Corrupción, el rival de las grandes economías en Latam

En lo que va del año tres presidentes de América Latina han
tenido que dictar medidas o enviar a sus respectivos Congresos legislativos iniciativas de
reformas en materia de transparencia, lavado de dinero y conflictos de interés.
Enrique Peña Nieto de México; Dilma Rousseff de Brasil y Michelle Bachelet de Chile, comparten hoy una disputa amenaza a las grandes economías de la región: la corrupción.

Los mandatarios se han visto presionados por la opinión pública internacional
y las constantes protestas debido a diferentes incidentes durante sus
gobiernos, los cuales los ligan a temas de corrupción. Ante esto, han tenido
que anunciar planes que pretenden -fundamentalmente- ayudarles a recuperar la credibilidad
de los votantes y mejorar su nivel de
popularidad -y la de su partido-, en un año electoral para México y Brasil.

A continuación haremos un breve recuento de los casos de
corrupción y las medidas de los mandatarios de la región.

La Casa Blanca de la primera dama

El presidente Enrique
Peña Nieto enfrenta la peor crisis de credibilidad desde que
tomó posesión en 2012, debido a múltiples factores que han pulverizado el ‘Mexican Moment‘ que se vislumbraba con
la aprobación de las reformas estructurales.

Todo parecía marchar bien hasta que, de acuerdo a la versión
oficial, el 26 de septiembre en Guerrero, Iguala, policías estatales entregaron
al grupo del crimen organizado Guerreros Unidos a 43 estudiantes de la escuela normal
rural de Ayotzinapa, quienes los secuestraron, asesinaron y calcinaron, en un hecho que conmocionó al país y provocó un fuerte descontento entre la sociedad.

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factores que pulverizaron al ‘Mexican Moment’

Después vendría la revocación de la licencia por 3, 750
millones de dólares del Tren de Alta
Velocidad de México-Querétaro ganado por China Railway en asociación con la
empresa mexicana Constructora Teya
de Grupo Higa S. A. de C.V, esta última acusada de verse beneficiada con
contratos de obra pública en el Estado de México, cuando el presidente fue gobernador,
y en la actual administración.

Así surgió en la prensa nacional, escalando hasta los medios internacionales, investigaciones sobre la
existencia de una casa en las Lomas de Chapultepec con un valor de 7 millones
de dólares, la cual era propiedad de la primera dama, Angélica
Rivera, y que le había sido vendida por Grupo Higa. Después, se informó de
una casa en Malinalco, también de Grupo Higa, vendida al secretario de
Hacienda, Luis Videgaray.

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Higa no obtuvo ganancia en venta de
casa a Videgaray

En su momento, el presidente argumentó que no existía
conflicto de interés en la venta de los inmuebles debido a que entre las
funciones de un gobernador y un presidente no existe la de otorgar contratos. Mientras, el secretario de Hacienda señaló que
cuando compró la casa no ejercía cargo público alguno.

En reacción a que el escándalo tomaba tintes internacionales, Peña Nieto nombró el 3 de febrero pasado a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario
de la Función Pública, a quien encargó investigar las operaciones de compraventa
de dichos inmuebles y determinar si existió o no un conflicto de interés; y presentó las medidas que su gobierno adoptará para combatir la corrupción.

Entre las medidas que decretó destacan:

1. Los servidores públicos deberán declarar posibles conflictos de interés,
es decir, que además de la declaración patrimonial, los funcionarios deben
declarar deudas o propiedades de ellos y sus conyugues que puedan causar algún
conflicto de interés.

2. La Secretaría de la Función Pública echará a andar protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios que
decidan sobre las contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos
del gobierno.

3. Se detallará la lista de proveedores
sancionados por el gobierno de la República con los motivos de
la sanción.

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escándalos EPN fija acciones vs. conflictos de interés

Cabe señalar que México atraviesa actualmente por campañas electorales para renovar el próximo 7 de junio a legisladores y gobernadores de algunos estados.

La corrupción en
Petrobras de Brasil

El pasado 15 de marzo, más de 2 millones de personas
salieron a las calles en las principales urbes de Brasil para protestar contra
la gestión gubernamental de Dilma Rousseff y la
corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Jueces en Brasil determinaron que la petrolera pagó sistemáticamente
sobreprecios por activos y por servicios de contratistas, y el fondo excedente habría sido
canalizado de manera ilegal hacia
partidos políticos, incluido el Partido de los Trabajadores
(PT) de Rousseff.

Cabe señalar que Dilma Rousseff fue presidenta del consejo directivo de la compañía
desde 2003 a 2010, periodo en el que ocurrió gran parte de las presuntas prácticas de corrupción.
No obstante, la mandataria siempre ha negado haber tenido conocimiento de los
delitos. 

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culpa a Rousseff por corrupción en Petrobras

Luego de que pasó la fiebre mundialista, los brasileños
reclaman a Dilma Rousseff la impunidad en el caso de la decena de políticos
involucrados en casos de corrupción en Petrobras, entre ellos el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), el
partido en el gobierno.

Las protestas sólo reflejaron el desencanto y hartazgo de la
sociedad brasileña con el Legislativo, debido a que los presidentes del
Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, estén siendo
investigados por su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la
petrolera Petrobras.

Rousseff anunció el 18 de marzo un conjunto de medidas para
luchar contra desvío de recursos y la corrupción.

A grandes rasgos, el proyecto incluye:

1. Sancionar con cárcel de tres y seis años a quienes creen “cajas
B” para los partidos políticos, es decir, las contabilidades paralelas
creadas para ocultar fuentes de dinero utilizado en campañas electorales.

2. Sanciones de tres a 10 años por lavado de dinero en
campañas electorales, que implica la ocultación de fuentes ilícitas de dinero.

3. Proyecto de ley que castigue el enriquecimiento
ilícito de los funcionarios públicos, así como la prohibición de ocupar cargos públicos de confianza
a quienes tengan antecedentes por corrupción.

El partido en el gobierno enfrentará el próximo 5 de octubre
elecciones legislativas y presidenciales. Al día de hoy, la aprobación del
Gobierno de Rousseff ha caído a mínimos históricos en más de dos décadas.

Sólo el 13 por ciento de los brasileños considera “bueno” al gobierno de Rousseff,
mientras un 86 por ciento considera
su gestión “mala” o “regular”, a
cinco meses de ser reelecta por un estrecho margen.

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El hijo incómodo de
Bachelet en Chile

El último y más reciente, es el caso de Michelle Bachelet quien anunció nuevas medidas anticorrupción
orientadas a la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos y extender de por vida las
declaraciones de ex presidentes, en medio de escándalos por desvíos de
dineros de empresas a campañas electorales y los polémicos negocios de su
hijo.

Un juez chileno ordenó recientemente la detención preventiva
de los dueños del grupo financiero Penta, en el inicio de una
investigación formal por los delitos de fraude tributario, sobornos y
acusaciones de aportes ilegales de dinero a campañas electorales.

Adicionalmente, una fiscalía avanza en diligencias por
supuestos financiamiento a políticos de la minera y productora de
fertilizantes SQM.

A eso se suma que el hijo de la presidenta, Sebastián
Dávalos Bachelet, renunció hace poco más de un mes a su cargo de director
cultural tras una polémica por acusaciones de tráfico de influencias en un
millonario crédito para la compra y venta de terrenos.

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