Fepade pide orden de aprehensión contra Arturo Escobar
El funcionario de la Segob, antes vocero del PVEM, anunció la decisión de separarse de su cargo, después de que la Fepade pidió a un juez girar una orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, antes vocero del Partido Verde Ecologista (PVEM).
La Fepade, dependencia de la PGR, concluyó, después de una indigatoria de seis meses, que el político del PVEM transgredió la ley electoral al celebrar como representante del partido un contrato con una empresa para elaborar y entregar 10 mil tarjetas Premia Platino, que se distribuyeron entre los ciudadanos previo a la elección del 7 de junio pasado para elegir a diputado y algunos gobernadores.
En su momento el Instituto Nacional Electoral dictó una medida cautelar para detener la distribución de estas tarjetas personalizadas que llegaban al domicilio de los votantes, incluyendo aquellos que no formaban parte del partido, y ofrecían descuestos y bonificaciones en diferentes servicios.
En el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señala que está prohibido que partidos, candidatos o equipo de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficios directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.
De acuerdo con la ley este delito electoral es castigado con de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días de salario mínimo. Si la acción fue en apoyo a una precampaña o campaña electoral, la pena podría ascender.
En el comunicado de la PGR se señala “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).”
También se señala que el juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
Renuncia a su cargo
La noche de este miércoles, el funcionario anunció su separación de su puesto como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a través de una carta abierta a la opinión pública.
Desde su nombramiento, grupos de la sociedad civil exigieron a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, no colocar en un puesto público al representante de un partido que había violado reiteradamente la ley electoral.
Escobar señaló que su renuncia responde a su disposición de contribuir a las investigaciones y proceso, aunque hasta el momento no había sido requerido por ninguna autoridad judicial.
Además rechazó las imputaciones en su contra y expresó su confianza en que se esclarecerán los hechos y “se confirmará mi inocencia”.
A la opinión pública: pic.twitter.com/AMT0wwz6lT
— Arturo Escobar (@ArturoEsc) noviembre 26, 2015
Además de Escobar, la Fepade también investiga a empresarios por haber realizado supuestas aportaciones en dinero y en especies al partido.
Respaldo de su partido
El Partido Verde también emitió un comunicado en el que asegura que es “absolutamente falso e improcedente señalar a Arturo Escobar y Vega como responsable de algún delito, toda vez que no hay ningún pronunciamiento al respecto, lo cual deja más que claro que no existe orden de aprehensión en su contra. Cualquier otra interpretación resulta infundada, dolosa y abusiva”.
En relación a la información difundida, presentamos el siguiente comunicado del Partido Verde Ecologista de México. pic.twitter.com/C4TSFLnOoR
— Partido Verde (@partidoverdemex) noviembre 26, 2015
Cabe recordar que el PVEM fue uno de los más multados en las últimas elecciones por violar la ley electoral, inclusive el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutió un proyecto de acuerdo entre las fracciones de los otros partidos para quitarle el registro. Además, el día de la elección se le relacionó con la compra de tuits desde cuentas de celebridadas.
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