Mexicanos desconfían de la justicia en caso #Ayotzinapa

Pareciera que en México no hay ni habrá justicia, y los casos Ayotzinapa y Tlatlaya son prueba suficiente para los mexicanos, quienes no confían en que se aplique la justicia sobre los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Iguala, y que incluso ahora se mantiene en vilo sobre el futuro de 11 de las personas que fueron detenidas durante la marcha del pasado 20 de noviembre, y .hoy se encuentran en penales de máxima seguridad.

A casi 50 días de la desaparición de los normalistas en Guerrero, siete de cada diez (66%) consideran que las autoridades no atraparán a los responsables y sólo 26% confía en que se haga justicia en el caso, de acuerdo con la encuesta realizada por Parametría, datos que “nos hablan de la poca certeza que hay en México sobre la impartición de justicia y el respeto al estado de derecho”.

Para poco más de la mitad de los entrevistados (54%) por esta encuestadora, el gobierno federal es el principal responsable de resolver el caso de los estudiantes desaparecidos, otro 30 % apunta al gobierno estatal como el que debe dar solución al caso y únicamente 9% considera como el responsable de resolverlo al gobierno municipal.

Y por otro lado, para 63% de los mexicanos, los recientes hechos de violencia ocurridos en algunos estados del país ponen en peligro la gobernabilidad, en este sentido, el porcentaje de personas que consideran que la gobernabilidad del país está amenazada por estos eventos es mayor a lo registrado en el año 2006, cuando se vivieron enfrentamientos entre mineros y la policía federal y estatal en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, y el choque entre floricultores de Salvador Atenco y las autoridades local y federal.

No son 43, ahora son 11 más

La actuación de las fuerzas del Estado durante la marcha del pasado 20 de noviembre ha sido registrada por la misma población, cuyos asistentes a la manifestación no solo observaron el uso desmedido de la fuerza y las detenciones arbitrarias, sino que las vivieron en carne propia, pues tras los cantos y exigencias de justicia llegaron los toletazos, los puntapiés, los choques eléctricos y el arresto incluso a quienes era meros espectadores de esta situación.

Numerosas crónicas y narraciones detalladas de las vejaciones de las que fueron víctimas o testigos se encuentran en la prensa y las redes sociales, en las cuales se denuncian los abusos de las autoridades y se exige justicia y la aplicación de sanciones contra los responsables, algo que para los mexicanos resulta difícil de creer en el contexto actual.

En este sentido, familiares y padres de los jóvenes detenidos, así como estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, han realizado marchas y se han presentado ante las autoridades para para pedir que sean liberados, o al menos se les brinde información sobre su situación física y jurídica… en ambos casos han recibido poca o nula respuesta.

Hasta el momento, lo último que se sabe, extraoficialmente, de estos jóvenes es que los 11 detenidos se declararon inocentes de las imputaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, y pidieron al juez que resolviera su situación jurídica en el transcurso de esta semana para que se les conceda la libertad.

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Cabe recordar que 11 de los 15 detenidos en la marcha #AcciónGlobalPorAyotzinapa fueron trasladados a penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, acusados en primera instancia de delitos de terrorismo y asociación delictuosa –que alcanzaban penalidades de 60 años sin derecho a fianza–, y ayer (domingo 23) habrían efectuado su declaración preparatoria tras las rejillas de prácticas de dos juzgados federales, pero no declararon nada más.

El caso está cobrando relevancia, ya que los familiares, abogados y organizaciones sociales acusan que entre los detenidos hay personas que no participaban en la marcha, que fueron severamente golpeados, que la mayoría fue presentada 12 horas después de su arresto, tiempo en el cual se desconocía su paradero y que están incomunicados.

Los detenidos son Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas; Roberto César Jasso Del Ángel,  Ramón Domínguez Patlán,  Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno y Francisco García Martínez.

Ante esta situación, personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas han pedido la liberación inmediata de los detenidos que luego de 18 horas de detención en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron trasladados a penales de máxima seguridad.

Un chileno en México

Laurence Maxwell Ilabaca es un chileno de 47 años que estaba en el momento equivocado en el momento equivocado, no un terrorista ni anarquista; es en todo caso un estudiante de un doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según confirma la embajada de Chile en territorio mexicano.

La versión del propio Laurence, de acuerdo con la declaración que rindió acompañado del cónsul y un abogado de oficio, es que ese día se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución en su bicicleta, cuando vio llegar gente corriendo (que escapaba de la persecución policial), pero su bici le impidió abrirse paso entre la muchedumbre y fue alcanzado por los uniformados, que antes de mediar palabra los golpearon “en circunstancias irregulares” y los sumaron a la lista de detenidos. 

El chileno se encuentra recluido e incomunicado en la SEIDO, en la unidad de delitos terroristas de competencia federal, acusado de terrorismo, tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva, según ha compartido con la prensa Mercedes Rojas, doctorante en Historia del Arte en la UNAM, quien figura como familiar de su compatriota.

Su compatriota explicó que esto podría significar para el chileno la deportación o, en el peor de los casos, el cumplimiento de una condena por los delitos “falsamente imputados y de los cuales no existe ninguna prueba”.

Más irregularidades

Hasta el momento, el proceso que se les sigue a los 11 manifestantes detenidos se destaca por las anomalías y violaciones a sus derechos humanos, según señalan organismos especializados en esta materia; ya que no han tenido acceso a un abogado de su elección, y hasta ahora, su defensa está a cargo de abogados de oficio, sin que las autoridades expliquen los motivos para negar el acceso a una defensa de su confianza, entre otras irregularidades.

Así lo denunciaron en conferencia de prensa dominical más de 90 organizaciones, que señalan que hubo una serie de irregularidades en el proceso contra las personas detenidas, y entre las más graves se encuentra el hecho de que fueron trasladados a penales de máxima seguridad (al de Villa Aldama, Veracruz; y al de Tepic, Nayarit) sin previa notificación a los familiares ni a las organizaciones que han seguido el caso. 

Por otro lado, los organismos que encabezaron esa conferencia con los medios (como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Cencos, Fundar, Francisco Cerezo, Red de Todos los Derechos para Todos y la Comisión de Enlace de la Asamblea Posgrado UNAM), acusan este tipo de acciones del gobierno como un intento para “inhibir la protesta social, la quiere criminalizar, pretende generar miedo para que los jóvenes y la sociedad no vayan a las manifestaciones”.

¿Y la CNDH?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que recién renovó su dirigencia el pasado 16 de noviembre, envió visitadores médicos y abogados a los penales federales en los que se encuentran los detenidos, para entrevistarse con ellos y verificar sus condiciones de internamiento y de salud, además de supervisar que se permita el acceso a la visita de sus familiares y abogados.

Sobre los acontecimientos de la manifestación del 20 de noviembre, el organismo reitera que la marcha tuvo dos expresiones: una de tipo pacífica, valiosa y significativa, con gran cantidad de participantes; y otra de carácter violento, la cual reprueba, ya que no es éste el camino del reclamo legítimo para reclamar al Estado mexicano la investigación del paradero de los jóvenes normalistas.

La CNDH señala que no debe haber precipitación en calificar los hechos, con el fin de no enturbiar más la situación, al tiempo que da a conocer que espera los informes finales de sus visitadores desplegados durante la marcha, para realizar un balance puntual de los hechos ocurridos.

¿Tú confías en que los jóvenes serán tratados con justicia para probar su inocencio o culpabilidad? ¿Crees que se encontrará a los responsables de los normalistas desaparecidos?

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