Posponen audiencia clave en caso de Elba Esther
Pasarán por lo menos dos semanas más antes de que un juez decida si la ex líder sindical puede afrontar sus procesos penales desde su domicilio.
La audiencia programada para este jueves entre el juez sexto de distrito, la defensa de la ex lider sindical Elba Esther Gordillo y los peritos de la PGR se pospuso para el próximo 2 de julio.
Pasarán por lo menos dos semanas más antes de que un juez decida si la ex líder sindical –que hoy se encuentra en el hospital de la prisión de Tepepan- puede afrontar sus procesos penales desde su domicilio.
La PGR asegura que Gordillo no puede salir de prisión debido a que las seis enfermedades que padece necesitan atención hospitalaria.
Elba Esther Gordillo cumplió en febrero pasado 70 años, la edad necesaria para ser candidata
a prisión domiciliaria, de acuerdo con el Código Penal y su
solicitud pronto podría ser aceptada.
De acuerdo a
funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional –citados por el diario La Jornada– la Procuraduría General de
la República accederá a que la ex líder sindical de los maestros enfrente sus procesos
penales desde su domicilio.
Aunado a la edad, la
defensa de la maestra también refirió que tiene padecimientos que en prisión se
podrían agravar.
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Si llegara a
confirmarse la prisión domiciliaria dos agentes federales vigilarían a la
maestra y continuaría bajo proceso penal. Versiones periodísticas han señalado
que el proceso podría enfrentarlo en la residencia de su hija Maricruz
Montelongo, ubicada en Club de Golf Santa Fe, en Cuajimalpa.
La ex lideresa se
encuentra actualmente en la clínica médica del Reclusorio Femenino de
Tepepan. De acuerdo con el artículo 55 del Código Penal Federal,
los presuntos acusados que lleven en presión el proceso acusatorio, pueden
solicitar que se continúe desde un domicilio cuando cumplen 70 años.
Además la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores del
año 2002 avala el encierro desde su domicilio.
Elba Esther Gordillo
fue detenida el 26 de febrero de 2013, a casi dos años de su detención el juez
no ha podido dictar sentencia. Está acusada de lavado de dinero por 2 mil
millones de pesos que fueron desviados de las arcas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación para pagar cirugías, mantenimiento de aeronaves,
entrenamiento de pilotos, pagos de tarjetas de crédito y compras en una tienda
de artículos de lujo de Estados Unidos.
La indagatoria
‘‘identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron
sistemáticamente recursos del SNTE a cuentas de personas físicas, que
posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y
transferencias, triangulando dinero a cuentas de personas físicas y morales, nacionales
y extranjeras’’.
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