Científicos acusados por FGR comparecerán ante Ministerio Público para conocer expediente
Tras haberlo solicitado -sin éxito- durante 18 meses, los académicos ya podrán declarar en la Fiscalía y conocer el expediente en su contra.
Los académicos que pertenecían al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presuntos responsables de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada, por fin podrán comparecer ante el Ministerio Público, ejerciendo su derecho constitucional a conocer -por primera vez- los datos del expediente abierto en su contra.
Al menos cinco de los científicos, de una lista de 31, a quienes la Fiscalía ha pretendido encarcelar en un penal de máxima seguridad, ya fueron citados por la institución para que comparezcan esta semana ante el Ministerio Público, un derecho que está contemplado en el artículo 20 de la Constitución, que había sido solicitado -sin éxito- por los investigadores durante el último año y medio, de acuerdo con el abogado defensor de tres de ellos.
En entrevista con ALTO NIVEL, el litigante Alberto del Río, informó que los académicos se presentarán puntualmente en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para ejercer el derecho que hasta ahora la FGR les había negado: Ser escuchados por la autoridad y conocer de primera mano la investigación del caso.
El citatorio enviado por la Fiscalía es para que declaren “en calidad de imputados y para enterarse del contenido de la carpeta de investigación”, dijo el letrado, pues en los últimos 18 meses, insistió, a pesar de que se solicitó de manera reiterada, los acusados no han podido ejercer su derecho constitucional a la defensa.
Mientras la prensa mexicana ya ha publicado incluso una parte de la investigación de la FGR, los imputados no conocen con exactitud las acusaciones, a pesar de que la carpeta ya fue presentada dos veces en un juzgado, donde la Fiscalía solicitó sendas órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos.
El juez que conoció de esas peticiones negó las órdenes de captura, primero porque el Ministerio Público presentó un expediente con varias deficiencias, en tanto que, en la segunda ocasión, cuando los errores fueron corregidos, al analizar el caso el togado argumentó que la acusación no configuraba delito alguno, pues los académicos habrían actuado conforme al artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el numeral 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Pese al fracaso, la FGR ha insistido que “ese criterio (del juez) no es aceptable”, por lo que ha decidido volver sobre sus pasos y ampliar la investigación actuando como debió hacerlo desde el principio, allegándose las declaraciones de los imputados.
“Conocemos lo que se ha publicado en los medios, conocemos lo que el fiscal (Alfredo) Higuera relató en su entrevista radiofónica, pero no, acceso al expediente no hemos tenido”, lamentó el defensor de tres de los científicos.
Alfredo Higuera Bernal, abogado de larga experiencia en la administración pública, ex fiscal para el caso Ayotzinapa, y exprocurador de Justicia del estado de Sinaloa, es desde julio de 2019 titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Pruebas acusatorias
La Fiscalía General de la República asegura en su indagatoria que los investigadores, al ser miembros del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, habrían utilizado de manera ilícita poco más de 470 millones de pesos, provenientes de dos fideicomisos que manejaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Los recursos fueron transferidos por el Conacyt a la asociación civil, debido a que así estaba previsto tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, como en el Estatuto Orgánico del Conacyt, pues la referida asociación civil fue creada legalmente para llevar a cabo una colaboración público-privada con esa institución gubernamental.
Las pruebas de la Fiscalía de los presuntos delitos cometidos por los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, son las transferencias autorizadas por el Conacyt. Ergo, se trataba de actos jurídicos investidos de legalidad entre 2013 y 2019.
En ese tenor, el abogado Alberto del Río no puede hacer ningún comentario, pues además de que no le han permitido conocer la carpeta de investigación, tampoco ha visto lo que resolvió el juez al negar las órdenes de aprehensión.
No obstante, el litigante se siente optimista porque los citatorios a los académicos le permitirán conocer el expediente para con ello iniciar su estrategia de defensa, considerando además que el Poder Judicial de la Federación ya rechazó en dos ocasiones el pliego acusatorio de la Fiscalía.
De igual forma, como antecedente está la resolución de un Amparo en Revisión que estudió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio que fue sobreseído y dejado sin materia por esa instancia, debido a que los quejosos, miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, retiraron la demanda de amparo.
Sin embargo, los considerandos de la resolución de la Segunda Sala expresan que la relación entre la asociación civil mencionada y el Conacyt era “jurídicamente posible en la medida en que el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la previó” en su Estatuto.
Clima de intimidación
Las imputaciones de la Fiscalía en contra de los 31 académicos han sido rechazadas no solo por los acusados y por la comunidad científica del país, sino también por investigadores de importantes universidades de Estados Unidos y Europa.
Docentes de las universidades de Columbia, Harvard, Princeton y Stanford, junto con la francesa Sciences Po, manifestaron en un comunicado que han seguido “con gran preocupación” los esfuerzos de la FGR para arrestar y procesar a 31 científicos, por lo que condenan “cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”.
A su vez, la Red Internacional de Academias y Sociedades Académicas de Derechos Humanos (IHRN), que se integra por 90 sociedades científicas, también apoyó públicamente a los imputados mexicanos.
Este colectivo apuntó que la actuación de la Fiscalía no es compatible con las obligaciones de México ante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e igualmente es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.