¿Es legal el apercibimiento de Segob a TV Azteca?

SLa presunción de legalidad de los actos de autoridad se ha desdibujado durante la actual administración, para dar paso a medidas que invaden facultades de otros poderes, violentan derechos laborales, y trasgreden lo que dispone la Constitución en sus artículos 14 y 16: Actos privativos y de molestia contra empresas y ciudadanos se emiten desde el Ejecutivo federal sin la debida fundamentación, provocando incertidumbre e indefensión legal en detrimento de todos los ciudadanos.

Este es el caso del apercibimiento emitido por la Secretaría de Gobernación a Televisión Azteca, luego de que uno de sus conductores expresara que no se le debía hacer caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Se trata de un documento que solo remite a “la Constitución y la legislación aplicable” para señalar que la televisora debería “manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”.

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Tal y como está redactado, el apercibimiento, que no es más que una recomendación no obligatoria, no cuenta con la debida fundamentación legal, es decir, para que tenga alguna consecuencia jurídica, debió mencionarse con detalle cuáles son los artículos constitucionales y legales en los que se basa la medida.

Al no hacerse explícitos esos numerales, la Secretaría de Gobernación deja de observar lo que dispone el artículo 16 de nuestra carta magna: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Mencionar que la televisora podría ser sancionada de conformidad con la Constitución y la ley aplicable no es fundar el acto de molestia emitido por la autoridad, pues esta debió expresar puntualmente cuáles serían los artículos legales y constitucionales que se le aplicarían a TV Azteca, si esta no manifiesta su respeto a las disposiciones contenidas en la declaratoria de emergencia que emitió el Consejo de Salubridad General.

De hecho, incluso aunque se hubiera fundamentado correctamente el apercibimiento, la Secretaría de Gobernación también se equivoca al pedir que la televisora respete lo que dispone el Consejo de Salubridad, algo que el conductor no puso en duda con su comentario, pues este se refirió a los dichos de Hugo López-Gatell, quien no es la autoridad sanitaria.

Es cierto que lo expresado por el conductor Javier Alatorre es muy criticable, sobre todo porque denota graves falencias en su ética periodística. Sin embargo, aunque -de facto- quien está dirigiendo toda la estrategia contra la pandemia es el subsecretario López-Gatell, lo que este manifiesta no tiene ninguna validez jurídica, pues la autoridad sanitaria es el Consejo de Salubridad General, que depende directamente del presidente de la República.

Esto no quiere decir que se desobedezcan las recomendaciones del subsecretario, o que se apruebe lo dicho por el conductor de TV Azteca, solo estoy aclarando que las únicas medidas obligatorias son aquellas que emite el Consejo de Salubridad, mismas que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación a fin de que tengan efectos jurídicos vinculantes.

Cuando el subsecretario Hugo López-Gatell apunta que debemos quedarnos en casa, por supuesto que debemos hacerle caso, pues es una medida que ya fue señalada por el Consejo de Salubridad General, además de que forma parte de nuestra responsabilidad social. Pero cuando el mismo funcionario dice que habrá sanciones para las empresas que no han suspendido sus actividades, estamos solo ante la opinión -sin fundamento jurídico- de un funcionario que formalmente solo es el portavoz de la autoridad.

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Todas estas irregularidades, incluyendo las irresponsables afirmaciones de Javier Alatorre, se han generado debido a que el gobierno federal ha sido ambiguo en los lineamientos jurídicos que fundamentan la emergencia sanitaria. Nuestras leyes prevén qué es lo que debe hacer la autoridad, y cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos cuando se presenta una situación extraordinaria como una pandemia.

El problema es que, a pesar de contar con facultades constitucionales y legales, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud no han reglamentado adecuadamente las medidas restrictivas para enfrentar la emergencia. Esta reglamentación no implica suspender los derechos humanos, o reprimir a la población, sino solo el ejercicio democrático de la autoridad, que está contemplado en la ley, para que todos actuemos frente a la emergencia de manera responsable.

Al omitirse los detalles sobre los derechos y obligaciones que ciudadanos y empresas tenemos ante la declaratoria de emergencia por el coronavirus, el gobierno federal ha propiciado que se emitan medidas unilaterales en las entidades federativas que violentan los derechos humanos, lo que a la postre altera el principio de legalidad, el Estado de derecho, y nuestra convivencia social. Y esto último incluye -por supuesto- la irresponsabilidad en la que incurrió TV Azteca.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.