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Deudores fiscales a Buró: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de enviar a los deudores fiscales a Buró de Crédito.

18-11-2010, 8:28:06 AM
18 de noviembre de 2010

Con base en las reformas hacendarias realizadas durante 2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional que las personas con adeudos fiscales sean registradas en el Buró de Crédito.

De esta forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá notificar sobre los adeudos fiscales a las sociedades de información crediticia, empresas que proporcionan información a instituciones bancarias o proveedores de servicios, cuando una persona solicita algún tipo de financiamiento.

En la resolución, la Segunda Sala puntualizó que la facultad para enviar la información “no es arbitraria o caprichosa”, pues subrayó que no se autoriza a proporcionar cualquier información fiscal, sino “sólo información de créditos fiscales previamente determinados y liquidados que no sean pagados ni garantizados dentro de los plazos de ley”.

De esta manera, los ministros de la Sala negaron un amparo que promovió una persona en contra de modificaciones a diversas leyes fiscales, entre ellas el Código Fiscal de la Federación y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y señalaron que el Legislativo persiguió un fin válido de persuasión para el pago de impuestos y al mismo tiempo generar certeza jurídica al sistema financiero.

Recalcaron que la disposición tiene como fin otorgar un marco de seguridad no sólo para los usuarios y clientes de las sociedades de información crediticia, sino también para proteger los derechos de la colectividad, en un marco de certidumbre respecto al estado que guarda el sector crediticio y financiero.

Los ministros explicaron que las sociedades de información crediticia fueron concebidas, originalmente, para hacer acopio y divulgación de información comercial o financiera a favor de ciertos agentes económicos.

Asimismo, reiteraron que estas disposiciones tienen el objetivo de “preservar la estabilidad del sistema financiero y fomentar el desarrollo de éste, reduciendo el riesgo de no recuperar los recursos que se otorguen a través de créditos, actividad que se encuentra regulada en la propia Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia”, recalcó la Corte.