Así operó García Luna para robar más de 600 millones de dólares del gobierno, según la UIF
García Luna logró “construir un imperio de lavado de dinero” con el que compró al menos 30 empresas, ubicadas principalmente en Florida.
Más de 600 millones de dólares provenientes del erario público mexicano habrían sido obtenidos de manera ilegal y fraudulenta por Genaro García Luna y siete de sus socios, en una intrincada trama de corrupción en la que 46 empresas estadounidenses recibieron contratos de varias dependencias del gobierno, aunque en realidad esos consorcios pertenecían al hoy exsecretario de Seguridad Pública de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya proporcionó -a una Corte de Florida- las pruebas que detallan la forma en la que operó García Luna entre 2006 y 2018. Sí, hay cuantiosos beneficios conseguidos incluso después de que el hoy detenido por narcotráfico dejó el gobierno.
A través de por lo menos 30 contratos, organismos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal, ambos ya desaparecidos, así como el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), transfirieron los millonarios recursos que a la postre, según la UIF, terminaron en las cuentas personales del exfuncionario, radicadas en paraísos fiscales y en Estados Unidos.
Todo esto se detalla en un voluminoso expediente con más de 700 documentos judiciales, cuya copia posee ALTO NIVEL, y que forman parte de la demanda civil con la que la UIF “busca recuperar más de USD $600,000,000 robados al gobierno de MÉXICO por su exSecretario de Seguridad Pública GENARO GARCIA LUNA” y sus cómplices.
No obstante, al sumar las cantidades de los contratos que figuran en las pruebas que aportó la Unidad de Inteligencia Financiera, se obtiene un total de 745 millones 879,384 dólares, considerando las erogaciones por 256.8 millones de dólares en contratos del CISEN; 83.6 millones de dólares de la Policía Federal; 403.9 millones de dólares del OADPRS; y 1.5 millones de dólares de la otrora Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Un porcentaje sustancial de estos recursos públicos fue transferido a Estados Unidos, lo que le permitió a García Luna “construir un imperio de lavado de dinero” con el que compró al menos 30 empresas ubicadas principalmente en Florida, entre ellas varios restaurantes, 30 propiedades inmobiliarias, múltiples automóviles y embarcaciones, además de activos bancarios sustanciales, detalla la UIF en la ampliación de su demanda.
La acción en contra del exfuncionario mexicano se radica en la División de Litigio Comercial Complejo de la Corte del Onceavo Circuito en el condado de Miami-Dade, en Florida, donde el juez Alan Fine ya recibió las pruebas con las que el gobierno de nuestro país intenta demostrar que la riqueza, y el “lujoso estilo de vida” de García Luna, tienen su origen en los “fondos tomados ilegalmente” del gobierno de México.
Esta demanda fue presentada en la Corte de Circuito de Florida en septiembre de 2021, solicitando la recuperación de 250 millones de dólares “robados” por Genaro García Luna, pero esa cantidad fue reformulada a más de 600 millones de dólares en octubre de 2022, cuando la UIF amplió su ocurso y presentó diversas pruebas sustentando las acusaciones contra el también extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Contratos ilegales, transferencias y compras
De acuerdo con la UIF, García Luna implementó como servidor público un esquema de contratación ilegal en el que las empresas estadounidenses prestaban servicios y vendían equipos a dependencias del gobierno, a partir de cotizaciones en las que todos los precios estaban inflados.
El principal mecanismo utilizado por quien hoy enfrenta un juicio por narcotráfico en una Corte de Nueva York fue el siguiente: El CISEN, la Policía Federal y el OADPRS, pagaron contratos por 452 millones de dólares a través de 65 transferencias a Barbados, esos depósitos luego se enviaron a Estados Unidos, llegando finalmente a varias cuentas de empresas de García Luna y siete de sus socios que también están demandados.
Al tratarse de “fondos robados” al gobierno federal mexicano, García Luna se propuso “lavarlos” mediante una madeja de compras y transacciones, entre las que incluyó la adquisición de bienes inmuebles que en seguida hipotecó repetidamente.
El dinero producto de las hipotecas en realidad eran “ingresos recién lavados del esquema de contratación ilegal”. Con esto, García Luna y sus socios participaron adicionalmente en actividades que la ley en Florida califica como crimen organizado, pues el exfuncionario utilizó los fondos en nuevas transferencias bancarias internacionales, con las que el mexicano, sus socios, y sus empresas, pagaron impuestos y tarifas de los bienes inmuebles adquiridos en Estados Unidos.
En el expediente, el abogado que representa al gobierno de México en la Corte de Florida, Carlos A. Acevedo, expone varios ejemplos de las actividades presuntamente delictivas de Genaro García Luna, destacándose uno: Siendo aun funcionario de la administración del presidente Felipe Calderón, el acusado y uno de sus socios crearon en Florida la Operadora de Restaurantes y Bebidas Los Cedros.
Luego, en 2012, Genaro García adquirió, con dinero proveniente de los contratos ya referidos, el restaurante italiano Oggi Caffe, ubicado al norte de Miami Beach, lo que le sirvió para solicitar su visa como inversionista a fin de residir legalmente en Estados Unidos.
El litigante asegura que es falsa toda la información proporcionada por el exfuncionario a las autoridades migratorias estadounidenses, pues su riqueza tiene un origen ilícito, al igual que el patrimonio de José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, quien figura en la demanda de la UIF como uno de los principales socios de García Luna.
Entre los demandados también se encuentra la esposa de este último, Linda Cristina Pereyra de García; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto de Weinberg; Natan Wancier Taub; y Martha Virginia Nieto de Niembro; junto con 46 empresas en las que estos y Genaro García Luna tienen participación.
Adicionalmente, la UIF argumenta que -al menos desde 2006- Weinberg López, Weinberg Pinto, y otros coacusados, le habrían pagado diversos sobornos a García Luna.
De hecho, en los documentos consultados se enumeran al menos 76 pagos por más de 10 millones de dólares en embutes que presuntamente recibieron Genaro García y José Francisco Niembro González, de parte de Weinberg López, Weinberg Pinto, y los consorcios Nunvav INC y Nunvav Technologies.
Se trata pues de un esquema de lavado de dinero a través de una extensa y sofisticada red de empresas en las que García Luna es socio, dueño y/o inversionista, las cuales obtuvieron ingresos y ganancias millonarias a partir de ser contratistas del gobierno mexicano.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.