Diputados aprueban ampliar juicio político a funcionarios que ataquen la democracia y los planes del gobierno
Los legisladores también quitaron la facultad de los Congresos de las entidades para decidir la eliminación del fuero de gobernadores.
A toda prisa, y sin seguir el proceso de discusión reglamentario, diputados de Morena y de los partidos del Trabajo, y Verde Ecologista de México, aprobaron -en lo general- la madrugada de este jueves la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que sancionará con juicio político a todos los funcionarios que ataquen a las instituciones democráticas o incurran en “violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal”.
La norma, que fue aprobada en lo general con 273 votos a favor, 220 en contra y ninguna abstención, prevé que el juicio político será procedente para los funcionarios de todos los órdenes de gobierno cuyos actos u omisiones “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
La ley, que aún debe avalar el Senado, también le quita a los Congresos de las entidades federativas la facultad de decidir, en última instancia, si eliminan el fuero de funcionarios locales, como lo puede ser el gobernador, en caso de que estos hayan sido sujetos de una declaración de procedencia en la Cámara de Diputados.
Con respecto a las conductas que “redundan en perjuicio” de los intereses públicos, los supuestos que se sancionarán son: El ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo; la usurpación de atribuciones o el uso ilícito de atribuciones y facultades; y cualquier violación a la Constitución, detalla el artículo 7 de la ley.
También serán sujetos de juicio político los servidores públicos que violen leyes federales, cuando la acción u omisión cause perjuicios graves a la federación, “o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, así como “las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales”.
El juicio político es el procedimiento a cargo de las dos Cámaras del Congreso que permite destituir e inhabilitar a los servidores públicos que no cumplan de manera adecuada con sus funciones, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución.
Ambigüedad y discrecionalidad
La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia reglamentará los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 constitucionales, al tiempo que abrogará la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data de 1982.
Esta ley no solo aborda el procedimiento a seguir en los casos de funcionarios que vayan ser sujetos de juicio político, sino que también reglamenta lo que se refiere al desafuero de servidores públicos locales y federales.
La oposición en la Cámara de Diputados argumentó que la norma, además de incluir términos y supuestos de procedencia ambiguos que se prestan a interpretaciones discrecionales, su propósito es perseguir a los servidores públicos contrarios al actual partido gobernante.
Felipe Fernando Macías Olvera, diputado del Partido Acción Nacional detalló en la tribuna que la ley tiene como dedicatoria lo que hizo el Congreso de Tamaulipas, que no le quitó el fuero al gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que este fue desaforado en la Cámara de Diputados.
“Quieren castigar a la oposición, a servidores públicos que se han enfrentado a esta administración”, apuntó.
De manera específica, el artículo 35 de la ley establece que, en el caso de los gobernadores y de otros funcionarios de las entidades federativas, “la declaración de procedencia (desafuero) que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados”.
De su lado, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre Valdez, consideró que la ley establece un “instrumento sesgado” para el juicio político de los funcionarios, lo que violentaría el debido proceso de quienes sean sujetos a este juicio.
MÁS NOTICIAS:
- Ajuste fiscal, remedio ante inminente crisis global de deuda: FMI
- Xóchitl Gálvez pide a banqueros no desaprovechar el nearshoring
- AMLO asegura que reforma a pensiones no es para robar o expropiar recursos
- ¿Cuál es la historia de Betterware y quién es su dueño?
- ¿Es real que 98.5% de los mexicanos tiene servicios de salud gratuitos?
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.