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CCE apoya acciones del gobierno

Empresarios expresaron su apoyo al gobierno federal y fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

16-06-2010, 7:45:35 AM
16 de junio de 2010

Tras varios años de activa participación del Ejército y la Armada de México en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, se han logrado detener y desmantelar a numerosas bandas de delincuentes en diversas zonas del territorio nacional, lo cual celebramos y respaldamos plenamente.

Las acciones emprendidas por el Gobierno Federal encaminadas a restablecer la seguridad y el Estado de Derecho, van por el camino correcto y merecen el reconocimiento y respaldo de la sociedad.

Sabíamos que este proceso no sería fácil y traería aparejadas reacciones violentas por parte de las organizaciones criminales, que se resisten a perder sus cotos de poder ante los elevados ingresos económicos que les generan sus operaciones al margen de la ley.

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran, estamos convencidos de que no debe haber marcha atrás en esta lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, que atentan contra las formas más esenciales de convivencia de la sociedad y trastocan el flujo normal de nuestras vidas y actividades.

Bajo sus diversas formas de expresión, la ilegalidad, el crimen organizado y la impunidad, limitan el progreso nacional y constituyen un obstáculo para el sano desempeño y la prosperidad del país.

Es por ello que consideramos fundamental que, además del respaldo a la intervención de las fuerzas militares que gozan del aval del Presidente de la República, al amparo de la Constitución, se revise con seriedad y responsabilidad el marco legal que norma su participación, de tal forma que su labor este plenamente resguardada.

En opinión del CCE, debe apoyarse la labor castrense con un marco legal que otorgue a las fuerzas armadas la certidumbre y facultades claras y suficientes para el mejor desarrollo de su actividad, evitando al mismo tiempo obstáculos que pudieran constituirse en un freno al verdadero objetivo de su intervención, que es el restablecimiento de la seguridad, el orden y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

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