misma norma para que los municipios de todo el país cuenten con policías especializados en violencia en contra de las mujeres, lo que implica que estos cuerpos de seguridad den seguimiento a las órdenes de protección que emitan las Fiscalías a favor de aquellas mujeres que hayan denunciado a su agresor.
En esta reforma se estipula el Código Naranja, una clave operativa asignada a todas las mujeres que estén integradas en una base de datos municipal por necesitar protección. Además de este código, los municipios deben crear protocolos de actuación de sus policías para responder de manera inmediata a los reportes de amenaza que hagan las víctimas con orden de protección.
Las mismas unidades de policía especializada deberán informar a “los generadores de violencia sobre su estatus legal y todas las consideraciones que deben atender para no violar la orden de protección, así como para brindarles posibilidades para su reeducación”.
Prevención y castigo
Todas estas reformas intentan hacerle frente, en el ámbito legislativo, al aumento de la violencia en contra de la mujer en México. Los diputados no solo incrementaron las agravantes para quien cometa el delito de feminicidio, sino también reforzaron las medidas preventivas que las autoridades de seguridad deben aplicar para proteger a las mujeres que sufren violencia.
La creación, a nivel municipal, de cuerpos especializados de policías, en los que también debe incluirse personal de otras disciplinas como la psicología, tiene como objetivo ofrecer una mayor seguridad a las mujeres que sufren violencia.
No debemos olvidar que el municipio es la instancia gubernamental más inmediata para toda la población, por lo que el Código Naranja que debe establecerse a partir de estas reformas, es una medida que toma en cuenta las experiencias positivas que en este tema se han registrado en otros países.
Por ejemplo, en Estados Unidos es la policía de los condados la que atiende las llamadas de emergencia en casos de violencia doméstica, en tanto que sus elementos también son los encargados de vigilar que se cumplan, por parte de los agresores, las ordenes de restricción a favor de las víctimas.
De lo que se trata es de evitar que se cometan más feminicidios, es decir, homicidios de mujeres que son privadas de la vida solo por ser mujeres. En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 10 mujeres son asesinadas diariamente en promedio.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.