Aumenta Presidencia presión sobre SCJN por plan B electoral de AMLO
El Ejecutivo federal acusa al máximo tribunal del país de querer “sustituir” al Congreso.
Las acusaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de que el máximo tribunal del país es encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, no solo se han intensificado en la última semana, sino que ya constituyen un profundo diferendo en el que -lamentablemente- no se avizora alguna solución.
En esta ocasión, luego del varapalo que le propinó la Corte a la actual administración federal al invalidar la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, el choque de opiniones se centra en la posible declaración de inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B electoral del presidente, lo que podría ocurrir este mismo lunes si el Pleno de la SCJN concluye la discusión del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.
La propuesta que tendrán que votar los once ministros plantea que la reforma a las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, avalada en diciembre de 2022, trasgrede los artículos 71 y 72 de la Constitución, debido a que fue aprobada en el Congreso con un “cúmulo de irregularidades y violaciones a los Reglamentos de cada Cámara”.
Si al menos ocho de los once ministros coinciden con el proyecto de sentencia de Pérez Dayán, esos cambios serán invalidados por completo, dándole la razón a los partidos de oposición a Morena, y a diputados y senadores también contrarios al oficialismo, quienes promovieron siete Acciones de Inconstitucionalidad en contra de las normas reformadas.
En estas ahora se permite que los funcionarios y los gobiernos federal, de las entidades federativas, y municipales, puedan difundir publicidad sobre sus logros y programas, aun en periodos electorales.
Según el gobierno federal, “la sentencia privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que viola el artículo 17 constitucional”, apunta un comunicado de la presidencia publicado el domingo. Además, el Ejecutivo federal recuerda que la Corte es “un poder derivado, sin legitimación popular”, por lo que “no debe restringir las atribuciones” que la Constitución concede al Poder Legislativo.
El documento de la presidencia afirma -erróneamente- que, de invalidarse la primera parte del Plan B electoral, la “SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”, con lo que se “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
El problema, en este, y en otros casos, es solo uno: El mandatario y su partido están convencidos de que su legitimidad -obtenida en las urnas- es una patente de corso para trasgredir cualquier procedimiento y/o disposiciones establecidas en la Constitución.
Se trata de una postura autoritaria que intencionalmente pretende desconocer que, en México y en todos los países democráticos, la esencia de los Tribunales constitucionales es justo su poder contramayoritario, es decir, las Cortes Supremas funcionan como contrapeso a las mayorías políticas y electorales, de conformidad con sus disposiciones constitucionales, de lo contrario no tendrían razón de ser.
La prueba de este convencimiento en el gobierno federal está en el primer párrafo del comunicado emitido el pasado domingo, en el que la presidencia dice que la SCJN “demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (…), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México”.
Ergo, no importa si se trasgrede abiertamente la Constitución como ocurrió con la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, o si se violentan los procedimientos de deliberación que debe observar el Poder Legislativo, como es el caso de la primera parte del Plan B electoral.
Se trate de fondo o forma, para la presidencia de López Obrador en la balanza la carta magna debe ceder a lo que -ciertamente- es su incuestionable legitimidad electoral. El tema no es menor, pues la historia nacional e internacional de los últimos 100 años está plagada de arbitrariedades cometidas en nombre de las mayorías.
A esto se añade un punto importante que igualmente no se incluye en el discurso oficial: En 2021 una buena parte de la ciudadanía decidió que Morena y sus aliados tuvieran menos diputados, negando con su voto la posibilidad de que en esa soberanía el oficialismo reformara por sí solo la Constitución.
Es ese contrapeso, también legítimo, el que ha permitido que la oposición en la Cámara baja demande ante la Corte las diversas violaciones a la carta magna que se han registrado en las reformas impulsadas por el presidente López Obrador, lo que también debería ser tomado en cuenta por el mandatario, pues al final -se supone- él gobierna para todos, y no solo para sus votantes.
Por eso son preocupantes los ataques verbales del Ejecutivo federal a la Suprema Corte, ya que -además de exacerbar la polarización- crean la idea de que las instituciones solo funcionan si están de acuerdo con el presidente, tal y como se pudo observar cuando el máximo tribunal del país lo presidía Arturo Zaldívar, un ministro afín a la actual administración que no solo no fue denostado por López Obrador, sino que su gestión fue ampliamente apoyada por el presidente.
Dada su simpatía por el mandatario, Zaldívar administró los tiempos de la Corte retrasando la resolución de diversos asuntos en los que López Obrador tenía especial interés, lo que ya no ocurre con la actual titular de la Corte.
Hoy en cambio, en los hechos, así es como funciona la democracia: Las naturales tensiones entre las mayorías y minorías parlamentarias terminan resolviéndose en la Corte, siguiendo lo que ordena la Constitución, justo porque esa es su principal función, pretender lo contrario en nombre de los millones que en 2018 le dieron su voto al presidente nos aleja de ese sencillo, pero contundente concepto.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.