Así llega AMLO al otoño de su gobierno
A dos años de concluir su gestión, el presidente no reconoce que la pobreza ha crecido, además de que la violencia y la inseguridad siguen sin resolverse.
Son pocos los éxitos que puede presumir el presidente Andrés Manuel López Obrador al arribar al ocaso de su sexenio, sobre todo si consideramos que escasean las acciones de gobierno en beneficio de toda la población, mientras aumenta la creación de clientelas políticas a partir del uso de recursos públicos destinados a programas sociales.
Los yerros de la actual administración incluyen un deficiente combate a la corrupción, poca transparencia, trasgresiones legales y a la Constitución, el incremento significativo en la inseguridad pública y la violencia, el crecimiento de las desapariciones y de la pobreza, así como la militarización de amplias actividades administrativas que -formalmente- solo deberían realizar solo los civiles.
Es cierto que los programas sociales implementados por el presidente benefician ahora a más mexicanos, en comparación con lo que recibían los sectores en situación de pobreza en gobiernos anteriores. El problema es que los recursos presupuestales aplicados, justo por el diseño de los mismos programas, no ha permitido disminuir la pobreza, por el contrario, esta ha aumentado.
Más pobres y menos sanos
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México tiene poco más de 56 millones de personas en situación de pobreza, en comparación con los 51.9 millones que había antes de 2018. Esta circunstancia se agrava entre los mexicanos que viven en pobreza extrema, que aumentaron de 8.7 millones a 10.8 millones en esta administración.
Lo mismo sucede con aquellos ciudadanos que ya no tienen acceso a servicios de salud: Entre 2010 y 2018 México pasó de 33.4 millones a 20.2 millones de personas en esa condición, una baja de 13.2 millones. En cambio, ahora 35.7 millones de mexicanos no cuentan con ningún tipo de servicio sanitario, según el Coneval, lo que nos ubica en niveles peores a los que se tenían hace 12 años.
El presidente, acostumbrado a decir cotidianamente numerosas falacias, medias verdades, y francas mentiras, argumenta que él tiene otros datos, pues -desde su perspectiva- la entrega de dinero a través de sus programas sociales ha mejorado la situación de amplios sectores de la población.
Esto es parcialmente cierto, pues no obstante esos recursos, los beneficiarios no solo siguen siendo pobres, sino que ahora hay más mexicanos en esta situación, y al mismo tiempo, sectores que antes pertenecían a la clase media, al dejar de tener servicios de salud, pasaron a engrosar las filas de la pobreza.
Violencia imparable
Tal y como ha sucedido con el crecimiento en los índices de pobreza, en lo que se refiere a la violencia e inseguridad pública, los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador también nos muestran un panorama desolador.
En 2018, en promedio se registraron mensualmente 165,996 delitos, de conformidad con los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2019 esa cifra promedio mensual se ubicó en 172,766 delitos.
La cifra bajó en 2020 a una media de 153,433 delitos por mes en ese año, como efecto de la reducción de actividades que ocasionó la pandemia de Covid-19; en 2021 el promedio delictivo se ubicó en 170,522 ilícitos al mes, mientras que de enero a octubre de 2022 se ha registrado una media de 180,026 delitos cada mes.
Esto significa que, al menos hasta octubre de este año, el promedio mensual de delitos ha aumentado 8.5% si comparamos la media registrada en 2018, poco antes de que iniciara la administración actual.
Corrupción similar
Ninguno de los grandes personajes que, presuntamente eran protagonistas de la corrupción en administraciones anteriores, ha sido castigado en la actual administración, por lo que -hasta ahora- el prometido combate a la corrupción de López Obrador se ha quedado en mero eslogan de campaña.
Solo Emilio Lozoya y el exsenador José Luis Lavalle han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos relativos a la corrupción, aunque ambos no han sido sentenciados, y sus procesos penales, al menos en el caso de Lozoya, podrían concluir sin sanción alguna debido a los acuerdos que se negocian con la institución que dirige Alejandro Gertz Manero.
Asimismo, la corrupción que se ha detectado en el gobierno actual es negada por el presidente, quien está convencido de que en su administración ese fenómeno ya no se registra, a pesar de que, por ejemplo, existe un faltante de más de 12,000 millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La red de corrupción en esa dependencia hace presumir un desfalco que duplica a la llamada Estafa Maestra, escándalo con el que se desviaron, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 5,000 millones de pesos.
Militarización e inseguridad jurídica
Otro aspecto en el que México también ha retrocedido en los últimos cuatro años es el que se refiere a la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Sin ambages ni rubor alguno, desde que inició el gobierno de López Obrador este ha trasgredido de manera constante las leyes y la Constitución.
Cuando apenas tenía cuatro meses y medio en el cargo, el mandatario emitió un memorándum en el que ordenaba dejar sin efecto “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación” de la reforma educativa, aprobada en la administración de Peña Nieto, a pesar de que, como titular del Poder Ejecutivo federal, no tenía facultades legales ni constitucionales para tomar una decisión de ese tipo.
Ese solo fue el comienzo de lo que ya suma decenas de actos en los que se han trasgredido las leyes y la carta magna, junto con innumerables desacatos a las órdenes y fallos emitidos por juzgados y tribunales federales, instancias que han visto multiplicadas las demandas de amparo de empresas y ciudadanos que buscan la protección de la justicia federal ante actos de la autoridad ilegales y arbitrarios.
El debilitamiento del Estado de derecho ha ido acompañado de una creciente militarización de la administración pública federal. Al menos 227 atribuciones que deberían ejercer solo los civiles han sido transferidas al Ejército, a la Marina y a la ya militarizada Guardia Nacional.
Según un estudio de la organización Causa en Común, desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador, unos 163 cargos de la administración pública civil hoy son ocupados por integrantes de las Fuerzas Armadas.
El Ejército y la Marina no sólo desempeñan labores de seguridad pública, ahora manejan empresas, todas las aduanas del país, realizan construcciones, reparten medicinas y vacunas, e incluso denuestan a quienes no coinciden con el presidente.
En septiembre pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que “con comentarios tendenciosos” que se publican en los medios de comunicación, los cuales responden a intereses y ambiciones personales, “antes que los intereses nacionales”, se pretende apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto de los ciudadanos.
A todo esto debemos añadir los constantes ataques verbales del mandatario en contra de instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral, la cooptación de un ente como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los cientos de epítetos con los que López Obrador califica a sus opositores, entre los que incluye a una parte de la clase media, justo el sector poblacional que le permitió llegar al poder.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.