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COVID-19 en los juzgados: Esto han resuelto los jueces de amparo

16-04-2020, 7:21:49 AM Por:
Ley Covid 19
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Desde la realización de pruebas clínicas, hasta que el presupuesto se reasigne en apoyo de empresas, el amparo también es protagonista de la pandemia

Ante las diversas omisiones del gobierno federal, que han mostrado una deficiente preparación para enfrentar la pandemia de Covid-19, la actividad en los juzgados de Distrito no se ha hecho esperar: Ciudadanos de los estados de Baja California, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca, entre otros, han obligado el accionar de las autoridades administrativas, a través del juicio de amparo, en beneficio de los derechos humanos de los quejosos.

Desde el pasado mes de marzo, y aun después de la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación, los juzgados de guardia han ordenado -por ejemplo- la realización de pruebas de detección de Covid-19, a favor de pacientes con síntomas que previamente habían sido rechazados para el análisis.

También se han beneficiado médicos de instituciones de salud pública, a quienes no se les habían proporcionado los elementos de protección para atender a personas infectadas con coronavirus, y trabajadores del gobierno que viven con diversas condiciones de riesgo, y que estaban siendo obligados a seguir laborando.

Medico en México
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La reasignación de recursos presupuestarios para atender la emergencia sanitaria, la posibilidad de que las autoridades federales otorguen incentivos fiscales, o permitan diferir el pago de impuestos, son otros temas también abordados en los tribunales.

Así, el juicio de amparo en México también se ha convertido en protagonista de la pandemia, lo que muestra -por un lado- que tenemos un instrumento jurídico que permite proteger nuestros derechos humanos; aunque por el otro, la litigiosidad generada por el coronavirus prueba que, lamentablemente, el Poder Ejecutivo federal ha incumplido con lo que le ordena la Constitución.

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Protección y detección

En el estado de Michoacán, además de la suspensión de plano obtenida por el abogado Jorge Álvarez Banderas, para que el gobierno federal emitiera medidas y acciones sanitarias que evitaran el contagio del Covid-19, los jueces de Distrito han ordenado la realización de pruebas de diagnóstico en favor de ciudadanos que la autoridad rechazó cuando estos pidieron el análisis.

En este caso, en cuanto los quejosos presenten algún síntoma, el gobierno deberá realizarles la prueba de detección del coronavirus, en tanto que las autoridades sanitarias fueron obligadas a realizarle la prueba a una mujer de esa entidad, que ya presentaba síntomas compatibles con Covid-19, de acuerdo con el litigante Jorge Álvarez.

Coronavirus
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De igual forma, en Morelia, una médica trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promovió un amparo para permanecer en su casa durante la emergencia, pues sus superiores pretendían obligarla a trabajar a pesar de que padece una enfermedad que pone en riesgo su vida, en caso de contraer coronavirus.

En esa misma entidad dos empleadas de la Fiscalía General de la República también se beneficiaron con una suspensión, que les permite no acudir a su centro laboral, y realizar su trabajo desde sus respectivos domicilios.

Lo mismo sucedió con una galena empleada de un hospital público en el Estado de México, quien promovió un amparo por no contar con el equipo de protección necesario para evitar contagiarse de Covid-19. El Juez Decimosexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México le otorgó la suspensión de plano para no presentarse a laborar, si no se le proporciona el equipo apropiado para salvaguardar su salud.

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Incentivos fiscales

A su vez, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de San Luis Potosí otorgó una suspensión de plano, que hace las veces de definitiva, en un juicio de amparo promovido por una empresa, para que el presidente de la República condone el pago de impuestos, o autorice que este se lleve a cabo en parcialidades, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, la suspensión fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de esa entidad, después de una impugnación de la Procuraduría Fiscal de la Federación. En este punto hay que aclarar que el tribunal referido anuló solo la suspensión, por lo que el juicio de amparo principal continúa su curso.

Un criterio similar al del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de San Luis Potosí fue expresado por Francisco René Olivo Loyo, juez Sexto de Distrito en materia de Amparo en el estado de Puebla, quien negó una suspensión a dos ciudadanos que pedían la condonación en el pago de impuestos.

No obstante, el mismo juez sí concedió a los demandantes la suspensión de plano para que la autoridad les practique, en su domicilio, el estudio médico correspondiente para diagnosticar el Covid-19, independientemente de que los quejosos presenten o no los síntomas del virus. Si el resultado de los análisis resultara positivo, a los promoventes del amparo también se les deberá brindar la atención médica que requieran, de acuerdo con lo ordenado por el juzgador en la suspensión.

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Reasignación presupuestal

El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California concedió a una empresa una suspensión provisional para que el gobierno federal adopte medidas urgentes “dirigidas a la salvaguarda de las fuentes de empleo”, ya que la actual emergencia sanitaria, y la subsecuente disminución de actividades económicas, pone en riesgo el derecho humano al desarrollo.

Basando su resolución en tratados internaciones y en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el juez José Rivas González consideró procedente la solicitud del quejoso, consistente en la reasignación del presupuesto de egresos 2020, “a efecto de que sea destinado a la crisis económica derivada de la emergencia nacional”.

El togado argumentó que, de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución, el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, por lo que concedió la suspensión provisional para que el gobierno federal tome las medidas necesarias para la protección de las fuentes de empleo, mediante la reasignación del presupuesto de Egresos.

Debido a la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación, y a las impugnaciones que seguramente promoverán las autoridades, la conclusión de todos estos juicios de amparo presentará un importante retraso. Aun así, las sentencias que emitan los juzgados y tribunales sentarán un valioso precedente, en beneficio de la protección de los derechos humanos en México.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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