SHCP detendrá financiamiento criminal
La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impedirá que la delincuencia tenga ganancias.
26 de agosto de 2010
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezada por Ernesto Cordero presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.
En un comunicado de prensa, la SHCP dijo que hacer frente al lavado de dinero es importante porque esta actividad ilícita permite a las organizaciones criminales disponer de sus ganancias para la adquisición de armas, municiones, vehículos y todo tipo de activos y servicios con los que se atenta contra la vida de las familias mexicanas.
Por ello, esta Estrategia Nacional sin precedente es un plan concreto del Estado Mexicano para combatir la delincuencia organizada, que pretende brindar condiciones para el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica y, asimismo, es un instrumento clave que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en la materia.
En el marco de esta Estrategia Nacional, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión un paquete legislativo en el que destaca el Proyecto de Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Las principales medidas que contempla esta iniciativa de ley son:
A.- Restricción en las operaciones con dinero en efectivo.
- Queda prohibida la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo (moneda nacional, divisas o metales preciosos). Los fedatarios públicos se encuentran impedidos para escriturar;
- Se prohíbe el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios;
- Las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días.
B.- Nuevos Sujetos Obligados a Reportar Operaciones.
Tendrán obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades administrativas quienes se dediquen habitualmente a:
- La realización de concursos, sorteos o juegos;
- La emisión o comercialización de tarjetas de servicios o crédito;
- El otorgamiento de préstamos o contratos de crédito;
- La comercialización de inmuebles;
- La compraventa de metales preciosos, joyería y relojes;
- La venta o arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, así como de obras de arte;
- El traslado de valores y blindajes;
- Servicios contables y jurídicos;
- Dar fe pública (notarios y corredores).
Las obligaciones que esta iniciativa de ley contempla para los Sujetos Obligados a Reportar Operaciones son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la SHCP.
Las obligaciones de las entidades en materia de reportes se mantienen sin cambio conforme a lo previsto en las leyes financieras, y continúan obligadas a presentar reportes sobre operaciones inusuales, relevantes, transferencias de recursos y todas las demás obligaciones en esta materia.
Asimismo, la SHCP podrá realizar visitas de verificación con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos.
Para fortalecer la capacidad de las actividades de inteligencia financiera en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se establecen esquemas de intercambio de información financiera entre la SHCP, la PGR y la SSP, y se establecen esquemas de flujo de información entre autoridades federales con órganos constitucionales autónomos y con autoridades de los estados y del extranjero.
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