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Así fue la gestión de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera

09-11-2021, 7:39:22 AM Por:
Santiago Nieto
© Vía Twitter

Destacan 10,170 personas a las que se les han congelado activos bancarios, pero también algunas investigaciones que han servido como amenaza política.

Cuentas bancarias bloqueadas de más de 10,170 personas y empresas, a quienes se les congelaron activos superiores a los 7,000 millones de pesos, forman parte del trabajo desarrollado en los últimos tres años por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezaba, hasta la noche del lunes, Santiago Nieto Castillo.

A estas cifras se añade la presentación de más de 400 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), y la respuesta a miles de juicios de amparo promovidos por personas físicas y morales cuyos recursos fueron inmovilizados, luego de que la UIF detectara que se utilizaban para realizar operaciones ilícitas.

Convertida en la institución emblemática para combatir la corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF aumentó sus actividades de manera significativa desde el inicio de la actual administración, pues -por ejemplo- mientras en 2018 solo se habían bloqueado las cuentas de 237 personas, para 2019 la cifra ya se había incrementado a 3,260.

De acuerdo con el Tercer informe de gobierno de López Obrador, en el último año la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 3,411 personas, inmovilizando 1,473 millones de pesos, 7.7 millones de dólares, y 10,143 euros.

El trabajo de esta dependencia generó, de septiembre de 2020 a junio de 2021, la promoción de 1,323 amparos de parte de personas físicas y empresas que se encontraban directamente incluidas en la lista de sujetos bloqueados.

De igual forma, en el mismo periodo señalado en el último informe de gobierno del titular del Ejecutivo federal, la UIF elaboró más de 10,360 notas de inteligencia que se distribuyeron ante autoridades internacionales, en las que estaban involucrados 12,691 sujetos.

Casos insignia

Alguna vez comenté que las fiscalías, las procuradurías, necesitaban convertirse en academias de canto, y esto es un buen símil respecto a lo que necesitamos, que la gente cante, que la gente diga lo que sabe y así poder entonces ir subiendo la cadena delictiva hasta llegar a las más altas responsabilidades”, dijo Santiago Nieto en entrevista con ALTO NIVEL en diciembre de 2020.

La declaración del hoy exfuncionario detallaba una de sus estrategias para perseguir los delitos de cuello blanco en México, y aquellos cometidos por exfuncionarios de sexenios pasados: Acusarlos por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para que, con sus confesiones, se lograran fincar responsabilidades a personajes más importantes.

Justo ese es el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien está imputado por la Fiscalía General de la República y por la UIF de ser presunto responsable de los delitos de cohecho, asociación delictuosa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero.

Durante casi 16 meses, Lozoya gozó de libertad condicional a cambio de proporcionar información a las autoridades en la trama de corrupción protagonizada por la empresa brasileña Odebrecht, aunque desde la semana pasada permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México bajo prisión preventiva justificada, debido a que no ha proporcionado todas las pruebas que llevarían a la UIF, y a la Fiscalía, a proceder en contra de otros políticos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Otro caso en el que participa la UIF como acusadora es el de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en prisión preventiva desde hace dos años, acusada de ejercicio indebido del servicio público por la trama de corrupción denominada la “Estafa Maestra”.

Adicionalmente, en septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera acusó ante un tribunal de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por los delitos de robo, creación de empresas dedicadas al blanqueo de activos, y transferencias de recursos a paraísos fiscales.

Si bien todos estos casos muestran de manera positiva la labor de la UIF durante la gestión de Santiago Nieto, también hay que señalar algunos de sus yerros, entre los que se destaca la acusación que se le hizo en 2019 a Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Nieto Castillo acudió en ese año a una conferencia matutina con el presidente López Obrador para detallar que a García Alcocer se le investigaba, pesquisa que quedó en el olvido luego de que se logró el verdadero objetivo del gobierno federal, que no era otro más que la renuncia del titular de la CRE.

Ese mismo ánimo revanchista ha sido advertido por diversos legisladores, quienes han manifestado que la UIF y sus investigaciones también han sido utilizadas en la actual administración como argumento para presionar a personajes de la oposición.

Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al hoy extitular de la UIF de violar el debido proceso al presentar datos falsos en su contra en la Cámara de Diputados, durante su proceso de desafuero.

Lo mismo declaró, en diciembre de 2020, el alcalde de Tijuana, Arturo González, calificando como falsa la investigación que entonces la UIF sostenía en su contra, mientras que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, también se ha quejado de los métodos de esa dependencia.

Protagonismo interrumpido

Encargada de vigilar todas las actividades vulnerables que en materia financiera se llevan a cabo en nuestro país, con el objetivo de evitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el protagonismo actual de la UIF se gestó a partir del perfil de su hoy extitular Santiago Nieto Castillo.

Doctor en derecho con amplia experiencia académica, Nieto llegó al equipo de López Obrador luego de haber sido destituido de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales durante la administración de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, sus investigaciones en contra de Emilio Lozoya, y la acusación a personajes del Partido Verde Ecologista de México, le costaron el puesto como fiscal electoral.

Ahora, el trabajo que había realizado en la UIF se ve interrumpido tras conocerse la celebración de su boda, en Antigua, Guatemala, con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

El enlace, que pretendía la máxima discreción de parte de los invitados, fue conocido por la detención de los pasajeros de un vuelo privado en el que se ingresaron a Guatemala 35,000 dólares, sin haber sido declarados. En la aeronave viajaba Paola Félix Díaz, hasta el sábado pasado secretaria de Turismo de la Ciudad de México.

Esos recursos resultaron ser propiedad de otro de los asistentes al convite: Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario del diario El Universal, quien también pagó el vuelo privado al país centroamericano. Félix Díaz presentó su renuncia a la cartera de Turismo capitalina el mismo sábado.

Tras la detención de los pasajeros del vuelo privado, las miradas se centraron en la boda de Santiago Nieto, evento particular que se llevó a cabo en un lujoso hotel de Antigua, en donde se sirvió una cena de cuatro tiempos, y entre las bebidas destacaron las botellas de champán, lo que no fue bien visto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exige de sus subalternos practicar la austeridad republicana como servidores públicos, y también en su vida privada.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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