¿Cuáles son los estados más endeudados?
Luego de la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios, los estados deberán mejorar su manejo de finanzas.
El desorden en el nivel de endeudamiento de estados y municipios comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, a partir de 2009. El promedio de deuda nueva anual de los 31 estados del país (con excepción del Distrito Federal) fue de 9,308 millones de pesos (mdp) entre 1989 y 2008. Pero la crisis global y la llegada del dinero “barato” se unieron a la incapacidad del gobierno federal para controlar a los estados. El ritmo de endeudamiento creció a 46,000 mdp en 2009; para alcanzar el pico histórico de 177,000 mdp tan solo en 2011.
El saldo total de las deudas estatales pasó de 252,000 mdp en 2009 a 510,000 mdp en marzo de 2015. Creció en seis años lo que le había llevado décadas acumular.
Los estados que apretaron el acelerador de sus deudas fueron Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Chiapas y Coahuila, este último el caso más dramático, en donde el gobernador Humberto Moreira llevó el saldo de sus pasivos desde 1,561 a 37,214 mdp, un aumento de 2,383%, en un sexenio.
Al 31 de marzo de este año, Coahuila tiene una deuda que representa más de 100% de los ingresos totales del estado. Chihuahua llega casi al 85%, Nuevo León al 93% y Quintana Roo a 102%. La deuda de Sonora representa más de la mitad de sus ingresos, mientras que Veracruz, Nayarit, el Distrito Federal y Baja California están por encima de 40%.
Sin embargo, el reporte de México Cómo Vamos, Deuda Pública, agosto 2015, añade que estas cifras solo incluyen la deuda bancaria registrada y emisiones de instrumentos bursátiles, pero no la totalidad de deuda a corto plazo, lo mismo que asociaciones público-privadas (APP). Con estos números, los estados con mayor deuda contra sus ingresos son:
• Quintana Roo (280.6%),
• Coahuila (251.7%),
• Chihuahua (239.8%),
• Nuevo León (225.5%) y
• Sonora (115.2%)
¿Cuáles fueron las causas del endeudamiento excesivo?
¿Qué pasó a partir de 2009? Entre las razones que explican el aumento, según México Cómo Vamos, están:
• nuevas responsabilidades de las entidades, derivadas de la descentralización de los servicios públicos
• una creciente demanda de infraestructura en las ciudades
• la disponibilidad de nuevos instrumentos, producto del desarrollo de los mercados financieros y de la descentralización de recursos fiscales y
• el recorte en los recursos transferidos por la Federación a los estados en 2009, compensados parcialmente con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
Daniela Brandazza, directora de Calificaciones de Estados y Municipios de Standard & Poor’s (S&P), describe: “Había liquidez en el mercado y bancos dispuestos a prestar, lo que permitió que determinadas entidades hicieran uso del endeudamiento de forma acelerada, sobre todo con deudas de corto plazo, que luego tuvieron que ser refinanciadas a largo plazo. Menciona también la falta de transparencia y los casos de corrupción que estallaron durante este periodo. La respuesta tardó seis años en llegar.
Solución a la mano
En agosto, el Ejecutivo mandó al Congreso un paquete de leyes secundarias en la materia, en donde se incluyó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
Los objetivos principales de la misma son “establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas…”.
En opinión de S&P, calificadora cuya opinión determina la calidad de la deuda pública de estas entidades, esta reforma es un paso más en la dirección correcta que, de ser bien reglamentada e implementada, podría evitar los problemas de sobreendeudamiento y mal manejo de las finanzas que enfrentan algunos estados y municipios. Asimismo, podría contribuir a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, y a fomentar mejores condiciones en la contratación de deuda de los gobiernos locales.
Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el decreto que expide esta ley y las reformas.
*Encuentra en nuestra edición de diciembre el reporte completo
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