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Ayotzinapa: Seis años de un crimen de Estado que permanece impune

24-09-2020, 9:21:01 AM Por:
Ayotzinapa
© Reuters

La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa sigue sin resolverse a pesar de que esa fue una de las promesas de López Obrador.

Han pasado 2,190 días, seis largos y oscuros años en los que campea la impunidad en uno de los actos criminales más emblemáticos de la última década en México: La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, un crimen de Estado que sigue sin resolverse a pesar de que las investigaciones del mismo fueron reabiertas desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy solo sabemos con certeza que los normalistas fueron desaparecidos, pues sobre los autores del delito, los móviles del mismo, la mecánica de los hechos, la intervención de elementos policíacos y militares, y el paradero de los estudiantes, existen varias versiones. Se trata de distintas narrativas que no han logrado completar una explicación certera, sino que -por el contrario- solo han servido para aumentar las preguntas sin respuesta del caso.

Entre estas versiones se destaca, por supuesto, la llamada “verdad histórica” que elaboró la otrora Procuraduría General de la República (PGR), según la cual los 43 jóvenes fueron capturados, privados de la vida, y luego quemados en un basurero, por elementos del grupo delictivo Guerreros Unidos, que habrían contado con la ayuda de policías de los municipios de Iguala y Cocula.

No obstante, en juzgados y tribunales la teoría de la PGR no se ha sostenido, pues 78 de las 142 personas detenidas inicialmente ya han sido liberadas, muchas de ellas sin llegar a juicio, debido a que los acusados sufrieron tortura y otras violaciones a sus derechos humanos.

Lee: FGR solicita 46 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa

Reapertura del caso

Un escenario distinto es el que actualmente plantea la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación, instancia creada por decreto presidencial el 4 de diciembre de 2018, al iniciar la gestión de López Obrador.

En junio pasado “se acabó la verdad histórica”, de acuerdo con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien al reabrir las investigaciones obtuvo de un juez federal 46 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos federales y del estado de Guerrero, que estarían involucrados en la desaparición de los normalistas o en la manipulación del caso.

Entre estos últimos resalta Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien está acusado por la FGR de fabricación de pruebas, alteración de evidencia y tortura. Este exfuncionario, que se encuentra fuera del país, prófugo de la justicia, fue el encargado de investigar la desaparición de los estudiantes, obteniendo confesiones de algunos implicados mediante tortura y malos tratos, de acuerdo con la Fiscalía.

Zerón de Lucio, quien presumiblemente se encontraría en Israel, ha promovido en total 38 amparos para evitar su detención, tanto en México como en el extranjero, pues -de hecho- cuenta con una ficha roja de Interpol que lo busca en 195 países.

Lee: Tomás Zerón combate en tribunales orden de búsqueda y detención

Otros dos exfuncionarios, de entre los 46 que cuentan con órdenes de aprehensión, ya fueron detenidos. Son Isidro Junco Barajas, exagente de la Policía Federal Ministerial, y Ezequiel Peña Cerda, exdirector de área de la Agencia de Investigación Criminal.

A su vez, también en junio pasado, fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alías el Mochomo, líder de Guerreros Unidos, a quien se le considera un actor clave en el caso Ayotzinapa.

Otro logro de la reapertura de las investigaciones es la identificación de uno de los estudiantes desaparecidos, a partir de un hueso que fue encontrado en noviembre de 2019 en una zona conocida como la “barranca de la carnicería”, ubicada a unos 800 metros del basurero de Cocula. El resto óseo fue analizado en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, concluyendo que pertenecía a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, de 19 años.

Hasta ahora, seis años después de su desaparición, solo tres de los 43 estudiantes han podido ser identificados a través de muestras de ADN obtenidas de restos óseos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Preguntas sin respuesta

Las motivaciones de los autores materiales de la desaparición de los normalistas siguen siendo una incógnita. La otrora PGR sostuvo que los estudiantes habían sido confundidos por miembros de Guerreros Unidos con elementos del grupo rival los Rojos. Pero esta versión formaba parte de la “verdad histórica” que hoy ya ha sido refutada por la actual Fiscalía, aunque esta instancia no ha revelado una versión alternativa sobre el móvil del crimen.

Tampoco se conoce con exactitud por qué se incineraron algunos o todos los cuerpos, y lo mismo sucede con las bolsas que contenían cenizas que fueron halladas posteriormente en el río San Juan, cerca del municipio de Cocula.

La Fiscalía General de la República tampoco ha respondido las impugnaciones que hizo a la investigación oficial el Equipo Argentino de Antropología Forense, sobre la deficiente cadena de custodia que siguieron las autoridades con respecto a las pruebas encontradas.

No se sabe aún si las nuevas indagatorias coinciden con las declaraciones de algunos de los detenidos, que afirmaron ante el Ministerio Público que un número no determinado de estudiantes habría fallecido por asfixia en el trayecto al basurero de Cocula. ¿Esta versión forma parte de la mecánica de los hechos, o ya quedó atrás junto con todo lo realizado inicialmente por la PGR?

¿Hay algo que pueda rescatarse de los 76 tomos y 13 anexos de la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República el sexenio pasado? ¿Aquellos que siguen detenidos, que solo eran acusados por secuestro agravado y delincuencia organizada, se les imputará también el delito de desaparición forzada?

¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconocerá la intervención, al menos como testigos de los hechos, de elementos del Ejército y de la Policía Federal en aquella trágica noche en Iguala? Estas son solo unas cuantas preguntas que siguen sin respuesta en este caso.

Recomendamos: Ayotzinapa, ¿un crimen de Estado?

Estado criminal

La desaparición forzada, que se castiga con penas de entre cuarenta y sesenta años de prisión, es un delito cometido por algún servidor público cuando este priva de la libertad a una persona, negándose a reconocer esa privación, y a proporcionar la información sobre el destino o paradero del afectado.

También se considera desaparición forzada cuando un particular es el que comete el delito, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público. El funcionario que lleva a cabo la desaparición puede ser cualquiera, ya sea servidor público municipal, estatal o federal, o miembro de alguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial).

El caso Ayotzinapa es una desaparición forzada, porque los normalistas fueron desaparecidos por miembros de un grupo delictivo con la ayuda de policías municipales. Además, también existen indicios de la participación de al menos dos elementos de la Policía Federal, según la recomendación que al respecto emitió en noviembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Debido a que todos los funcionarios o servidores públicos son agentes del Estado, cualquier desaparición forzada, como la de Ayotzinapa, siempre es un crimen de Estado.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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Septiembre 2020

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